El Gobierno sumó en las últimas semanas duras críticas desde asociaciones de familiares y amigos de víctimas del atentado contra la AMIA. Se cuestiona que el Ejecutivo se quede con la custodia de información de inteligencia del atentado y creen que el Juicio en Ausencia que promueve el oficialismo puede clausurar las investigaciones. En conjunto, estas iniciativas esconden para algunos familiares la intención de proteger a las personas responsables del encubrimiento del atentado.

Los planteos incluyeron la presentación de un escrito de Memoria Activa, con duros cuestionamientos al Gobierno, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La asociación de familiares impulsa este caso con el patrocinio legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ya lograron decisiones que obligaron a que el Estado asuma su responsabilidad en la desastrosa investigación del atentado. Además, este miércoles hubo una dura reunión entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y las asociaciones Apemia y 18J. Allí, le exigieron la renuncia del radical Mario Cimadevilla a la Unidad Especial AMIA, una secretaría de Estado creada para facilitar el trabajo de la Justicia en la causa.

Como trasfondo de esta puja está la figura del agente de inteligencia retirado Antonio Stiuso. Porque en el centro de las críticas de los familiares está la decisión de sacar de la órbita del Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal AMIA el control de tres archivos secretos sobre la causa, que han estado por años bajo el control del hombre fuerte de la inteligencia argentina. El día del paro, el Gobierno publicó un decreto sobre gestión de archivos de la ex SIDE en la causa AMIA. El dato más importante es que la norma transfiere el control de los depósitos documentales a la Unidad AMIA de Cimadevilla.

Tras el decreto, un grupo de trabajo especial de la Unidad Fiscal AMIA no pudo ingresar a los depósitos de la SIDE y despertó el alerta. Finalmente, lograron acceder tras idas y vueltas. También se había hecho presente en el lugar personal de la Unidad AMIA y del Ministerio de Modernización, que asesora a la secretaría de Cimadevilla en el plan de digitalizar todos los expedientes y la contratación de un software especial.

Según pudo saber PERFIL, este lunes habrá una reunión clave entre los integrantes de la unidad fiscal, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Allí se definirá cómo será el futuro trabajo sobre los tres depósitos “descubiertos” cuando el kirchnerismo, en plena pelea con un sector de la ex SIDE tras la muerte de Alberto Nisman, decidió desclasificar este material para las partes del caso (no el público en general).

Se creó entonces una unidad especial, dependiente de la Unidad Fiscal AMIA, que hasta la fecha restauró y puso a disposición de las partes numerosos documentos. Este proceso, por ejemplo, ofreció pistas que llevaron a encontrar esquirlas extraídas del cuerpo de las víctimas que –22 años después–permitieron realizar un estudio forense que confirmó el uso de una camioneta Trafic para el atentado. Los reemplazantes de Nisman también lograron identificar la víctima número 85 y preparan medidas forenses que podrían confirmar o desechar la hipótesis de un atacante suicida.

Una coincidencia sugerente

La polémica por los archivos coincide con un giro de 180 grados de los representantes del Estado en el juicio por el encubrimiento del atentado. La instrucción, que despertó rechazos, fue diferenciar al Gobierno de los querellantes y alinearla con la de los acusados durante un testimonio clave de Claudio Lifschitz, un ex empleado del juzgado de Juan José Galeano que en su momento destapó el pago de 400 mil dólares al de-sarmador de autos Carlos Telleldín.

Dos abogados del Gobierno denunciaron presiones y renunciaron tras una escandalosa audiencia donde se disputaron el micrófono con otro representante del Ministerio de Justicia. Tras el escándalo, Lifschitz denunció frente al tribunal responsabilidades de la SIDE en el encubrimiento. El empleado fue llevado al juzgado por el ex comisario Jorge Palacios. El juicio está en su etapa final de testimonios, previa a los alegatos. El tribunal no confirmó fechas, pero se espera que llegue en las próximas semanas el turno de Stiuso y las dos agentes responsables de los archivos en disputa. Para algunos familiares, no hay coincidencias, y todo apunta a proteger el trabajo de la SIDE en la causa.

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