Ali Akbar Salehi, director general de la agencia nuclear iraní, aseguró el domingo que su país “podría producir uranio enriquecido al 20% en cuatro días”. Fue una advertencia destinada a la comunidad internacional y al gobierno de Donald Trump. El funcionario a cargo del proyecto nuclear persa es un viejo conocido por el kirchnerismo.

Salehi nació en 1949 en la ciudad central de Karbala, Irak. Hasta la revolución islámica de 1979, el lugar era considerado uno de los principales centros de estudios islámicos en Medio Oriente.

Hijo de una familia árabe chiíta, de pequeño se mudó a Irán, para luego formarse como físico en la Universidad Americana de Beirut, Líbano.

Años más tarde, viajaría a los Estados Unidos donde finalizaría sus estudios de doctorado en ingeniería nuclear, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), una de las casas de estudio más prestigiosas del mundo.

“Pertenece a la segunda generación de políticos iraníes, gente que se formó en Occidente”, explicó a Infobae el doctor Raz Zimmt, especialista en Irán por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel-Aviv, Israel.

A diferencia de otros integrantes del poder persa, Salehi comenzó como académico y después se convirtió en político. Según Zimmt, este es un rasgo característico y distintivo de los recientes gobiernos en Irán.

Uno de los primeros cargos diplomáticos que ocupó fue el de representante iraní ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde se perfeccionó en el arte de la negociación y aceitó sus contactos occidentales. Sin embargo, su ascenso más importante se dio bajo el amparo del presidente Mahmud Ahmadinejad, entre 2005 y 2013.

Fue elegido en 2009 como subjefe de la agencia de energía atómica, cargo político en un período signado por una radicalización en la posición bélica frente a la comunidad internacional y la aceleración del plan nuclear con las centrífugas en la central de Bushehr operando a toda marcha.

En 2010, Ahmadinejad lo promovió como ministro de relaciones exteriores y fue en esa etapa que su cara se volvió conocida en América Latina, y sobre todo, en la Argentina gobernada por Cristina Elisabet Kirchner.

El negociador de la impunidad

A puertas cerradas y en conversaciones secretas, funcionarios kirchneristas recibieron la orden de iniciar un acercamiento con el gobierno de Irán, país responsable según la justicia argentina –y la mayor parte de Occidente– de perpetrar el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, a través de la organización terrorista Hezbollah. 107 personas fueron asesinadas y más de 500 resultaron heridas en ambos ataques.

Tras una serie de viajes ocultos, al menos dos a Siria, el canciller Héctor Timerman sentó las bases para un acuerdo con Irán. La firma del llamado Memorándum de Entendimiento se realizó en 2013, en Addis Abeba, Etiopía. Argentina era representada por Timerman e Irán por su canciller, nada menos que Ali Akbar Salehi.

Según este instrumento jurídico conjunto, los dos países se comprometían a investigar y analizar las pruebas que presuntamente involucraban a varios funcionarios persas con la autoría material e intelectual del atentado. Algunos de ellos aún buscados bajo circulares rojas por la policía internacional (INTERPOL).

“Después de casi 19 años del peor atentado terrorista sufrido por la Argentina, los principales sospechosos podrán ser indagados”, aseguró un triunfante Timerman tras la firma del acuerdo.

“La investigación sobre la causa AMIA ha sido y es una de las prioridades del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que desde que era senadora nacional integró las comisiones respectivas siendo una de las personas más activas en el tema”, agregó.

Dos años más tarde, tanto Fernández de Kirchner como Timerman están siendo investigados en los tribunales federales de la Argentina porque se sospecha que con ese tratado intentaron encubrir el ataque terrorista a la mutual.

El desempeño de Salehi pareció rendir frutos. Tras el fin de la presidencia de Ahmadinejad y la asunción del “reformista” Hassan Rouhani, el ingeniero nuclear devenido en político siguió en funciones y regresó a la central atómica de Irán, esta vez como su director general. “Rouhani lo nombró por su experiencia”, aclaró el doctor Zimmt.

Salehi fue una de las figuras principales durante las negociaciones por el acuerdo nuclear de 2015 entre las seis potencias (EEUU, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia y China) e Irán.

El “Plan de Acción Conjunto y Completo” consistía en la reducción del programa nuclear iraní, limitando su utilización para fines pacíficos. Implicaba un compromiso a no desarrollar ni adquirir armamento nuclear. A cambio, se levantarían todas las sanciones que pesaban sobre el país medio oriental. Sin embargo, la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos trajo con ella un cambio de 180 grados en la política exterior.

Durante un discurso realizado el 13 de octubre, Trump mencionó su voluntad de descertificar el pacto nuclear, aludiendo que Teherán “no está a la altura del espíritu del acuerdo”. “No continuaremos por el camino cuya conclusión predecible es más violencia, más terror y la amenaza de la ruptura (del acuerdo) nuclear de Irán”, agregó.

La respuesta no tardó en llegar y Salehi fue el mensajero. “Podemos producir uranio enriquecido al 20% en cuatro días pero no deseamos colapsar el acuerdo nuclear”, advirtió durante una conferencia de prensa conjunta junto a Yukiya Amano, director general de la OIEA. Por su parte, Amano fue decisivo y el lunes afirmó que “Irán está cumpliendo todas sus obligaciones”.

Consultado por el futuro iraní, el académico Raz Zimmt sostuvo que el país persa se encamina hacia el armamento nuclear. “Sobre el tema nuclear no hay grandes diferencias entre las distintas corrientes políticas de Irán. Es una política de estado iniciada en los 80 bajo iniciativa del líder supremo Roullah Jomeini”.

La justicia argentina define por estos días el destino de los funcionarios y allegados al gobierno kirchnerista como resultado del presunto encubrimiento generado a partir del memorándum firmado con Irán.

Alberto Nisman, el fiscal que denunció este “complot criminal” encabezado por la mandataria argentina, fue asesinado en enero de 2015, cuatro días más tarde y horas antes de presentar sus pruebas ante una comisión del congreso de la Nación.

Vía Infobae – Damián Pachter

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