A poco de despertarse, ayer, Lagomarsino escuchó llorar a su mamá.

Fue la señal más contundente que recibió el experto informático acerca de que el extenso letargo en que se había hundido la investigación por la muerte del fiscal Nisman acababa de terminar.

La primera reacción fue lógica: la defensa de Lagomarsino corrió a Comodoro Py a presentar un pedido de eximición de prisión. Es el estudio de Maximiliano Rusconi, uno de los abogados estrella del poder, que se especializa en vender tiempo.

Rusconi está representando ahora a Julio De Vido, pero se ha topado una y otra vez contra los muros cuando pidió postergar el juicio del ex superministro K por la tragedia de Once, luego eximirlo de prisión por el desfalco en Río Turbio y más tarde apeló cada uno de los reveses que su estrategia de prorrogar, extender, posponer, viene sufriendo.

En el caso de Lagomarsino, la idea fue anticiparse a una sugestiva frase del fiscal Taiano que pidió tomar “los recaudos necesarios” contra el experto informático deslizando que podría “entorpecer la investigación”. Llevada al empedrado, la frase significa que habría que detenerlo.

Fue una tarde vertiginosa: el pedido de excarcelación de los abogados casi se chocó con la orden del juez Ercolini de ponerle a Lagomarsino una tobillera electrónica con GPS para controlarlo hasta el martes, cuando lo tenga frente a frente en su despacho.

¿Qué cambió para volver a zamarrear las fichas inmóviles del caso, al punto de que el juez volviera a decretar un secreto del sumario que sólo suele darse cuando se incorpora nueva prueba?

Ayer fue el día uno en que la enigmática muerte del fiscal Alberto Nisman fue investigada como un asesinato.

La pericia de Gendarmería -hecha por 28 expertos en distintas disciplinas- habló de homicidio y el fiscal podía hacer tres cosas: desestimarla, ampliarla a otras opiniones o convalidarla.

Eligió esta última opción -llamó “trascendental” al trabajo hecho por esta junta interdisciplinaria- y entonces la averiguación de muerte pasó a ser, en su consideración, un homicidio formal, hecho y derecho.

Es lo que dicen los peritos que sucedió aquel 18 de enero de 2015, cuando apenas transcurrían un par de horas del domingo, en el piso 13 de las torres Le Parc. Que hace ya 1.025 días a Nisman lo golpearon, lo drogaron y lo ejecutaron en el baño.

Paradoja brutal y lógica de hierro: el caso avanza porque vuelve al principio.

La estrategia del estudio de Rusconi para Lagomarsino también fue la de ganar todo el tiempo que pudieran. Casi logran, incluso, que la causa se quedara en la justicia ordinaria, donde tenía ya puesto un rótulo inamovible de suicidio.

Salió de ahí por obra y gracia de la querella, que fue empujando el expediente hacia la justicia federal, a pesar de las empecinadas maniobras de los jueces de Justicia Legítima que se aferraban a la causa para negar una y otra vez que la muerte de Nisman pudiera estar relacionada al menos remotamente con su función de fiscal. Un capricho ideológico que dio vergüenza ajena.

Independientemente de esa estrategia curiosa (Lagomarsino quedó pegado a la posición más ultrakirchnerista del caso, aunque Cristina dijera hace dos semanas que el sospechoso era un “furioso opositor” a su gobierno), la cuestión central es que Lagomarsino sólo quedaba afuera del círculo más comprometedor sobre la muerte si se probaba el suicidio.

Cada paso en dirección al asesinato lo atraparía más. Es exactamente lo que está pasando ahora.

Él siempre lo supo, y por eso empeñó toda su energía inicial primero a que se cerrara el caso rápidamente como un suicidio y luego al juego eterno de las chicanas

Autor: hector Gambini para Clarín

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