En medio de los agitados días de enfrentamiento del Gobierno con el violento grupo mapuche RAM o los tristes recuerdos de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel, un grupo de juristas encomendados por el gobierno de Mauricio Macri consensuó los lineamientos centrales de uno de los temas más innovadores para la historia de la legislación argentina: la aplicación del delito de terrorismo en el futuro Código Penal.

En uno de los salones del Ministerio de Justicia, la Comisión de juristas encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal avanzó el miércoles pasado en lo que será el “Título XIV” del proyecto de ley a presentar en marzo del año que viene. Se trata de una capítulo destinado a tipificar el delito de terrorismo y agravar las penas de prisión que oscilarán dentro del tercio superior de la escala, a los casos en los que haya odio racial, político, religioso o discriminación en actos calificados de “terrorismo”.

Actualmente, el acto terrorista está penado mediante un agravante genérico del artículo 41 del Código Penal. Tampoco hay demasiada legislación respecto a los actos que atenten contra la paz social.

“No hay que temer a este debate y encuadrar de una vez por todas la legislación argentina a lo que ocurre en el mundo y en el país”, explicó a Infobae Mariano Borinsky, el camarista y presidente de la comisión especial que desde hace casi un año se dedica, por orden del presidente Macri, a reformular un nuevo Código Penal.

Borinsky aclaró que no sólo se pensó en los atentados recientes del grupo mapuche RAM sino también en el terrorismo mundial que dos veces atacó la Argentina y que afecta hoy a muchos países.

El miércoles pasado se dio un avance clave en lo que será la jurisprudencia argentina y en la comisión de redacción del futuro Código Penal se acordó tipificar el delito de terrorismo, elevar a las penas de prisión a más de 20 años a aquellas personas que “en asociación ilícita alteren la paz social” y cuando por “odio racial o religioso con armas de fuego se aterrorice a la población”.

Para dar racionalidad y proporcionalidad al sistema y evitar la interpretación que ha llevado a que la mayor parte de las condenas que se aplican correspondan al mínimo previsto para cada delito, la Comisión determinó qué conductas serán especialmente penadas. “La nueva regla de política criminal para determinar la pena reduce el ámbito de arbitrariedad de los jueces, y obliga a que la condena se determine dentro del tercio superior correspondiente a la escala de cada delito”, sostuvieron en el texto borrador de la comisión al que accedió Infobae.

Además de los casos en los que haya odio racial, político, religioso o discriminación, también corresponderá el agravante en los casos de “vulnerabilidad de las víctimas, si estas son niños o ancianos, ante la pluralidad de intervinientes, por la participación de menores, o cuando se haga uso de armas o de explosivos”.

¿Podría estar incluido el grupo RAM u otras organizaciones violentas que atenten contra el Estado en este nuevo esquema legal? La respuesta afirmativa llega de parte del resultado de la misma comisión: “Se fijará el delito de terrorismo cuando haya hechos que subvierten el orden institucional, alteren la paz social y provoquen temor en la población”.

Según Borisnky, la idea del nuevo Código Penal es brindar “mayor seguridad jurídica, modernizar la legislación argentina y evitar nuevas modalidades de ataque contra el Estado”. Para este reconocido camarista, la norma acordada que será incorporada en el Título XIV del nuevo Código Penal es una suerte de “espejo de los intereses actuales que plantea la sociedad”.

En rigor, la intención de fondo es modificar todo el Código Penal que data de 1921 para adaptarlo a las nuevas realidades criminales del mundo actual. Infobae ya publicó una serie de notas con las diferentes innovaciones jurídicas que se trabajaron todo este año para el futuro Código Penal. Es que al entender de los miembros de la comisión reformadora las nuevas modalidades delictivas no están contempladas en la jurisprudencia actual de la Argentina.

Hay otro fragmento de la reforma al Código Penal que también resultará novedosa: la extradición o captura de una persona involucrada en un delito de terrorismo no será elemento alguno para prescribir una causa.

En el marco de la ronda de presentaciones que la Comisión hace en todo el país, Borinsky presentó la semana pasada la reforma del Código en el Instituto Superior de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

En esa ocasión, el Camarista de la Casación Penal estuvo acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista Carlos Alberto Mahiques y el senador Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

En su presentación Borinsky remarcó que el Código “es un nuevo contrato social, que refleja los intereses fundamentales de la sociedad argentina, 18 comisiones no pudieron lograrlo y estamos trabajando en un intento de unificar 100 años de reformas y de creación de leyes especiales en un único digesto, posible, lógico, moderno, acordado y con penas de cumplimiento efectivo”.

Bajo la supervisión del ministro de Justicia Germán Garavano y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la comisión encargada de redactar el proyecto del nuevo Código Penal ya desplegó un amplio listado de temas por legislar a futuro que van desde nuevas normas para delitos al medio ambiente, hasta regulación de temas genéticos, la violencia en el deporte, nuevas figuras en delitos de lesa humanidad, cibernética, delitos de tránsito y ciencia, entre otros rubros.

Además de Borinsky, la Comisión de reforma del Código Penal está integrada González Guerra; por el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura Víctor María Vélez; el procurador general de Salta Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer. También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, entre otros. El presidente Macri sueña con poder dejar el legado de un Código Penal novedoso y vanguardista para la Argentina. Después de las elecciones el gobierno se abocará de lleno a darle impulso a esta ambiciosa propuesta.

Según expresó a Infobae Nicolás Dapena, un especialista en temas de terrorismo internacional que trabajó en informes de Naciones Unidas sobre uso de armas químicas en Siria, “la legislación domestica argentina vigente, mas allá de las Convenciones Internacionales a las que ha adherido nuestro país, penaliza solamente dos de los tres elementos que componen el fenómeno terrorista, que son el acto terrorista, la organización terrorista y el financiamiento del terrorismo”.

Así, el acto terrorista esta penado mediante un agravante genérico del artículo 41 del Código Penal y la financiación del terrorismo se encuentra contemplada en el artículo 306 del mismo Código.

Para Dapena “se deben establecer los tipos penales específicos de reclutamiento, adoctrinamiento y propaganda terrorista, de manera tal de encontrar el equilibrio entre el respeto al derecho a la libre expresión, y la vocación de impedir la propagación y el fortalecimiento de los objetivos terroristas”.

Parte de estas consideraciones y muchas otras fueron tenidas en cuenta por los juristas que participan en la comisión redactora del nuevo Código Penal y que avanzaron en la tipificación renovada del terrorismo con penas mucho más agravadas.

Fuente: Infobae.com- Escrito por Martín Dinatale

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