Desde la ONG “Bajo la Lupa” que preside Margarita Stolbizer, se realizó una presentación ante la Jefatura de Gabinete porque consideran que nuevamente, como desde 1994 en adelante, “tenemos la sensación de estar presenciando la mentira”. Finalizan diciendo “No sabemos si es falta de pericia, si es encubrimiento, si es poco apego a la verdad o desprecio por la justicia”. Lo cierto es que las víctimas de AMIA, toda la sociedad argentina, otra vez nos alejamos de alguna certeza y nos expusimos nuevamente ante la comunidad internacional que podrá señalarnos haber incumplido con nuestro compromiso con la verdad.  Las víctimas podrían iniciar causas contra el Estado por abandono de las competencias específicas que señalaba la Resolución 84, y hasta podríamos ser acusados de un nuevo encubrimiento al encubrimiento.

 Resumen de la Presentación ante Jefatura de Gabinete 

Lamentablemente, en las últimas semanas tuvimos que vernos una vez más con la duda acerca de por qué el Estado argentino incumple su rol, denegando de ese modo la justicia para las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA. Una vez más nos ponemos a pensar si, en definitiva, no se trata nuevamente de una maniobra para el encubrimiento.

El atentado contra toda la sociedad argentina ocurrido el 18 de julio de 1994 se perpetró contra la AMIA y aún hoy seguimos esperando respuestas y justicia.

Muchos de nosotros nos escandalizamos con las maniobras de Galeano, el primer  Juez de la causa: delito de peculado, coacción, privación ilegal de la libertad, entre muchos otros. Sin embargo, ninguno de estos delitos podría haberse llevado a cabo sin la participación activa de los fiscales federales Dres. Mullen y Barbaccia.

Once años después, en 2005, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por encubrimiento de los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El encubrimiento debía ser reparado a través del compromiso indubitable del Estado con la verdad y la justicia.

Como consecuencia de ello se creó la Unidad Fiscal AMIA –conducida por el Dr. Alberto Nisman- y se la designó como titular de la acción penal. Y también se creó la Unidad Especial de Investigación bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, para realizar una tarea de apoyo y cooperación con aquella. En tanto tramitaba el juicio, la sociedad argentina en general y las víctimas de AMIA en particular fueron ultrajadas una y otra vez, como si no nos hubiese alcanzado con las maniobras delictivas y dilaciones de Galeano, el papelón del memorándum de entendimiento, la muerte irresuelta de Nisman. Todos los elementos de prueba recogidos fueron contundentes respecto de las responsabilidades compartidas que correspondían a los imputados. Esa fue la convicción con que llegó al tiempo de los alegatos el Ministerio Público Fiscal y sobre ella construyó su acusación. En el mismo sentido habían ido los abogados de la Unidad AMIA que participaron del proceso: todos debían ser acusados.

Sin embargo, apenas horas antes del turno para el correspondiente alegato, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos decide avocarse a la cuestión relevando al equipo de profesionales y designando en su reemplazo a un abogado afectado por una incompatibilidad insalvables que ya mereció la sanción de su apartamiento. Y fue éste el responsable, por las directivas recibidas, para excluir de la acusación a los fiscales para quienes pidió su absolución, a contramano de la Procuración con quien debía colaborar. Se desconoció el trabajo que la Unidad Especial de Investigación del atentado terrorista había hecho. Se despreciaron las pruebas por ellos evaluadas y valoradas y, sin justificación alguna, promovieron una exención de responsabilidad a los Fiscales Mullen y Barbaccia, sin los cuales los delitos de encubrimiento iniciales no podrían haberse llevado a cabo.

Una vez más, como desde 1994 en adelante, tenemos la sensación de estar presenciando la mentira. No sabemos si es falta de pericia, si es encubrimiento, si es poco apego a la verdad o desprecio por la justicia. Lo cierto es que las víctimas de AMIA, toda la sociedad argentina, otra vez nos alejamos de alguna certeza y nos expusimos nuevamente ante la comunidad internacional que podrá señalarnos haber incumplido con nuestro compromiso con la verdad.  Las víctimas podrían iniciar causas contra el Estado por abandono de las competencias específicas que señalaba la Resolución 84, y hasta podríamos ser acusados de un nuevo encubrimiento al encubrimiento.

Por este motivo, la Asociación Civil “Bajo la Lupa” envió una Nota al Sr. Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hoy está en sus manos dar lugar a la racionalidad, la división de poderes y la verdad.

La ONG “BAJO LA LUPA” es integrada por Stolbizer como Presidenta, la abogada Silvina Martinez, Evangelina Gutkin, Silvana Arruti y el ex Diputado Omar Duclós, y ya fue presentada ante la inspección General de la Justicia

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