Hace minutos finalizó el alegato de la querella unificada de AMIA_DAIA y estos son los pedidos de penas y las palabras finales del alegato en la audiencia que se realizó hoy, ante el Tribunal Federal Nº 2, en el marco del llamado “juicio por  encubrimiento”.

Estos son los términos de la solicitud de condenas y absoluciones que realizó el abogado Gabriel Camiser:

“Solicitamos que se condene a Juan José Galeano, como autor de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y prevaricato; delitos, que concurren en forma ideal entre sí, a la pena de tres años de prisión, e inhabilitación especial por el período de seis años para ejercer cargos públicos,

A Carlos Saúl Menem, como autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que concurre formalmente con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de pruebas; delitos estos últimos que concurren en forma ideal entre sí, respecto de los cuales Menem deberá responder como instigador, a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial por ocho años para ejercer cargos públicos.

 A Hugo Alfredo Anzorreguy, como partícipe necesario del delito de encubrimiento; que, a su vez, concurre en forma ideal con los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en carácter de autor, a la pena de tres años de prisión, inhabilitación especial por el período de seis años para ejercer cargos públicos.

 A Juan Carlos Anchezar, como partícipe necesario del delito de encubrimiento; que, a su vez, concurre en forma ideal con los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en carácter de autor, a la pena de tres años de prisión, inhabilitación especial por el período de seis años para ejercer cargos públicos

 A Carlos Antonio Castañeda, como partícipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, que concurre en forma ideal con los delitos de abuso de autoridad y violación de los medios de prueba, respecto de los cuales deberá responder en carácter de autor, a la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial por el período de seis años para ejercer cargos públicos.

A Jorge Alberto Palacios, como partícipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, que concurre en forma ideal con el delito de abuso de autoridad, respecto del cual deberá responder en carácter de autor, a la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial por el período de seis años para ejercer cargos públicos.

Finalmente, solicitaremos la absolución de Patricio Miguel Finnen, Víctor Alejandro Stinfale, Carlos Alberto Telleldín y Ana María Boragni, por el delito por el cual les fue requerido juicio.

Para finalizar, Excelentísimo Tribunal, tal como dije al comienzo de este alegato, vuelvo a manifestar que todo su contenido ha respondido a expresas instrucciones de mis mandantes, la AMIA y la DAIA. Resta simplemente, hacer conocer al Tribunal la postura institucional de quien fue, nada menos, el blanco elegido por los terroristas para llevar adelante su ataque despiadado con los resultados de muerte y destrucción ya conocidos.

Esta postura institucional no es de hoy, no es antojadiza, no responde a ninguna coyuntura ni a ningún interés político, sino que, por el contrario, es la postura que con coherencia, las instituciones han venido manteniendo a los largo de los años.

Pues bien, señores jueces, las instituciones siempre se opusieron a esa versión revisionista de esta historia según la cual toda la causa AMIA fue un armado arquitectónico, y luego de más de dos años de juicio oral, tenemos hoy la certeza de que esa conspiración no existió.

Las instituciones fueron atacadas cuando se opusieron a la nulidad de 2004, y vaya si las atacaron cuando se opusieron al pacto con Irán de 2013.

En el primer caso tuvieron que recurrir hasta llegar a la Corte Suprema, en absoluta soledad, y lograron que la nulidad del TOF 3 fuera, al menos en gran medida, dejada sin efecto.

 Dijo la Corte, que la investigación respecto de Telleldín y su posible participación en el atentado en calidad de partícipe debía ser convalidada. Y gracias a ese fallo es que hoy, nueve años después, aguardamos que el TOF 3 vuelva a enjuiciar al nombrado.

 En el 2013, las instituciones también siguieron el mismo camino: el de la legalidad, el del respeto a las instituciones de la democracia. Presentaron un recurso de amparo, y luego de un largo camino, sufriendo virulentos ataques del PEN, lograron que el Memorándum con Irán fuera declarado inconstitucional.

Por eso, señores jueces, sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos perfectamente que además de luchar por el esclarecimiento del atentado, debemos luchar con sectores que han preferido, una y otra vez, desviar la atención de lo que verdadera y esencialmente importa: saber quiénes y por qué pusieron la bomba, y quiénes los ayudaron.

Las conclusiones al respecto están en la causa principal.

Los años siguientes sólo confirmaron, y en algunos casos profundizaron esas conclusiones. Hoy se trata de líneas de investigación absolutamente firmes y consolidadas con prueba judicial, avaladas por la comunidad internacional a través de Interpol, que mantiene vigentes los pertinentes pedidos de captura internacional. Sin embargo, en la causa AMIA principal, sigue reinando la impunidad.

Es necesario empezar a romper de una vez por todas con ese círculo vicioso de impunidad, que lo único que hace es dilapidar los logros de la investigación, sembrar confusión e instalar la idea de que en la causa AMIA “nunca hubo nada” y de que “estamos a fojas cero”, como se dijo cuando se intentó justificar la firma del pacto con Irán.

Vivimos en una democracia ya afianzada, pero uno de los pilares republicanos, la justicia independiente,  sigue en deuda con la sociedad, y la causa AMIA es el ejemplo más paradigmático y doloroso.

Esperamos del tribunal, en definitiva, que falle conforme las pruebas que han sido presentadas; que no dude en dictar condenas cuando las pruebas así lo exijan; pero que tampoco dude en dictar absoluciones para aquellos casos en los que el principio de inocencia no ha sido derribado”.

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