Las graves denuncias contra la Presidenta y el canciller

 La denuncia del fiscal que investiga el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman es de una gravedad inédita y requiere que la Justicia actúe con absoluta independencia y responsabilidad, además de celeridad.

Nisman ha reclamado que la jefa del Estado y su ministro de Relaciones Exteriores sean indagados por la Justicia tras haberlos acusado de pretender encubrir y «fabricar la inocencia» de funcionarios iraníes a quienes se les imputa su participación en el atentado contra la mutual judía que se produjo hace más de 20 años y causó 85 muertes. También pidió que se cite para prestar declaración indagatoria al diputado kirchnerista Andrés «Cuervo» Larroque; al dirigente piquetero Luis D’Elía; al conductor de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; al ex juez de instrucción que prestó tareas para la Secretaría de Inteligencia Héctor Yrimía y a un agente de inteligencia de identidad reservada.

La acusación se sustenta en escuchas telefónicas, a partir de las cuales surgieron indicios de que la primera mandataria argentina hablaba con un agente de la ex SIDE de su confianza o con el diputado Larroque, y que éstos ponían en conocimiento de lo dispuesto por la Presidenta a Esteche y a D’Elía, al tiempo que este último se lo comunicaba al referente iraní Jorge Khalil, quien a su vez llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires y uno de los prófugos de la justicia argentina por el atentado contra la AMIA.

Según Nisman, una «confabulación criminal» fue «decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman». Ese plan contemplaba, de acuerdo con la denuncia del fiscal, «fabricar la inocencia» de los funcionarios iraníes acusados por la voladura del edificio de la entidad judía, montando una pista falsa para que se les imputara el atentado a grupos «fachos locales». A cambio de eso, se suscribirían acuerdos de cooperación comercial supuestamente beneficiosos para la Argentina, que incluirían la compra de petróleo y la venta de granos a Irán.

El plan se activó, de acuerdo con la denuncia del fiscal, en enero de 2011, cuando Timerman viajó a Siria y «se reunió en secreto con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos Estados».

El tan cuestionable Memorándum de Entendimiento suscripto por los gobiernos de Irán y la Argentina habría sido el segundo capítulo de aquel plan, aunque según Nisman no llegó a plasmarse -el Parlamento iraní nunca lo aprobó, a diferencia del Congreso argentino merced a la mayoría kirchnerista- porque no se dieron de baja las circulares rojas que pesan sobre los acusados iraníes, quienes tienen órdenes de captura de Interpol.

En la mañana de ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, una vez más, sin medir que del ridículo es muy difícil volver, atribuyó la denuncia a un «complot» entre «un sector de la Justicia», agentes desplazados recientemente de la ex SIDE y «grupos de inteligencia internacionales», al tiempo que habló de «una estrategia de carácter corporativa de algunos miembros del Poder Judicial con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos», con una «clara actitud golpista».

Más tarde, el canciller Timerman acusó a Nisman de «mentir», de «investigar clandestinamente» a la Presidenta y de «montar un show mediático». Asimismo, recordó que Cristina Kirchner, desde su época de legisladora, «trabajó en forma permanente por el esclarecimiento» del caso AMIA.

Lo cierto, sin embargo, es que durante los veinte años transcurridos desde el atentado -en 12 de los cuales gobernó el kirchnerismo-, las ilusiones acerca de una justa condena a sus responsables se han eclipsado. El hecho de que a cargo de la causa se encuentre un juez tan sospechado de parcialidad, como Rodolfo Canicoba Corral, deja menor margen aún para la esperanza. Y por si esto fuera poco, el vergonzoso memorándum con Irán se proponía privar a nuestra Justicia de sus facultades de instrucción y afectar su independencia, tal como lo ha sostenido un fallo de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que el año pasado lo declaró inconstitucional. Esa sentencia indica que la fórmula acordada con Irán provocaría una «dilación indefinida» del proceso, al tiempo que la Comisión de la Verdad propiciada se asemejaba a una «comisión especial» como las que expresamente prohíbe la Constitución Nacional.

Es de esperar que las gravísimas denuncias efectuadas ahora por el fiscal Nisman no terminen, como los atentados sufridos por los argentinos en 1992 y en 1994, cubiertos por un nuevo manto de impunidad que impida una responsable investigación judicial.

Fuente: La Nación (Editorial)

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