Un grupo de intelectuales y académicos de diferentes vertientes políticas instó ayer al Gobierno a convocar a una «Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA» bajo la premisa de que opere con plena independencia y capacidad de actuación y que cuente con los recursos necesarios para efectuar su tarea.
Sustentados en la experiencia de la Conadep, que investigó los casos de violación de los derechos humanos de la dictadura, esta vez los firmantes del documento sostienen que la conformación de esta comisión responde «a un mecanismo imprescindible para abordar un ejemplo emblemático de impunidad que está horadando la democracia argentina, pues pone en entredicho y deslegitima a instituciones del Estado, así como a partidos y dirigencia política».
Entre los firmantes de este petitorio al Gobierno figuran: Víctor Abramovich, Carlos H. Acuña, Eduardo Anguita, León Carlos Arslanian, Abraham Gak, Roberto Gargarella, Luis Moreno Ocampo, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo y Juan Gabriel Tokatlian.
El documento señala también que, «a 21 años del mayor ataque terrorista padecido por el país, la Argentina se debe a sí misma el pleno esclarecimiento de la causa AMIA». Inmediatamente aclaran que «en esta hora, el sistema judicial debe funcionar con profesionalismo, celeridad, transparencia y efectividad en todo lo que hace a la investigación sobre el deceso del fiscal Alberto Nisman».
En diálogo con LA NACION, Tokatlian expresó: «Los firmantes estamos convencidos de que la conformación y accionar de una comisión como la propuesta constituye una valiosa oportunidad tanto para avanzar en el esclarecimiento del atentado como para dar una señal sobre aquellas cuestiones que demandan miradas y compromisos que trasciendan las disputas y legítimos desacuerdos del día a día de la lucha política».
Con la eventual conformación de esta comisión los firmantes aclararon que no se trata de sustituir a fiscales y jueces, sino de evaluar en forma independiente las pistas, indicios y líneas de investigación que fue siguiendo la Justicia; de sopesar las pruebas fácticas que se han ido recogiendo; de ponderar la labor judicial realizada y la del ministerio público, y proponer cursos de acción institucional para revertir el estado de impunidad en el que ha quedado el atentado de 1994.
«Es fundamental establecer los objetivos, alcances y funciones de la Comisión propuesta de tal forma que sus resultados y conclusiones aseguren, entre otras, el fortalecimiento y mejoramiento del accionar judicial, de los servicios de inteligencia y del sistema político», expresó el documento difundido ayer por los intelectuales.
Para Tokatlian, «éste no es un tiempo de proclamas vacías y recriminaciones autocomplacientes, sino de una coyuntura que exige iniciativas que coloquen en el centro la superación de una impunidad inadmisible».
Fuente: La Nación
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