Un tribunal israelí condenó a una española por trabajar para una organización terrorista

Una mujer española recibió una sentencia de 13 meses en una prisión israelí y multa de 16.000 dólares por trabajar para una organización terrorista.

Se trata de Juana Ruiz Sánchez Rishmawi, ciudadana española casada con un palestino, quien trabajó para los Comités de Trabajo de Salud desde 1993. El ejército israelí emitió una orden en enero de 2020 declarando ilegal al grupo. Rishmawi fue arrestada poco después.

Las autoridades israelíes acusaron a los Comités de Trabajo de Salud de transferir millones en fondos de los gobiernos europeos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). El grupo sin fines de lucro, que niega la acusación, dice que busca promover el acceso de los palestinos a la atención médica.

Técnicamente, a Rishmawi la condenaron por brindar servicios a su empleador ahora prohibido, así como por traer dinero ilegalmente a Cisjordania. Como muchos palestinos en los tribunales israelíes, Rishmawi decidió negociar un acuerdo con los fiscales militares.

“Aunque [la ciudadana española] sospechaba que la organización terrorista para la que trabajaba y recaudaba grandes sumas estaba afiliada al PFLP, continuó allí. Siguió trabajando después de que el grupo fuera prohibido por un decreto legal”, manifestó el juez militar, Eti Adar, en su sentencia.

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El FPLP tiene como objetivo la destrucción de Israel. Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, entre otros, clasifican a la facción como grupo terrorista. Además, es responsable de numerosos ataques contra soldados y civiles israelíes, incluida una masacre en 2014 en una sinagoga de Jerusalén que dejó 8 muertos.

A finales de octubre, el ministro de Defensa, Benny Gantz, firmó las órdenes que declaran a otros seis grupos prominentes de la sociedad civil palestina como grupos terroristas, en esencia, frentes del FPLP. Las organizaciones incluyen grupos como Al-Haq, Addameer y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.

La declaración de Gantz también provocó un aluvión de condenas por parte de la comunidad internacional y grupos de derechos. Desde entonces, las autoridades israelíes duplicaron los cargos, y un alto funcionario dijo a los periodistas que la evidencia era «férrea».

Sin embargo, la comunidad internacional se mostró crítica con la decisión. La Unión Europea, por su parte, aseveró: «Las acusaciones anteriores sobre el uso indebido de fondos de la UE en relación con ciertos socios palestinos [de la sociedad civil] no se fundamentaron».

La cancillería israelí, proclamó el acuerdo de culpabilidad de Ruiz como prueba de que el FPLP «operó una red de organizaciones ‘humanitarias’ para recaudar fondos para el terrorismo. Toda la comunidad internacional debe trabajar con Israel para evitar que las organizaciones terroristas utilicen el barniz de la cobertura civil».

Vía The Times of Israel