La firma del memorándum entre la Argentina e Irán y mantener vivo ese acuerdo fue una de las principales preocupaciones del Gobierno, que lo defendió en el Congreso, lo sostuvo ante la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU y lo defendió en la Justicia.
Era este acuerdo el que estaba en la base de la denuncia por encubrimiento contra Cristina Kirchner que presentó cuatro días antes de su misteriosa muerte el fiscal Alberto Nisman, al entender que el acuerdo facilitaba la impunidad de la causa AMIA y que se dejara sin castigo a los sospechosos iraníes de volar el edificio de Pasteur 633 en 1994, donde murieron 85 personas.
Nisman era uno de los mas enérgicos detractores del acuerdo. Entendía que enterraba su trabajo de 15 años dedicados a reunir pruebas contra los iraníes con pedido de captura por el ataque.
El pacto marcó un vuelco en la política exterior argentina, que de buscar una condena para Irán pasó a negociar en secreto con Teherán los términos de un acuerdo que, para un amplio sector de la comunidad judía, implicaba cerrar el caso sin culpables. Por eso la AMIA y la DAIA se presentaron ante la Justicia para declararlo inconstitucional.
Justamente la firma del acuerdo entre la Argentina e Irán es una de las bases de la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por encubrimiento. Su idea era que la Argentina acordó con Irán cerrar el caso AMIA sin condenar a los ex funcionarios iraníes acusados de planificar el ataque y a cambio obtener beneficios comerciales.
Para avalarla presentó escuchas telefónicas de supuestos agentes iraníes y ex funcionarios que, enterados del acuerdo, se entusiasmaban con su concreción.
Pero su hipótesis fue enterrada por los fallos del juez federal Daniel Rafecas, confirmado por los de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero de la Cámara Federal y respaldado por el dictamen del fiscal de Casación Javier de Luca, que le quitó entidad. Los magistrados entendieron que no correspondía investigar la denuncia, que quedó archivada.
Esa sucesión de sentencias que Nisman no vio, porque apareció con un balazo en la cabeza cuatro días después de denunciar a la Presidenta, le cerraron al menos hasta el fin de su mandado el frente judicial al Gobierno.
La pelea para mantener vivo el acuerdo con Irán se la puso al hombro el canciller Héctor Timerman. El fallecido periodista José «Pepe» Eliaschev había denunciado la existencia del pacto y fue desmentido, pero la historia le dio la razón. Cuando se anunció el acuerdo, Timerman lo explicó ante la comunidad judía. Con tibieza la DAIA le dio un apoyo inicial, aunque con muchas dudas, que rápidamente se transformaron en oposición. La AMIA se opuso.
Timerman defendió allí el convenio y se fue del edificio de la mutual judía lleno de objeciones que le plantearon la dirigencia comunitaria y las víctimas.
El kirchnerismo lo presentó en el Congreso, pues una de las claves de su puesta en vigor era que fuera aprobado por el Parlamento de ambos países.
Diputados y senadores kirchneristas lo defendieron, algunos con la nariz tapada, y lo aprobaron merced a la mayoría del Gobierno en ambas cámaras. Pero los iraníes no hicieron lo propio y el pacto no avanzó.
Cristina Kirchner defendió ante la Asamblea de la ONU el pacto con Irán en tres ocasiones. La última fue en septiembre, cuando lo comparó con el tratado que el gobierno de Barack Obama había firmado con Teherán.
La clave del pacto es un artículo que advierte sobre la posibilidad de que las circulares rojas de Interpol -mediante las que se notifica la orden de captura internacional de los iraníes sospechosos del ataque- sean dejadas sin efecto. Esto ocurriría si es que efectivamente prestaran declaración, pues la detención es a lo fines de su indagatoria.
A su vez, el otro tema controvertido es la posibilidad de que una Comisión de la Verdad inspeccione las pruebas contra Irán y audite la investigación, lo que implica una intromisión en la jurisdicción de la justicia argentina para decidir sobre la investigación del atentado de 1994.
Fuente: La Nación
Autor: Hernan Capiello