Atentado a la AMIA: el placebo de una falsa sensación de justicia

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Se cumplen 25 años del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), segundo ataque que ha sufrido la República Argentina ya que en 1992 las víctimas fueron en la Embajada de Israel ubicada en este país. Con estos atentados se deja atrás la idea que América Latina era inmune al terrorismo del radicalismo islámico.

De una forma “técnica” se podría decir que el ataque contra la sede de la Embajada se trataría de un acto político contra la representación de un Estado considerado enemigo, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Sin embargo, en el atentado contra la sede de la AMIA se comprendió que el objetivo de los terroristas no era una acción de “resistencia”, sino un vil acto de antisemitismo de la más baja calaña que incluía asesinar ciudadanos judíos sin importar su nacionalidad.

En este caso, el grupo acusado de los hechos es la organización islamista Hezbolá, que tiene como sede el Líbano y actúan bajo el paraguas de ser un movimiento político y militar, respaldados por el abrigo de la República Islámica de Irán y de una ideología y visión purista del islam chiita llevada a la acción a través de ataques terroristas contra enemigos.

Sin embargo, está claro que no se trata sencillamente de un grupo que lucha a favor de un movimiento religioso y sus valores supremos para acercar a las personas a lo divino; es irónico por cuanto Hezbolá significa literalmente (Partido de Dios), y debe quedar claro a todos los lectores que pese a lo que algunos quieren vender como una verdad absoluta, el radicalismo no tiene religión, sino que simplemente la espiritualidad se convierte en la mampara que justificaría acciones criminales como las ejecutadas contra la República Argentina.

La agrupación chiita Hezbolá finalmente es un grupo criminal que se ha institucionalizado a través de portillos legales existentes en el Líbano, lo cual les ha dado la posibilidad de trabajar desde distintos frentes, tanto como una guerrilla paramilitar que no ha querido desmovilizarse pese a los acuerdos de Taif de finales de los años 80 y principios de los 90, así como un grupo integrado en las filas de listas políticas con espacios en el parlamento libanés, lo cual impide tacharlos únicamente como un “grupo terrorista”, aunque sus actos revelan que efectivamente muchas de sus participaciones tienen el sello de terrorismo impregnados con sangre.

Con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina las comunidades judías de América Latina entraron en la lista de posibles objetivos de los grupos radicales, así la Argentina se transformó en víctima y objetivo declarado de organizaciones similares al Hezbolá libanés, quienes obedecen además a la agenda política de un régimen como el iraní, quienes en este caso han amenazado con golpear objetivos israelíes y judíos en diferentes lugares del mundo.

Es importante mencionar por supuesto que la AMIA no ha sido el único acto de terror que esta agrupación chiita libanesa ha ejecutado en una región alejada de su “zona natural”, sino que han participado en secuestros de aviones y atentados terroristas en países europeos y de Oriente Próximo, tanto contra objetivos diplomáticos (políticos) como contra población civil en viles ataques.

Quizás lo que marca la diferencia con respecto a los atentados en la República Argentina ha sido la impunidad institucional con la que se ha tratado, teniendo actores que se han atrevido, en nombre de las víctimas y sus familiares, a tomar decisiones políticas para ocultar información y no llevar ante la justicia a los verdaderos responsables, participando en ocasiones en el vulgar juego del régimen iraní quienes fueron los autores intelectuales de dichos actos y que se burlan con sus manifestaciones de los hechos queriendo ocultar su participación a través del desvío de atención.

Para agravar la situación con respecto al atentado y las reacciones desde el gobierno argentino, se firmó un memorando de entendimiento en el año 2013 que fue firmado en Addis Abeba (Etiopía) por el entonces canciller argentino Héctor Timerman y el ministro de relaciones exteriores iraní Alí Akbar Salehí, durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde los iraníes se comprometían a resolver las diferencias con respecto a los atentados, a través de una comisión denominada “Comisión de la Verdad” que se encargaría de sacar a la luz a través de investigaciones quiénes fueron los verdaderos responsables del acto.

Esta firma fue otra bofetada en la cara de los familiares de las víctimas que buscan justicia, mientras que para los asesinados fue un escupitajo en sus memorias, no por nada una de las manifestaciones más importantes contra este acto del gobierno kirchnerista fue manifestado en conjunto por las principales instituciones judías donde dejaban en manifiesto que:

“…La conformación de una Comisión de la Verdad que no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal implicaría una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que se llegó en la investigación judicial, y que dieron lugar a los pedidos de captura de Interpol, no son «la verdad»…”

Al convertir la comisión investigadora en una comisión bajo la tutela de un bureau político, han transformado el caso AMIA en un laberinto de trabas asociadas a los intereses de grupos de presión y de actores que tal parece buscan solamente contaminar más la escena con situaciones alternas para sacar del camino las verdaderas causas del atentado y la participación de contactos a lo interno del país que habrían dado las facilidades al grupo terrorista para colocar los explosivos contra la sede judía.

Y si lo anterior no fuera suficiente, en el año 2015 el fiscal Alberto Nisman denunció a la presidenta argentina por encubrir la causa y buscar que los acusados iraníes tuvieran un portillo abierto para seguir prófugos de la justicia y librarse de ser capturados por Interpol y llevados ante un tribunal en Argentina. Junto a la presidenta Fernández se denunció al canciller Timerman, al diputado Larroque y al activista político Luis D’Elía como cómplices de encubrimiento.

El 19 de enero de 2015 estaba pactado que Nisman se presentara ante el Congreso argentino para mostrar las pruebas de esta participación política del gobierno de Cristina, sin embargo, el día anterior a su comparecencia fue encontrado muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, lo que se ha calificado por algunos como un homicidio para evitar la presentación de pruebas que inculparían a los mencionados anteriormente. Algunos señalarían a Nisman como la víctima número 86 del atentado terrorista contra la AMIA.

Qué lamentable es para una sociedad que no se pueda conmemorar la vida de aquellos que murieron, descansando relativamente tranquilos que al menos el gobierno del país ha hecho hasta lo imposible por resolver el caso y llevar a los culpables ante la justicia, cómo es que se puede asesinar una y otra vez a las víctimas a través de repudiables actos políticos que tienen como finalidad encubrir que hubo una compleja y enorme participación de actores, no solo en el acto mismo del atentado, sino en los actos posteriores de encubrimiento y de investigación para llevar a quienes corresponde a los tribunales.

La responsabilidad, por supuesto, pesa sobre los actores extranjeros que planearon y ejecutaron los atentados contra la AMIA; directamente como se ha señalado desde hace un cuarto de siglo, la República Islámica de Irán y su “caballo de batallas”, Hezbolá, pero la participación interna preocupa, porque cuando la impunidad está institucionalizada el precedente es lo suficientemente negativo para creer que si algo así volviera a ocurrir (Jas veshalom) no se hará lo suficiente por resolverlo a favor de las víctimas, sino que se procurará “barrer” el asunto y “meterlo bajo la alfombra” de un vil secretismo cómplice y casi criminal.

 

Por Bryan Acuña

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