Un informe de NGO Monitor revela que las marchas pro palestina las financia una compleja red de donantes extranjeros y actores estatales.
Las protestas que comenzaron el 7 de octubre de 2023 tuvieron importantes efectos desestabilizadores en el Reino Unido. Exacerbaron la polarización política y social, provocando un aumento exponencial de los actos de antisemitismo, incitación, discriminación y violencia. Gran parte de este odio se ha dirigido contra la comunidad judía del país.
Los medios presentaron las protestas como espontáneas y de base. En realidad, están organizadas profesionalmente y forman parte de una red global de defensa de derechos bien financiada y coordinada.
El informe presenta un mapeo estructurado de 40 importantes protestas y campañas de movilización posteriores al 7 de octubre en el Reino Unido y detalla las organizaciones y los individuos identificados como actores recurrentes en la coordinación, la promoción, la financiación y las actividades relacionadas.
Al menos 11 de las 40 organizaciones tienen vínculos con organizaciones extremistas y/o cuentan con funcionarios que se han reunido o cooperado con actores extremistas, incluido el régimen iraní y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hamás, Hezbollah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y los Hermanos Musulmanes.
Existe una importante superposición de liderazgo entre los seis grupos coordinadores principales. Por ejemplo, Jeremy Corbyn es vicepresidente de la Campaña por el Desarme Nuclear, vicepresidente adjunto de la Coalición Alto a la Guerra y patrocinador de la Campaña de Solidaridad con Palestina. Se desconoce la financiación de su grupo, el Foro Popular del Reino Unido.
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Dirigirse a la juventud británica es una actividad fundamental. Por ejemplo, Amnistía Internacional Reino Unido lleva a cabo un programa de activismo anti israelí que capacita a cientos de jóvenes británicos en derechos de protesta, comunicación con los medios y estrategia de campaña. Amigos de Al-Aqsa también hace hincapié en la movilización juvenil para que participe activamente en la defensa de Palestina.
Gran parte de la red de protestas posterior al 7 de octubre opera en un entorno caótico y sin transparencia. De las 40 organizaciones, 10 son organizaciones benéficas, 8 son empresas, 9 son entidades híbridas y 13 operan al margen de cualquier marco regulatorio formal del Reino Unido, a pesar de recaudar fondos significativos del público.
Millones de libras esterlinas están fluyendo hacia la red de protestas en el Reino Unido tras el 7 de octubre a través de membresías y donaciones, incluyendo redes de financiación transnacionales mediante particulares, fundaciones, organizaciones político-religiosas extremistas, criptomonedas y plataformas de activismo global. Sin embargo, según indica NGO Monitor, debido al secretismo que rodea a gran parte de la red, no es posible identificar completamente las fuentes ni las cantidades de dinero proporcionadas a estas organizaciones, ni se conocen públicamente las sumas totales gastadas en las manifestaciones.
19 de estas organizaciones reciben financiación del gobierno británico, ya sea a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) o mediante donaciones con desgravación fiscal. Al menos 11 reciben financiación pública de países como Estados Unidos, Bélgica, la Comisión Europea, Irlanda, Noruega, Escocia, Suecia y Suiza.
Fundaciones progresistas con sede en Estados Unidos y grupos activistas de extrema izquierda, como Open Society Foundation, Action Network, Cultures of Resistance y el Rockefeller Brothers Fund, están proporcionando una financiación y un apoyo organizativo significativos, facilitando donaciones y participando en las protestas.
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Al menos dos organizaciones, CAGE y Palestine Action, están recaudando fondos mediante criptomonedas. Esto resulta sumamente preocupante dadas las conexiones de CAGE con actores extremistas y la ilegalización de Palestine Action. El 15 de junio de 2026, el Tribunal de Apelación confirmó la ilegalización, al considerar que Palestine Action «promueve abiertamente la violencia ilícita que constituye terrorismo».
Al parecer, la normativa vigente en el Reino Unido es insuficiente para abordar el déficit de transparencia y las implicaciones políticas y la desestabilización de la sociedad británica generadas por estas campañas.
Entre las cuestiones clave se encuentran si los regímenes de divulgación de información vigentes de la Comisión de Beneficencia y del Registro Mercantil son suficientes; y si se requiere un nuevo enfoque para las organizaciones que están vinculadas a redes extremistas, recaudan fondos públicos sustanciales para sus actividades, pero que aparentemente no operan bajo ninguna estructura formal.
El gobierno del Reino Unido debería examinar más detenidamente la financiación extranjera a las redes de defensa de intereses nacionales y si los mecanismos actuales, como las regulaciones de supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) y el Plan de Registro de Influencia Extranjera, son suficientes para abordar las deficiencias en materia de transparencia.
Vía NGO Monitor