AMIA: el pacto con Irán fue espurio de origen. Por Horacio Minotti

El 8 de marzo de 2013, apenas una semana después que el Poder Ejecutivo promulgara como ley el “Memorandum de Entendimiento” con Irán, varios letrados bajo la conducción del diputado porteño del PRO Daniel Lipovetzky, solicitamos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del pacto que conducía irremediablemente a la impunidad de los acusados por la voladura de la AMIA.

Es que dicho pacto estaba viciado ab initio, de ilegalidad y de sospechas. Por cierto, no contábamos con la información que llevó al fiscal Alberto Nisman a imputar a la Presidenta de la Nación y a otro grupo de sus colaboradores cercanos, pero del análisis jurídico del Memorandum, de la forma en que se lo sancionó en el Congreso y de la premura del Ejecutivo, surgía evidente que se trataba de un “perdón”, de la consagración de la impunidad y por cierto, todo ello no podía ser gratuito.

Dijimos en aquel escrito hace casi dos años que “un ‘Memorandum de Entendimiento’, para establecer una ‘Comisión de la Verdad’ con un país que al menos, debe ser considerado sospechoso de promover y/o autorizar y/o encubrir una masacre de tales dimensiones contra nuestro país, teniendo especialmente en cuenta, que entre los imputados con solicitud de captura internacional a Interpol se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa iraní” y que “dicha Comisión viola abierta y expresamente el transcripto artículo 109, en tanto que si los miembros de la misma son designados por el Ejecutivo, ¿qué otra cosa puede implicar que el arrogarse por parte del Presidente de la Nación, el conocimiento de una causa pendiente? Especialmente cuando el mismo Memorandum otorga a la Comisión funciones claramente jurisdiccionales, como lo son analizar pruebas, tomar declaración (o “interrogar” como lo llama)…surge así, y sin acudir a mayor abundamiento, una evidente y flagrante violación a los derechos constitucionales, y a sus principios más básicos”.

Lo había anticipado justamente Lipovetzky en este mismo medio, en su artículo del 15 de febrero de 2013 (“La insólita rendición ante Irán”), cuando el Congreso aceleraba los tiempos para sancionar el espurio acuerdo: “Cada vez más evidente heredero del menemismo, el kirchnerismo pretende con esta “comisión” establecer un “paraguas de justicia” sobre la cuestión AMIA, para desarrollar su relación con Irán al margen del atentado, de las vidas sesgadas, de la brutal y traicionera agresión”.

Yo mismo, también en Infobae, pocos días antes, en el artículo titulado “El desconocimiento de la Justicia como Poder del Estado”, expresé que: “De tal modo, la ‘comisión’ estaría compuesta por funcionarios de un país agredido y otros de un país agresor o al menos encubridor de la agresión que costó casi un centenar de vidas. Es una ‘comisión’ al menos curiosa, que permite a los iraníes juzgarse a sí mismos, después de las muestras de dudosa voluntad exhibidas todos estos años”.

Ahora el fiscal federal a cargo de la investigación de la voladura de la mutual AMIA, dice tener elementos probatorios de la existencia de un acuerdo comercial paralelo con Irán, para garantizar el intercambio de petróleo y granos, que para ser efectivizado, requería la “solución del problema político”, es decir, dejar de la lado la determinación judicial de responsabilidades por el brutal y artero ataque a nuestro país. No carece de lógica, lo explicaba Lipovetzky en el mismo artículo referido: “Sin embargo, la Argentina históricamente se condujo de forma poco convencional respecto al “país agresor”. De hecho, las relaciones políticas jamás se interrumpieron y las comerciales se fueron incrementando año a año. Desde el advenimiento del kirchnerismo esta relación de intensificó y la búsqueda de Justicia por el homicidio masivo en la AMIA fue puesta en un segundo plano”.

La verdad y la justicia no pueden esperar más tiempo. La causa por el homicidio de 80 personas en la mutual AMIA, no deja lugar a pactos a espaldas del pueblo para garantizar los intereses políticos del sector gobernante. Se encuentra hoy paralizada, porque los imputados y citados a declaración indagatoria, no se presentan a cumplir con su deber legal, protegidos por el régimen iraní con el que el gobierno argentino intentó pactar. Cuando se trata de delitos de lesa humanidad, hay ciertos principios jurídicos que no rigen, por ejemplo el instituto de la prescripción. En casos como el de la AMIA, al que nadie puede negarle ese carácter, la ley debería establecer un mecanismo para seguir adelante con la investigación “en ausencia” de los acusados.

Otras aberraciones, como la voladura a la fábrica militar de Rio Tercero o el tráfico de armas que incentivó la guerra de dos países hermanos como Ecuador y Perú siguen pendientes en la Justicia. No más ocultamientos, no más acuerdos a espaldas del pueblo, no más impunidad. Las instituciones no pueden seguir degradándose. Un futuro mejor requiere claridad y vigencia de la ley, no encubrimiento.

Por Horacio Minotti. Es abogado constitucionalista. Coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Autor del libro La fiesta de la oligocracia. Director ejecutivo de la Organización de Estudios Sociales y Políticos (OESYP). Presidente de la Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución (APDC)

Fuente: Infobae

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