De lo contrario, y siguiendo la posible interpretación de los denunciantes, se podrían abrir diligencias al propio fiscal Khan, de la Corte Penal Internacional, por sus manifestaciones recientes donde expresa que “para las actuaciones presentadas por la CPI las pruebas disponibles no alcanzan el umbral necesario para formular cargos por genocidio”.
Las opiniones de Pilar Rahola al respecto pueden gustar más o menos, pueden ser interpretadas por unos como mensajes odiosos y por otros como mensajes razonables, pero está fuera de duda que disentir con la campaña que afirma “Israel genocida” es un derecho de libertad de expresión y opinión protegido por los estándares del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son altos y rigurosos; y, claro, acusarla con presumibles afirmaciones que faltan a la realidad de los hechos solo puede ser interpretado como una acción de naturaleza antisemita.
Por cierto, aún esperamos una actuación de oficio sobre esas campañas de “Israel genocida”, calificativo que no se ha llegado ni siquiera a aplicar a Alemania en referencia al Holocausto.
Señalar a Israel es señalar a todo un país, más allá de un gobierno; es señalar a sus trabajadores, jueces, diputados, estudiantes y policías; es a todo el país a quien se criminaliza, y tiene consecuencias discriminatorias en España, como es el caso de ciudadanos israelíes en nuestro país que son turistas, deportistas, trabajadores o estudiantes y que sufren estigmatización, hostilidad, odio y violencia.
Libertad de expresión y debate público
Ni siquiera la CPI o la CIJ, que están sobre el tema, van más allá de imputar a un primer ministro y a dos miembros más del Gobierno de Israel, al igual que a los tres máximos dirigentes de Hamas, de los que no se habla, por crímenes de guerra y contra la humanidad.
Las expresiones que dañan a todo un pueblo incurren en un daño colectivo. Ni se debe decir Palestina terrorista ni tampoco se ha de decir Israel genocida.
Finalmente, no podemos descartar que esta denuncia sea un intento de silenciar la opinión creciente de sectores de la sociedad que interpretan que no existe un genocidio en Gaza, un disenso social señalado de “cómplice de genocidio”, como ya apuntó el controvertido acto del denominado Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español (TPCGP-25), un tribunal de opinión/señalamiento impulsado por la UCM-Red Complutense por Palestina, cuyo objetivo fue denunciar la colaboración institucional y empresarial española. Todo muy relacionado con las campañas de boicot. Y que, si tiene carácter de tribunal de excepción, debemos recordar su prohibición constitucional.
Transformar la expresión de opiniones polémicas o críticas en un acto de complicidad con un genocidio, no acreditado por resolución judicial alguna, opiniones que no dañan la dignidad humana ni las condiciones de seguridad existencial de los colectivos objeto del mensaje, supone un auténtico ataque a las libertades de opinión y de expresión por las que tanto hemos luchado los demócratas en todo el mundo frente a los regímenes autoritarios, dictatoriales y totalitarios, sean fascistas, comunistas o integristas.
Las opiniones y valoraciones realizadas por Pilar Rahola se inscriben en un debate político, mediático, social y jurídico abierto, con pluralidad interpretativa sobre la naturaleza de unos hechos, en el marco de una realidad internacional compleja.
A su vez, coinciden con muchos organismos jurídicos y políticos, y con una ciudadanía preocupada por la instauración de un intento inquisitorial vinculado al desarrollo de un estigma, hoy calificante y relativo de genocida, mañana de racista y, en paralelo, de fascista, junto con muchos otros calificativos que pretenden acabar con el disenso de la opinión dominante construida desde la propaganda ideológica.
La libertad de expresión, no confundir con libertad de agresión, constituye uno de los pilares esenciales de las sociedades democráticas, especialmente cuando se proyecta sobre asuntos de interés público o de relevancia política objeto de debate controvertido, salvo que haya quien se empeñe en ir alcanzando los umbrales de un retroceso significativo de las libertades, lo que sin duda requerirá volver a luchar por recuperarlas.
