Un triste nuevo aniversario. Por Marcos Arnoldo Grabivker

Un triste nuevo aniversario. Por Marcos Arnoldo Grabivker

Al cumplirse 27 años de la trágica voladura de la embajada del Estado de Israel en la Argentina, se imponen algunas reflexiones.
De manera lamentable, nuestro país fue pionero en el sufrimiento de acciones brutales de esta naturaleza.
Cabe recordar una vez más que, en términos generales, el mundo no tomó nota de esta masacre (ni de la que se produjo dos años después contra la AMIA y la DAIA). Fue recién con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, seguidos por los de Atocha y Heathrow, que las naciones conocidas como desarrolladas acusaron el impacto respecto de que el terrorismo fundamentalista no distingue a la hora de elegir a sus víctimas.

La ocasión también permite insistir en cuanto a que la irrupción de aquel salvaje fenómeno del modo descripto, es decir, sin distinción específica de países destinatarios, en los hechos ha cambiado la concepción que ha existido hasta ahora sobre qué es la guerra, cuándo comienza, quiénes son los actores intervinientes, cómo se participa en aquélla, cuáles son sus alcances y cómo se delimita el legítimo derecho de defensa ante la agresión (todo esto, entre otros elementos). Hasta el momento, no parecería haberse producido una consideración específica ni un “acuse de recibo” formal de este aspecto objetivo de la realidad fáctica (trascendente, por cierto), ni por parte del Derecho Internacional ni de los organismos supranacionales pertinentes; por lo menos, con el alcance y con la magnitud que por las circunstancias se imponen.

La realidad es permanentemente dinámica y cambiante. El Derecho va a la zaga de los hechos. Después de que éstos se producen, la ciencia jurídica debe reaccionar rápidamente; en efecto, debe reconocerlos, aprehenderlos y regularlos. En tanto y en cuanto el tiempo transcurre sin que esto suceda, se mantiene una situación que consiste en una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, que es (valga la redundancia) jurídicamente descalificable y hace que el Derecho se torne inoperante.
Esta posible inoperancia es grave, porque aun en situaciones extremas como la guerra, mediante el Derecho se debe regular la situación en sí y también las conductas de quienes participan en aquélla, pero con una visión verdadera de la realidad. Esto es consecuencia directa e inmediata de la muy antigua decisión de las sociedades civilizadas de delegar en los estados el monopolio del uso de la fuerza, como modo de dar fin a la mal llamada “justicia por mano propia”, que en verdad sólo consiste en la venganza.

En consecuencia, el verdadero desafío para quienes tienen a cargo la aplicación renovada del Derecho ante fenómenos nuevos e imprevistos, para los cuales hoy no existen caminos ni soluciones verdaderamente efectivas y eficientes, está en idear y lograr aplicar los nuevos caminos y soluciones, si bien siempre dentro del respeto de los Derechos Humanos, pero con imaginación y dejando de lado tabúes y mitos antiguos, que son propios de épocas pasadas y que hoy están fuera de la actualidad y carentes de vigencia real.

Precisamente, un enfoque actualizado de la realidad exige desplazar el centro de la protección de los Derechos Humanos hacia las víctimas de la delincuencia en general, y muy particularmente hacia las que lo han sido del terrorismo fundamentalista. En este orden de ideas, dentro de la acentuación de esta tutela se debe tender a la prevención de aquella barbarie porque, salvo los autores o partícipes de cualquier modo u orden de aquélla, todos los integrantes de las sociedades son víctimas potenciales de aquel salvajismo. De esta manera, si bien como se dijo antes, el Derecho va a la zaga de los hechos, sobre la base de las tristes y dolorosas experiencias existentes se debe fortalecer la prevención de la barbarie mencionada, como manera de anticipar a ésta y que el Derecho no llegue tarde cuando esto se puede evitar. Con este fin, la acción coordinada de los estados verdaderamente comprometidos con estos objetivos es esencial, aunque hayan tenido la fortuna de no ser destinatarios directos del fundamentalismo terrorista. Y muy especialmente, en este aspecto, las medidas concretas de represalias de distinto orden como las diplomáticas, comerciales y políticas dirigidas a los países cuyas autoridades directa o indirectamente alientan, apoyan, subvencionan o protegen el terrorismo fundamentalista es esencial. En este caso, quienes integran los gobiernos de las naciones civilizadas deben mostrar grandeza institucional y comportarse como estadistas, dejando de lado intereses particulares mezquinos y tendiendo un cerco político, diplomático y económico alrededor de los gobernantes, de las entidades y de los países que, de algún modo, más o menos sutil o directo, participen del terrorismo. Mucho más aún si existen evidencias o sospechas fundadas en cuanto a que han tenido alguna intervención en hechos concretos.

Ahora bien, producido un lamentable suceso de las características que se están comentando, llegó el momento en que mediante el Derecho se deben adoptar medidas concretas para la detección de los autores (en sentido amplio) del hecho, para la determinación de las responsabilidades y para la consecuente aplicación de sanciones. Para esto, se debe tomar especialmente en cuenta que tanto las personas físicas (o, incluso, jurídicas, o entidades) que son los autores o partícipes del hecho, como también los estados que de algún modo (por acción u omisión) hayan intervenido, son especialmente hábiles para eludir el alcance de la justicia.

En este orden de ideas, tanto en el caso de nuestro país como en el de otros, la implementación del juicio en ausencia sería un instrumento de excelente utilidad. En este sentido, cabe desterrar las falsas ideas o las voces (muchas veces intencionadas por conveniencias) que se oponen con anclaje en argumentos inexactos, vetustos y sobradamente desgastados, e incluso religiosos (en este caso, sólo sobre la base de interpretaciones aisladas o silogismos y no con apoyo en textos concretos).

En efecto, la actitud de quien se ausenta sustrayéndose voluntariamente del alcance de la justicia puede ser subsanada mediante el instituto mencionado (que se aplica con éxito en países civilizados), admitiéndose que, en caso de comparecer tardíamente, se anule la sentencia sólo respecto de quien aparece (pero manteniéndose la validez de la investigación o del juicio, con la salvedad mencionada), permitiéndose que ofrezca prueba y que controvierta la existente en su contra. Y, por cierto, con la asistencia pública oficial en todo momento, si no ha designado defensor particular.

El concepto se encuentra instalado en nuestro país y está plasmado en proyectos de leyes existentes en el Congreso Nacional. Cabe insistir con que aquéllos comiencen a ser objeto de debate con prontitud, evitándose que pierdan estado parlamentario, sin que se admita la excusa de que el presente se trata de un año electoral.

Mediante la adopción del juicio en ausencia en nuestro derecho positivo, si bien no se reparará el daño causado por el atentado contra la embajada del Estado de Israel, se permitiría que, en algún momento, por lo menos deje de mantenerse el oprobio que consiste en que las personas físicas que fueron responsables directa o indirectamente, inmediata o mediatamente, de aquella masacre, continúen transitando livianamente por el mundo, después de 27 años, haciendo gala de la impunidad con la que se protegen. Y que el reproche también alcance a el o los estados, entidades u organizaciones responsables. Sólo así se obtendría, por lo menos, alguna cercanía con el logro concreto de justicia.

 

Dr. Marcos Arnoldo Grabivker

Vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos

 

 

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