A través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno argentino presentó el proyecto de Juicio en Ausencia que busca juzgar a los libaneses e iraníes prófugos por el atentado a la AMIA.
El 18 de julio se cumplirán 30 años del ataque terrorista que dejó 85 muertos y 300 heridos.
La iniciativa incorpora al Código Procesal Penal la posibilidad de avanzar en los juicios por delitos graves, aún cuando los acusados no comparezcan ante el juez o el tribunal que lleven adelante el proceso. El procedimiento solo se aplicará a requerimiento del fiscal y para aquellos delitos aberrantes contemplados en el Estatuto de Roma y las convenciones para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, sobre Desaparición Forzada de Personas y sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
“En este proyecto, donde trabajaron varios colaboradores, el procedimiento que implementamos es justo y simple. Si el imputado no comparece o se fuga sigue el juicio sin su presencia y con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el autos del procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa. Se filma el juicio, se resguarda la prueba, tienen derecho a recurso, etc. Y la prueba no se pierde. Los testigos declaran, se colecta la información en plazo y la defensa puede confrontar la prueba. Al final del debate, se hacen los alegatos y se dicta la sentencia condenatoria o absolutoria”, explicó Cúneo Libarona tras una breve introducción.
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Además, Cúneo Libarona afirmó: “Se garantizan todos los derechos a todas las partes. Finalmente, se colecta la prueba, se reconstruye la verdad con la bondad y transparencia de un juicio oral y público. Las víctimas y la sociedad y la defensa asisten, lo observan, controlaron y ejercieron sus derechos. Se respeta también el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio. Se le provee al imputado un claro asesoramiento legal. No se vulnera el principio de inocencia. El imputado tiene defensa, derecho al recurso y no se destruye su estado de inocencia”.
Más adelante, el ministro de Justicia insistió en que la norma tiene por objeto “terminar con situaciones injustas, que le producen dolor a la víctima y no permiten la reconstrucción de lo sucedido”. Y completó: “Argentina no puede ser un país al margen de la ley. Bastante impunidad hay para quienes cometen delitos. Quienes cometen delitos deben ser juzgados. Se debe dar ejemplo. La Justicia tiene que ser idónea. Tenemos que tener una Justicia mejor, que le dé cada uno lo suyo y dé soluciones rápidas. El juez y el fiscal deben ser un orgullo. Se debe terminar con los juicio guardados en cajones”.
Por su parte, Bullrich manifestó que “este es un proyecto contra la impunidad y el memorándum con Irán que ya no existe más porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Era un pacto de impunidad, así que esto no es un cambio geopolítico sino una decisión de un gobierno que va a trabajar para que en la Argentina no haya más impunidad. Lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad”.
La ministra de Seguridad del Gobierno además aclaró que, si bien el proyecto hoy está direccionado a avanzar en el juzgamiento de los responsables por la voladura de la AMIA, espera que en los próximos años “también le caiga a narcotraficantes que se esconden con su plata, que viven defraudando al Estado”. “Esta es una ley que termina con la impunidad y genera justicia para todos aquellos que ven de lejos a los asesinos y sienten la impunidad de no poder responder. Haciendo esto es poner a todos en pie de igualdad, comenzando por los delitos más graves, que lesionan a un pueblo entero. Luego, quizás con el tiempo, en la práctica, avanzaremos en otros delitos. Este es un cambio profundo. Pone a nuestro Gobierno en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de Justicia”.
Vía La Nación