Israel se dispone a deportar por primera vez a ciudadanos condenados por terrorismo que reciben pagos de la Autoridad Palestina, anunciaron el miércoles el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe de la coalición, Ofir Katz.
En un comunicado conjunto, los funcionarios indicaron que cuatro personas se encuentran actualmente en etapas avanzadas del proceso de deportación, con procedimientos iniciados contra cientos más. No se identificaron a los cuatro.
El anuncio se produjo tras una reunión clasificada de un comité de la Knéset, a la que asistió previamente el ministro del Interior, Moshe Arbel, donde revisaron la implementación de una ley de febrero de 2023 que permite la revocación de la ciudadanía a terroristas condenados y su deportación.
“Los terroristas y sus simpatizantes que sean ciudadanos o residentes de Israel no recibirán ninguna recompensa por sus acciones”, declaró el ministro de Defensa, añadiendo que “quienes opten por el asesinato y el odio serán deportados y despojados de su ciudadanía”.
El líder de la coalición, Ofir Katz, calificó la medida de “momento histórico” y añadió: “En la lucha contra el terrorismo, no hay concesiones”.
Una fuente familiarizada con las discusiones mantenidas en la reunión de la Knéset declaró a Haaretz que el fiscal general adjunto, Gil Limon, indicó a los participantes que el fiscal general ha evaluado que los cuatro casos resistirán las impugnaciones ante el Tribunal Supremo.
El diputado Ofir Katz, presidente del Comite de la Camara de Representantes de la Kneset, dirige una audiencia el 12 de marzo de 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)
El comunicado conjunto señala que, tras dos años de retraso en la preparación de la implementación de la ley, esta semana el ministro de Defensa ordenó a los organismos pertinentes del sistema de seguridad que transmitieran al ministro del Interior los detalles necesarios para su aplicación inmediata.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, celebró el avance y afirmó en un comunicado que se trata de “un paso importante, justo y necesario”.
El ministro añadió que su partido, Otzma Yehudit, tampoco cejará en sus esfuerzos por legislar la pena de muerte para terroristas.
La práctica de la Autoridad Palestina de pagar indemnizaciones a los condenados por perpetrar atentados terroristas contra israelíes y a las familias de quienes murieron en dichos atentados ha sido criticada por incentivar el terrorismo, e Israel la ha presentado como un símbolo de la corrupción de la Autoridad Palestina y de su incapacidad para servir como socio para la paz, según Enlace Judío.
Los líderes palestinos han defendido durante mucho tiempo estos pagos, describiéndolos como una forma de bienestar social y una compensación necesaria para las víctimas de lo que, según ellos, es el insensible sistema de justicia militar israelí en Judea y Samaria.
La ley de deportación, una enmienda a la Ley de Ciudadanía de Israel de 1952, se aplica tanto a ciudadanos israelíes como a residentes permanentes encarcelados tras una condena por terrorismo, complicidad con el terrorismo, atentado contra la soberanía israelí, incitación a la guerra o ayuda al enemigo en tiempos de guerra.
La ley permite revocar la ciudadanía incluso si la persona no tiene otra ciudadanía, siempre que tenga residencia permanente fuera de Israel. Una vez revocada la ciudadanía, se le negaría la entrada a Israel.
Haaretz informó que quienes están sujetos a la ley también pueden ser expulsados a la Autoridad Palestina.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir (EFE/EPA/ABIR SULTAN) (archivo)
Bajo presión de la administración Trump, en febrero, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, firmó un decreto que pone fin a lo que sus críticos habían denominado el sistema de “pago por asesinato“. En lugar de condicionar las prestaciones sociales a los presos palestinos de seguridad a la duración de sus condenas en cárceles israelíes, el decreto estableció que las familias de los presos y los atacantes asesinados podrán optar a estipendios basados únicamente en sus necesidades económicas, como ocurre con otros palestinos.
En abril, la Autoridad Palestina invitó a la administración Trump a verificar la implementación del cambio.