Las organizaciones judías de España han salido en defensa de la reconocida periodista y escritora Pilar Rahola después de que la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona abriera un procedimiento preliminar tras una denuncia presentada por dos activistas que le arrojaron pintura durante una conferencia en 2024.
En octubre de 2024, activistas de la Organización de la Juventud Socialista de Cataluña (OJS) interrumpieron una de las charlas de Rahola y le arrojaron pintura roja en lo que, según ellos, fue una protesta contra el apoyo a las acciones de Israel en Gaza.
Los mismos dos activistas han presentado una denuncia alegando que algunas de las declaraciones públicas, artículos, discursos y publicaciones en redes sociales de Pilar Rahola podrían constituir discurso de odio contra los palestinos o incitar a la violencia en relación con presuntos crímenes en Gaza. En concreto, los activistas de la OJS la acusan de «actuar como colaboradora remunerada del régimen sionista y de estar directamente implicada en la comisión de genocidio por parte del Estado de Israel contra la población palestina».
También afirmaron que Rahola “promueve conscientemente un discurso de odio que deshumaniza a las víctimas y encubre a los perpetradores del genocidio, contribuyendo a la creación de un clima de hostilidad contra la población palestina”.
La OJS cita el artículo de Rahola en El Nacional en el que aceptaba la cita del filósofo francés Bernard-Henri Lévy cuando dijo que, en realidad, «si Israel hubiera querido llevar a cabo un genocidio, le habría llevado tres días y no tres años» cometerlo, y sus acusaciones contra la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, como ejemplos de su «complicidad en el genocidio«.
Los activistas argumentan que las acciones de Rahola contravienen los artículos 510 y 607 del Código Penal, relativos a la «incitación al odio y la complicidad con el genocidio«.
Como resultado, la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona abrió un procedimiento preliminar, lo que significa que está examinando la denuncia para decidir si tiene fundamento jurídico.
Fuente: J Post.