El lunes pasado, tras los alegatos y palabras finales del acusado, culminó el debate oral y público en el procedimiento que se le está siguiendo al juez federal de Mar del Plata Alfredo López cuya defensa técnica es ejercida por un abogado defensor de represores de la dictadura cívico-militar y por otro que participó de un alzamiento carapintada.
Asistí a tres de las cuatro jornadas del juicio y vengo siguiendo el caso desde su etapa de instrucción ante el Consejo de la Magistratura tras la denuncia efectuada por la DAIA y otras dos entidades públicas. Puedo asegurar que se respetaron todas las garantías del debido proceso y que el juez pudo ejercer ampliamente su legítimo derecho de defensa.
La acusación ante el Jury fue valientemente sostenida por el senador Luís Juez y el abogado Alberto Maques. Ahora es el turno que los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento pasen a deliberar antes de emitir el veredicto que decidirá la suerte del magistrado que en la red social X vertió en forma reiterada y sistemática expresiones de ostensible tinte antisemita. Para la destitución se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros, es decir, por lo menos cinco.
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En la última jornada del juicio se registraron episodios de amedrentamiento, uno de ellos efectuado por un violento y oscuro personaje, ex legislador porteño, que, previo al comienzo de la audiencia, increpó con inusitada virulencia al senador Juez y que, retirado de la sala por las fuerzas del orden, siguió profiriendo acusaciones, a los gritos, desde la vía pública.
Se supone que los miembros del jurado serán impermeables a las presiones que, tras el debate, se están haciendo en redes sociales en apoyo del juez López. Marginales, ciertamente peligrosos, que desde el anonimato se están manifestando bajo consignas amenazantes, retrógadas y chovinistas.
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No cabe ninguna duda que no debe haber un juez antisemita y prejuicioso que en la aldea digital vierta discursos de odio; claramente no tiene idoneidad moral. Pero las causales de mal desempeño están taxativamente enumeradas en la ley y los jurados deberán desentrañar si la conducta en la que incurrió el magistrado encuadra en alguna de ellas.
Lo sociedad toda debe entender la importancia del asunto. El Poder Judicial es el último reducto al que puede recurrir un ciudadano de a pie en defensa de sus derechos y contra los excesos y arbitrariedades de los poderes públicos. Un Juez de la Nación tiene un enorme poder y cuando lo ejerce de manera arbitraria o discriminatoria produce un daño enorme que amerita su apartamiento del cargo. Esperemos que se haga justicia.
Javier Indij es abogado. Integra la comisión de legales de la DAIA.