El fiscal general de la Causa AMIA, Alberto Nisman, denunció ante la Justicia a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el encubrimiento de los iraníes acusados por la fiscalía como autores ideológicos del atentado. Denunció una «diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente».
El escrito que consta de casi 300 páginas acusa no sólo a la presidente y al canciller, sino también al diputado Andrés Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, a Luis D’Elía y Fernando Esteche, al ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario iraní Jorge “Yussuf” Khalil, por ser «autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes» por el atentado terrorista contra la AMIA. Además, la acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nisman explica que el inicio de las relaciones se dan por el objetivo argentino de «acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas». «Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar “la inocencia de Irán”», remarca el escrito.
«El gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina», añade.
«La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente», señala el fiscal.
«El gobierno instaló y se valió de una diplomacia para-estatal, integrada –cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil. Estos canales para-estatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge “Yussuf” Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán. Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Moshen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólumne hasta la fecha. Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani», explica el escrito.
Fuente: Clarín
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