El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y dispondrá su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en una medida que tendrá impacto directo en el plano judicial, diplomático y de seguridad.
La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales, según pudo confirmar Infobae. Además, la medida fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.
La decisión del Gobierno argentino responde a un doble contexto: por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, que involucra enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel; y por otro, la historia reciente de Argentina, marcada por dos atentados terroristas que la Justicia local atribuyó a estructuras vinculadas al régimen iraní.
El antecedente central son los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, que dejaron más de un centenar de muertos y constituyen los mayores actos terroristas cometidos en el país. En ambos casos, la Justicia argentina avanzó en la identificación de responsabilidades que apuntan a altos funcionarios del régimen iraní y a la articulación operativa de Hezbolá, organización señalada como brazo ejecutor en el terreno.
Las investigaciones judiciales sostienen que la estructura de decisión y planificación se originó en las más altas esferas del poder iraní, con participación de organismos de seguridad y de inteligencia. En ese entramado, la Guardia Revolucionaria aparece como un actor clave en la proyección internacional del régimen.
Ese antecedente otorga a la decisión del Gobierno un componente específico: no se trata únicamente de un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos o Israel, sino de una medida que se vincula con causas judiciales abiertas en Argentina y con un reclamo histórico de justicia.
La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.
Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.
Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.
Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.
En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.
La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.
En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.