Las autoridades iraníes ejecutaron a Amir Ali Mirjafari, condenado a muerte por su participación en las protestas de enero y acusado de intentar incendiar la Gran Mezquita de Gholhak, en el norte de Teherán, así como de encabezar una célula vinculada al servicio de inteligencia israelí Mossad. Con él, el poder judicial iraní ha llevado a la horca a ocho personas en poco más de un mes por su papel en las manifestaciones que sacudieron el país a comienzos de año.
La agencia estatal Mizan, portavoz del poder judicial, informó que la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo antes de su ejecución. Según la misma fuente, Mirjafari habría confesado haber participado en los disturbios del 8 y 9 de enero, haber dañado mobiliario urbano —cabinas telefónicas, autobuses— y haber prendido fuego a motocicletas con botellas de gasolina en varios puntos de Teherán. Sin embargo, el sitio especializado IranWire señaló una contradicción reveladora: en ningún pasaje de las propias confesiones atribuidas a Mirjafari por Mizan aparece mención alguna a la mezquita Gholhak, pese a que esa acusación figura como cargo central en el comunicado oficial.
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La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, rechazó los cargos y advirtió que no dispone de información independiente sobre el caso ni sobre las circunstancias del arresto. “Al vincular sin fundamento su participación en las protestas de enero con Israel y Estados Unidos, la República Islámica continúa su estrategia de presentar la agitación civil interna como espionaje extranjero para acelerar las ejecuciones de manifestantes”, señaló la ONG en un comunicado. Amnistía Internacional, por su parte, lleva años documentando el uso sistemático de confesiones obtenidas bajo coacción o tortura en los tribunales iraníes, práctica que los grupos de derechos humanos consideran endémica en los procesos relacionados con la disidencia política.
El caso de Mirjafari se inscribe en un patrón consolidado. Desde el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022, el régimen iraní ha incrementado de forma sostenida el uso de la pena de muerte como instrumento de control político. En 2025, Irán ejecutó a 1.639 personas, un 68% más que el año anterior y la cifra más alta desde 1989, según el informe conjunto de IHR y la organización francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). El mismo informe documentó que en 2025 ejecutaron al menos a 48 mujeres, el número más elevado en más de dos décadas.
La presión internacional se intensificó el mismo martes. El presidente estadounidense Donald Trump pidió a Irán que liberara a ocho mujeres que, según afirmó, se enfrentan a la pena capital, en un mensaje que acompañó la difusión de una publicación de un activista proisraelí en la red social X. Entre los casos más documentados figura el de Bita Hemmati, condenada a muerte por lanzar bloques de hormigón desde un edificio sobre agentes de policía durante las protestas, según el Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Washington.
Con cada ejecución que añade un nuevo nombre a la lista, el poder judicial iraní consolida una maquinaria punitiva que los organismos internacionales ya no dudan en calificar de represión sistemática. La pregunta que sobrevuela Teherán no es si habrá más muertes en la horca, sino cuántas y en qué plazo.
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