Un Estado cómplice o impotente frente al terrorismo. Por Joaquín Morales Solá

La historia suele demorarse, pero nunca desaparece. Los dos atentados terroristas más importantes que sufrió la Argentina en los últimos 30 años (los que volaron la sede de la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires) siguen impunes, aunque producen novedades de tanto en tanto. Esos actos criminales colocaron a la Argentina en el centro del conflicto de Medio Oriente, a pesar de que Cristina Kirchner dice que el país todavía no forma parte de él. Los dos ataques dejaron más de un centenar de muertos. Por la bomba que estalló en la embajada murieron 29 personas. En la AMIA, el atentado más importante de la historia argentina dejó 85 muertos (86, si se sumara la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman). La escasez de progresos en ambas investigaciones y el tiempo transcurrido interpelan a un Estado ciertamente impotente, cuando no cómplice explícito o implícito de masacres instigadas por el odio y la segregación.
Ayer, la Corte Suprema volvió sobre el atentado contra la AMIA cuando le ordenó al Gobierno el pago de una millonaria indemnización a familiares de un muerto. En verdad, el tribunal sólo hizo cumplir una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2005, ese tribunal condenó al gobierno argentino por no haber impedido el atentado, por el encubrimiento posterior y por no haber investigado. Una parte notable de este caso es que el gobierno de Néstor Kirchner se comprometió entonces ante la Comisión Interamericana a confeccionar una ley para reparar a las víctimas del atentado contra la mutual judía. Nunca se escribió esa ley. Peor que eso: ahora el gobierno de Cristina Kirchner se negaba a pagar la indemnización con el argumento de que la causa había prescripto. La Corte sentenció que la causa no había prescripto, mucho menos cuando fue el propio Estado el que no cumplió con su compromiso internacional de reparaciones a las víctimas.
Tal vez estamos ante otro ejemplo de un gobierno que busca eludir sus responsabilidades o tomar atajos que no llevan a ningún lado. Es el caso de la famosa «pista siria» que buscaría la Presidenta para salvar su tratado con Irán, que ayer entró en un camino judicial en el que, posiblemente, se confirmará su inconstitucionalidad. La «pista siria» y la «pista iraní» son la misma cosa. Ambos países, Irán y Siria, tienen un viejo acuerdo que aún está vigente. Los dos son protectores financieros o geográficos de Hezbollah, que habría perpetrado los dos atentados argentinos, en alianza con Jihad Islámica. Estas dos organizaciones político-terroristas son antiguos socios en la escandalosa misión de aterrorizar al mundo. El compromiso de Irán en la voladura de la AMIA, y la presunta complicidad del actual gobierno argentino en su encubrimiento, era el trabajo y la obsesión del fiscal Nisman cuando una bala le perforó el cerebro.
El martes 17 de marzo se cumplirán 23 años del atentado contra la embajada de Israel. La vieja representación diplomática de ese país, en la calle Arroyo, fue dinamitada de tal manera que de ella quedó sólo una plaza, que es lo que hay ahora. En los próximos días arribará al país una importante delegación del gobierno de Israel para asistir a las ceremonias de homenaje a las víctimas y recordación de aquel acto criminal. En su reciente discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cometió un error parcial cuando dijo que la investigación de ese atentado era «cosa juzgada». Fue un párrafo que el juez improvisó sobre un texto escrito. Sin embargo, un día después Lorenzetti y la propia Corte decidieron no repetir el error común en la política argentina de no aceptar las equivocaciones propias. Un documento de la Corte reconoció el error de Lorenzetti.
La causa por el atentado contra la embajada de Israel es «cosa juzgada» sólo en dos aspectos: fue un atentado y su autor fue la organización Jihad Islámica. Ésa es la decisión que tomó la Corte Suprema anterior, en 1999. Ahora puede parecer obvio que fue un atentado, pero durante varios años se barajó la posibilidad de una implosión dentro de la sede diplomática. Incluso, tres peritos del Centro de Ingenieros dictaminaron que había explotado un artefacto que estaba dentro del edificio. Cierto antisemitismo embadurnó las primeras investigaciones. El tiempo perdido en esas naderías fue inmenso e irrecuperable.
El caso de la embajada nunca debió ser investigado por la Corte Suprema, porque sencillamente ese tribunal no tiene los recursos ni la experiencia para hacer una investigación. Aunque los delitos que suceden en sedes diplomáticas son competencia directa de la Corte, ésta estará siempre en condiciones de delegar la investigación en un juez, que podría quedar bajo el estricto control del tribunal. La anterior Corte evaluó esa posibilidad, pero su entonces presidente, Ricardo Levene, se negó rotundamente a delegar esas funciones. «Yo fui juez de instrucción. Ustedes, no. Ésa es la diferencia», les dijo el viejo juez a sus colegas en el máximo tribunal.
No son «cosa juzgada», en cambio, las responsabilidades personales de los terroristas, porque los supuestos autores nunca fueron capturados por la justicia argentina y ni siquiera indagados. En diciembre de 2006, la actual Corte Suprema dispuso seguir adelante con la investigación, declaró improcedente un pedido sobre la prescripción de la causa y reiteró los pedidos de capturas internacionales para los prófugos Imad Mughniyah y José Salman El Reda Reda. Mughniyah habría muerto en un atentado en Damasco el 12 de febrero de 2008.
HEZBOLLAH E IRÁN
Un aspecto sobre el que la actual Corte indagó mucho fue sobre la relación entre Hezbollah y el gobierno de Irán. Pidió la colaboración de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. En noviembre de 2013, el gobierno británico informó a la Corte argentina que toda la asistencia posible sobre el tema ya había sido dada y que cerraría los archivos del caso. El gobierno norteamericano se negó a suministrar datos por el carácter «clasificado» o secreto que tiene ese expediente en Washington. La administración alemana también se negó a trasladar información a Buenos Aires, porque consideró que ella supera el marco del atentado contra la embajada de Israel en la Argentina. Francia respondió que no tenía elementos que probaran la relación entre Hezbollah y el gobierno iraní.
También la Corte investigó la pista del diplomático iraní Jaffar Saadat Ahmad Nia, que se desempeñó como agregado civil en la embajada de Irán en Brasil entre junio de 1991 y diciembre de 1993. El atentado de Buenos Aires ocurrió en marzo de 1992. La pista se disolvió porque el diplomático no viajó, con su nombre real al menos, a Buenos Aires.
Con todo, la justicia norteamericana condenó en febrero de 2008 al gobierno iraní a pagarle 33 millones de dólares a la familia del diplomático israelí David Ben-Rafael, muerto en el atentado de la embajada en Buenos Aires. La Corte Suprema pidió a los Estados Unidos una copia de esa sentencia, pero luego concluyó que no aportaba nada nuevo a lo que ya se sabía aquí.
A uno de los prófugos, El Reda Reda, se lo persigue porque en su momento fue detenido con 30.000 dólares falsos, que resultaron ser los «superdólares» que fabricaba, falsificados, el gobierno iraní para financiar atentados terroristas. El servicio de inteligencia argentino le informó a la Corte, además, que el iraní Hussein Mohamad Suleiman fue detenido en Jordania y que allí confesó que él había ingresado a la Argentina los explosivos con los cuales se perpetró el atentado contra la embajada de Israel. Los Estados Unidos se comprometieron a aportar información sobre Suleiman y su paradero actual, pero no lo hicieron hasta ahora. La SI (ex SIDE) le informó a la Corte que insistió en ese pedido al servicio de inteligencia norteamericano hasta por teléfono.
Más de dos décadas han pasado desde los dos atentados. Uno de ellos, el de la AMIA, sigue proporcionando muertos (Nisman, en este caso) a esa historia de impunidades y complicidades. La mitad de ese tiempo ha estado gobernado por los dos presidentes Kirchner y el peronismo, en una versión u otra, controló el Estado durante más de los 20 años transcurridos. Es demasiado tarde para eludir la responsabilidad o para buscar pistas que, si existieron alguna vez, ya han desaparecido.

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