Primera entrevista del Juez Federal a un medio comunitario
Por Julián Blejmar y Diego Szpigiel
Confiesa sentirse “un poco superado” por toda la situación, pero afirma que la mayor presión la sintió cuatro años atrás, cuando denunció al entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, pues “ahí sí hubo una fuerte presión del Ejecutivo”. En su mesa lo acompaña la denuncia presentada por Alberto Nisman en enero de 2015, con señaladores y todo tipo de marcas que efectuó cuando le tocó evaluar la presentación del fallecido fiscal. “Este es mi fuerte” comenta, señalando ese documento. El juez Daniel Rafecas recibió a Vis Vis en su despacho de los tribunales de Comodoro Py, donde ofreció una larga entrevista en la cual no eludió ningún tema. El primero de ellos, referido a uno de sus argumentos para desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado de la Amia. Según señalaba la presentación de Nisman, el objetivo era lograr restablecer el comercio con el país persa, pero Rafecas planteó que esa hipótesis jamás se concretó.
Tomando un caso abstracto, si se halla el plano del boquete o un grupo de personas con armas alojadas en algún espacio… ¿alcanza con que no se haya llegado a concretar el delito para que los responsables no sean inculpados?
Para todo el derecho penal es así en un ciento por ciento, esa es su dogmática, no se puede abrir una investigación penal por un plano de lo que puede llegar a ser un delito, esas son las reglas de juego de la justicia penal en un Estado de Derecho, no en una dictadura, donde si se encuentra ese plano sobre un delito futuro se puede condenar a sus responsables incluso con la muerte. Diferente es que se encuentren armas de fuego, en ese caso se trataría de un delito autónomo como la tenencia de armas de guerra. Pero, la mera planificación, sin entrar en la ejecución del delito, no es punible.
Yendo a las pruebas en sí mismas, de las 300 escuchas seleccionadas por la UFI Amia ¿No hay ninguna de ellas sobre la que se pueda desprender una hipótesis de delito?
De hecho, en mi resolución del 27 de febrero de 2015 digo aún más, como lo es que las 300 escuchas telefónicas que la UFI Amia seleccionó y presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y ante mi persona para intentar abrir una causa penal, a mi juicio, lejos de constituir una prueba de cargo que favorece la hipótesis de la denuncia, la desvirtúa, porque en todas las conversaciones de Jorge «Yussuf» Khalil, Luis D’Elía, Allan Bogado, o Fernando Esteche, estaba claro que chocaban contra una pared cuando querían hacer lobby para los intereses iraníes. Y esa pared era la cancillería y el ministro Héctor Timerman, a quien llegaron a tildar de “ruso de mierda”, es decir que le agregaban consideraciones antisemitas a quien para ellos era el principal rival a vencer. Pero además, de las 300 escuchas, y de las miles que interceptaron la UFI-Amia y la SIDE, no hay una sola que involucre a algún funcionario argentino, y mucho menos de la cancillera.
De todas formas su principal argumento era que en ningún momento, a diferencia de lo que planteó Nisman, existieron riesgos de caerse las Notificaciones Rojas por medio de las cuales INTERPOL colabora en la detención y extradición de acusados…
Esa es la cuestión clave, las Notificaciones Rojas y la posición oficial de INTERPOL. Al día siguiente de presentada la denuncia por parte de Nisman, el 15 de enero, el titular de INTERPOL Ronald Noble le envía un correo electrónico a Timerman y luego brinda declaraciones públicas a los diarios Wall Street Journal y Página 12 en donde afirma que es mentira lo que señala Nisman, respecto a la posible caída de las Notificaciones Rojas contra funcionarios iraníes tras el Memorandum. Por el contrario, sostiene que la Argentina, tanto por vía oral como escrita, fue siempre consecuente y coherente en sostener las órdenes de captura, al punto que cuando se firma el pacto con Irán la única cláusula ejecutiva fue notificar a INTERPOL de la vigencia de las Notificaciones. Hay que tener en cuenta que Interpol instigaba a las dos partes a acercarse, y cuando esto se concreta con el pacto, la cancillería le envía a INTERPOL una notificación donde Timerman le señala Noble que las Notificaciones Rojas no tienen que cambiar su estatus, incluso aunque en los hechos, por el artículo 81 de INTERPOL, el único que podía hacer un cambio de estaus era el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Pero igualmente Timerman le pide el 15 de febrero de 2013 a Interpol que ratifique este parecer por escrito, cosa que la oficina de asuntos jurídicos de INTERPOL hace un mes después, el 15 marzo de 2013. Allí aclara que tal como lo solicita el canciller, las Notificaciones Rojas no van a variar su estatus, agregando que celebran y felicitan a la Argentina por su entendimiento con Irán, ya que hecho Interpol había tenido la iniciativa del acercamiento de los dos países. Esta carta, que es absolutamente clave para dilucidar si Argentina buscaba bajar las alertas rojas, Nisman ni siquiera la menciona en su presentación, con lo que hecha por tierra su versión, y la que sigue sosteniendo públicamente gran parte de la sociedad, respecto a la posibilidad de que el Memorandum tenía como fin bajar las Notificaciones Rojas, aunque también la hecha por tierra el Artículo 81 de Interpol que establece que solo el juez de la causa podía solicitar la baja de las Notificaciones, lo cual tampoco aparece en ninguna parte de la presentación de Nisman.
Nisman plantea entonces que Noble se refiere a las órdenes de captura y él a las Notificaciones…
Efectivamente, tras la desmentida de Noble a Nisman sobre la posibilidad de caída de Notificaciones Rojas, Nisman hace esa diferenciación ante la consulta del periodista Hernan Cappiello del diario La Nación. Al día siguiente, el periodista Tuni Kollman de Página 12 le hace una nueva entrevista a Noble mencionándole esto, donde Noble, en un tono hasta ofendido, señala públicamente que lo que Nisman alega es falso, ya que él estaba hablando claramente de las Notificaciones Rojas, y que el único que podía solicitar su baja era el juez de la causa. Incluso, sostiene que Argentina, lejos de lo Nisman dice, se mantuvo siempre preocupada por sostener las Notificaciones Rojas. Entonces, después de todo lo que estoy comentando, yo me pregunto si en estas condiciones era posible sostener una hipótesis de delito.
¿Qué pruebas hay sobre el hecho de que la iniciativa por llegar a un acuerdo con Irán no partió de la Argentina, sino de INTERPOL?
La iniciativa fue de INTERPOL, en el año 2007 o 2008 ya hay comunicaciones, tengo entendido incluso que el propio Nisman viajo a Lyon a la sede de INTERPOL en una de estas reuniones de acercamiento y tratativas en el marco de explorar la posibilidad de acercamiento. Para INTERPOL, como organismo internacional, era muy problemático tener a máximos dirigentes del estado iraní con Notificaciones Rojas vigentes, porque Irán era y sigue siendo un país muy influyente en toda la zona de Oriente Medio y Oriente Lejano. Y a Noble no podemos tildarlo de tener simpatías con el gobierno kirchnerista, alcanza con ver que había sido una alto cargo de los servicios secretos de Estados Unidos, un halcón de la política nortemaricana que estuvo 14 años en INTERPOL. El se opone de un modo rotundo y lapidario a la hipótesis de Nisman, sin demorar más de 24 horas. Eso me lleva a hacer otra pregunta, como lo es si la la UFI Amia, con todos los recursos que tenía, 50 empleados y millones de pesos de presupuesto, no pudo, antes de realizar semejante presentación sobre un asunto tan delicado y con todas sus implicancias, cursar un pedido de informes o un oficio a INTERPOL, antes de denunciar a todo un gobierno y a un canciller que para colmo era una figura de la comunidad judía. O cuanto menos una llamada para saber que pensaba Noble de esto, es decir si Argentina había hecho gestiones para dar de baja las Notificaciones Rojas. Entonces, lo que tenemos es que en la presentación de Nisman no se cita el Art. 81 que plantea que solo el juez puede dar de baja las Alertas Rojas, no esta citada la carta oficial del gobierno a INTERPOL para asegurarse que no variaba el estatus de estas alertas, y ni siquiera se consulta la opinión de INTERPOL.
Una de las objeciones que se le formula, es el tiempo en que desestimó la presentación de Nisman. Usted señaló que el plazo legal para expedirse es de tres días, pero se tomó siete debido a la magnitud del caso. ¿Existe entonces un plazo legal, podía haber tomado aún más días?
Yo me tome los días que considere necesario para resolver la cuestión, así como el fiscal Pollicita, que para requerir la instrucción tenía 24 horas, se tomó cinco días, lo cual es y lógico y entendible para una causa de esta complejidad, que requiere mucho mas que las 24 horas normales. Los tres días son para una causa normal, pero en este caso pare todo el funcionamiento del juzgado y me consagré por completo a esta situación, escuché todas la conversaciones telefónicas, estudié todos los documentos, trabajando mañana, tarde, y noche, hasta finalizar en siete días. Esta claro que si el plazo legal prevé tres días, cuanto más lejos de ese lapso más incomodo me siento, y mas en un caso tan sensible como este. Por eso me llama mucho la atención que se hable de tiempo record o resolución express, cuando tenía tres días hábiles según el código, por lo que no puedo estar seis meses o un año para definir si se abre una investigación…
¿Cuantas personas son en su equipo y cuanto tiempo llevaba escuchar las 300 llamadas que se adicionaban a las 281 paginas de la presentación de Nisman?
Acá trabajan 40 personas, pero esta resolución la estudié y redacté yo en un 98 por ciento. Respecto a las conversaciones, la UFI Amia entregó los discos y las conversaciones impresas, con lo que yo recurría a los discos solo cuando había algún aspecto sensible. Esas conversaciones impresas estaban en cuatro carpetas, eran escuchas de tres renglones, diez renglones, o dos o tres páginas, pero el promedio era de una pagina por llamada. Y la presentación de 281 páginas ya la tenía leída desde enero, así que de hecho lo que mas tiempo me llevó fue la redacción de mi resolución.
La reciente presentación de la DAIA para reabrir la causa plantea que al estar firme la inconstitucionalidad del Memorandum se confirma la ilegalidad del acuerdo. ¿Eso puede aplicarse al momento en que se firmó el Memorandum, cuando la Justicia no se había expedido en fallo firme?
Desde ya, lo que plantean los juristas más prestigiosos de la Argentina, la lógica más básica del funcionamiento del Estado Republicano es que un Poder Ejecutivo es absolutamente soberano para pactar con potencias extranjeras a través de tratados que después deben ser ratificados por el Congreso de la Nación, que es exactamente como sucedió en este caso. De ahí no se puede considerar una cuestión criminal que ni el propio Nisman la plantea, ya que el afirma que eso sucede por lo bajo, en las intenciones. Y cuando se presenta su denuncia de Nisman, en enero de 2015, el Tratado ya había sido declarado inconstitucional en duros términos por la Sala I de la Cámara Federal, que es la misma que ratificó la desestimación, y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de seguir avanzando, aunque ya para ese momento no tenía ningún sentido porque Irán nunca ratificó el tratado, abandonó por completo el interés y el Memorándum nunca entró en vigor. Lo que hay que tener en cuenta en la cuestión de la inconstitucionalidad, es que la hipótesis de delito que había planteado Nisman, que no se había cometido en ese momento, tampoco se iba a cometer en el futuro, porque el pacto había sido declarado inconstitucional y, para colmo ahora ya quedó firme. Entonces, el intento de re-apertura que hizo la DAIA con este argumento lejos de ser, a mi juicio, un argumento a favor de la re-apertura, es un argumento en favor de mi desestimación, porque termina de confirmar que el Memorándum con Irán no se iba a poner en funcionamiento, así como tampoco la Comisión de la Verdad.
¿Y cual es su opinión sobre el audio donde Timerman asegura que fue Irán el responsable del atentado?
Ese es el otro elemento que la DAIA me presentó a mí, como segundo y último argumento, con el cual pretendían reabrir la denuncia de Nisman. En primer lugar hay que decir que en la Ciudad de Buenos Aires hay una tradición de la jurisprudencia, en treinta años de democracia, en la cual está prohibido utilizar judicialmente conversaciones privadas y obtenidas subrepticiamente, eso quiere decir sin el consentimiento de los interlocutores. En el caso de esa conversación con el ex presidente de la Amia Guillermo Borger, ambos interlocutores negaron enfáticamente haberla grabado. Por lo tanto fue una conversación subrepticia, eso quiere decir nula. Pero más allá de eso, el propio Borger, en una entrevista pública, aseguró que ni él ni Timerman habían dicho algo distinto de lo que públicamente habían sostenido. En definitiva, lo que dijo Timerman fue la posición de Argentina, aunque en términos coloquiales, de que la hipótesis está encaminada a que Irán llevó adelante el atentado. Pero de esta conversación no surge nada, ni sirve para sostener una hipótesis de delito.
El planteo de la viuda de la ex pareja de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado es que su desestimación de la presentación de Nisman tenía que ver con lograr que el Consejo de la Magistratura desestimará sus pedidos de juicio político, ¿Qué puede decir sobre esto?
Obviamente yo respeto la pérdida de la Dra. Arroyo Salgado y de sus hijas, lo dije en mi resolución de febrero de 2015, dónde me permití hacer unas líneas transmitiendo mis condolencias hacía los familiares y seres queridos del ex fiscal Nisman, al cual le tenía afecto y respeto, ya que había trabajado a su lado en temas de lucha contra la discriminación. Pero lo que sí tengo que decir es que niego rotundamente estas apreciaciones de mi colega Arroyo Salgado. Al contrario, yo en la única entreviste, que ofrecí a Reuters, expresé que trabajé con mucha tranquilidad, sin recibir presión de ningún tipo, ni de un lado ni del otro. Si vamos a juzgar bajo la óptica de las denuncias que yo tengo en el Consejo de la Magistratura, todas mis resoluciones estarían viciadas. Y desde que yo comencé a trabajar en este juzgado, fui objeto de denuncias de los sectores o las personas que estaban afectadas por mis fallos, empezando por los represores, militares y policías afectados en la causa del Primer Cuerpo del Ejército, que en treinta años no habían sido afectados y a mí me tocó detenerlos. Luego, en la causa de las coimas en el Senado contra el ex presidente Fernando De la Rúa, los ex legisladores Ricardo Branda y Augusto Alasino y el ex secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, todos los cuales me denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. Y a continuación Boudou por el caso Ciccone, donde los representantes en el Consejo del Frente para la Victoria me persiguieron durante dos años intentado removerme, hasta la actualidad por el caso Nisman.
Justamente Arroyo Salgado lo vinculaba a estas presiones que recibía de los representantes del Frente para la Victoria en el Consejo, que eran mayoritarios…
Ellos no tenían los votos y no los iban a tener, me persiguieron entre el 2013 y el 2015, pero a mí no me importaba lo que hicieran. Por mi trayectoria de treinta años y doce años como juez federal, jamás me voy a dejar presionar ni por esa circunstancia ni por otra. Tampoco voy a calcular que favor me pueden hacer. Yo resolví conforme a derecho, conformé a la ley, y conforme a los procedimientos de la Constitución. Punto, eso es todo.
Respecto a las pasadas denuncias de Waldo Wolff sobre amenazas telefónicas de una voz femenina que estaba junto a usted ¿Cuál es su versión?
Niego rotundamente estas acusaciones. Ya lo he hecho muchas veces públicamente, esto supuestamente ocurrió hace un año y medio, aunque ya no recuerdo cuándo pasó. En este contexto, el diputado me hizo una denuncia penal en octubre o noviembre del año pasado diciendo que una voz femenina le propinó un insulto. Yo no sé que decir porque el único interlocutor en esa conversación fui yo, lo cual reconocí públicamente. Es más, la denuncia penal que él formuló terminó en un sobreseimiento, basándose en que en el marco de una discusión o de un altercado, cuestiones subidas de tono no constituyen un delito de amenazas.
¿Dice que no hubo ninguna mujer en esa conversación?
Yo puedo dar cuenta de la conversación que yo tuve con él, donde el único interlocutor fui yo y de ninguna manera nadie tomo mi teléfono. Igual, esa denuncia que formuló ya tiene una resolución de sobreseimiento y es una cuestión que fue más mediática que otra cosa.
Con respecto a la denuncia del diputado Waldo Wolff ante el Consejo sobre su supuesta manipulación de dos documentados contradictorios de Nisman, que usted le presentó a Wolff mismo y a los anteriores dirigentes de la DAIA. ¿Sus fechas eran o no contemporáneas?
Se ha dicho mucho al respecto. Después de la muerte de Nisman, los fiscales que fueron puestos en su reemplazo encontraron, en las cajas fuertes del despacho del fiscal, dos documentos gemelos firmados en todas sus hojas por Alberto Nisman con fecha de diciembre del 2014 y enero del 2015. Es decir, si uno se atiene a las fechas, eran absolutamente contemporáneos a la elaboración de la denuncia contra el gobierno, pero hasta ahí no había ninguna particularidad. La particularidad surge cuando en uno de estos documentos, que repito estaba fechado, firmado y sellado por Alberto Nisman, se exhibí una mirada completamente diferente a su denuncia, pues elogiaba las posturas del gobierno y citaba los discursos en Naciones Unidas de la ex presidenta Cristina Kirchner, incluyendo el de septiembre del 2014. Así que en la resolución de febrero no consideré este elemento como prueba de nada. Lo único que hice fue mencionar al final que me llamaba la atención que en uno de estos dos documentos el fiscal apareciera haciendo alegaciones completamente incompatibles con la denuncia presentada. Entonces, lo que se dijo públicamente en estos tiempos es que esos dos documentos estaban desfasados, que correspondían a diferentes etapas, que Nisman había dado órdenes que había que quitarle a uno de ellos todas las frases elogiosas con respecto a Cristina. Yo no lo pongo en duda, no digo que no haya sido así…
Pero usted sostuvo que se firmaron simultáneamente…
Esa es la cuestión central, cuándo Nisman firma ese documento elogioso con el gobierno anterior. ¿Fue en 2013, a principios o mediados de 2014 o en la fecha que dice, diciembre del 2014? La respuesta a esta disyuntiva es muy clara, ya que en la página uno de los dos documentos gemelos Nisman dice: “Transcurridos más de siete años desde que Interpol ordenó la máxima prioridad de búsqueda para la detención con fines de extradición, Notificaciones Rojas, respecto de cinco imputados iraníes…” Acá tenemos una referencia temporal lapidaria y terminante. El primer párrafo de este documento nos remite a la fecha, casi exacta, en la cual Nisman firmó este documento, ya que la reunión de la Asamblea General de Interpol dónde se otorgó la máxima prioridad, tal como lo menciona el propio ex fiscal en su denuncia, fue el 7 de noviembre del 2007.
¿Siempre hablando del documento elogioso hacia la gestión de Cristina Kirchner?
Exacto, tengamos en cuenta la fecha de la emisión de las Notificaciones Rojas, en noviembre de 2007. Por favor hagamos la cuenta. Si se hace la suma, se ve que no podía estar firmado en otra fecha que no sea la de diciembre del 2014. Es decir que este documento fue efectivamente impreso, sellado, firmado y fechado por Nisman, en la fecha que figura en los documentos, diciembre de 2014. Los documentos son contemporáneos y la denuncia de 281 páginas se redactó en forma contemporánea con estos dos documentos, porque una denuncia de 281 páginas no se pudo hacer del 1 al 14 de enero. Y estaban en una caja fuerte, no en el cesto de papeles o en la trituradora, estaba en la caja fuerte del despacho del fiscal fallecido.
Usted dice que lo conocía y respetaba a Nisman ¿Porque cree que formuló una denuncia que fue tan duramente rechazada en términos técnicos por usted, o esos dos documentos contradictorios?
Yo no puedo hacer declaraciones en ese sentido. Yo fui juez de la causa y todo lo que expongo aquí tiene que ver con mi actuación como juez. Yo no me puedo salir un milímetro de ese marco. Lo único que me permito es reconocer que tenía una relación con Alberto, compartíamos algunas batallas, contra el antisemitismo y el nazismo por ejemplo, le tenía aprecio. A punto tal que una persona que yo le recomendé, él la designo en el juzgado.
La solicitada exigiendo su remoción fue avalada por unos como en el marco de la libertad de peticionar y de la libertad de expresión, y por otros, entre los que usted se cuenta, rechazada como una presión sobre la justicia independiente. ¿Cree que en efecto fue un error su publicación?
Primero digo que quienes firmaron esa solicitada están en todo su derecho de hacerlo. El único reparo que yo tengo es el título, que no es feliz, esto de “Exigimos la remoción…”. Para lo lógica del funcionamiento de las instituciones, la lógica democrática, no es un título feliz, creo que se choca contra de frente con la lógica de la independencia de la justicia y la autonomía del Consejo de la Magistratura. Lamenté profundamente todas estas circunstancias, y esa solicitada me llevó a salir públicamente a dar mis consideraciones y lo que a mi juicio es la verdad de lo que fue la denuncia de Nisman, porque desde mis treinta años de trabajo en tribunales siempre he tenido un bajo perfil y elegí no dar notas, pero en estas circunstancias me ví obligado a salir públicamente y explicar personalmente que es lo que, como juez y desde el punto de vista jurídico, he resuelto. Porque esta es una cuestión jurídica aquí no puede haber implicancia políticas, geopolíticas, de conveniencias, o de especulación sobre como recibirán los diferentes sectores. Aquí hay que resolver, como en todos los casos, conforme a la ley y al derecho, y si hay merito para abrir una investigación lo voy a hacer, y si no hay merito ni pruebas, o incluso las pruebas son opuestas a la hipótesis, no la voy a abrir, porque es una responsabilidad institucional fundamental como juez, máxime en una situación como esta en la que hay implicancias nacionales e internacionales descomunales.
¿Lo sorprendió alguno de los firmantes?
No hago ese tipo de apreciaciones porque tampoco conozco las circunstancias. La verdad que no quiero ni me corresponde hacer consideraciones al respecto.
¿Que sintió al verla publicada?
Estaba en el exterior. Yo llevo doce años en un cargo que es complicado, me tocaron causas muy difíciles y complejas. En este sentido, las frustraciones, los sinsabores, a uno lo van curtiendo, y no me voy a internar en el hospital porque hay una manifestación crítica en mi contra. Y al mismo tiempo fue muy reconfortante la respuesta masiva, abrumadora, de adhesiones y apoyos que recibí. De Argentina y desde el extranjero. También de una parte importante de la comunidad judía, incluyendo referentes muy importantes como Leonardo Senkman de la Universidad Hebrea de jerusalem, Sara Rus y Edgar Wildfewuer, sobrevivientes de la Shoa. Muchísimos profesores, referentes políticos no identificados con el gobierno anterior como Felipe Solá, Jose Luis Gioja, Gustavo Vera o Alberto Fernández.
¿La invitación del Papa Francisco lo consideras como un aval?
Es algo que no me atrevo a decir porque no me consta. Yo lo que puedo decir es lo que objetivamente ocurrió, como lo fue el hecho de que la semana pasada, en el fragor de esta situación, recibí en mi casilla de correo un oficio firmado por monseñor Marcelo Sanchez Sorondo, presidente de la Academia de Estudios Pontificios del Vaticano, diciéndome que era deseo del Santo Padre invitarme a un congreso de derecho penal en noviembre en el Vaticano. A Bergoglio nunca lo vi como obispo, aunque me hubiera encantado hacerlo cuando presidía cada año la misa del nueve de noviembre por la Kristallnacht, a la que nunca pude ir porque siempre fui invitado por las filiales de la Daia a las distintas ciudades del interior, o incluso desde el exterior a dar las conferencias sobre la Kristallnacht, así que nunca puede estar en Buenos Aires en esos doce años para asistir a la misa de Bergoglio.
¿Lo llamaron de alguna de esas filiales de DAIA en estos momentos?
No, y no tienen porqué hacerlo.
¿A partir de sus sentencias educativas contra neonazis y sus investigaciones sobre la Shoa, usted fue una figura estelar para la DAIA, que hoy en día objeta sus decisiones judiciales ¿Cómo es el vínculo actual?
Primero que soy goy (risas). Yo tengo una relación institucional con la DAIA y la representación política de la comunidad judía siempre ha sido respetuosa de mis fallos y de mi actuación, incluso en este tema, lo cual yo le agradecí a su presidente Ariel Cohen Sabban. Eso más allá de que puedan discrepar, incluso públicamente. Yo siempre soy muy respetuoso de las posturas que se adoptan y así como podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones, podemos estar en disidencia en otras. Con respecto a la comunidad judía en general, hay una relación de muchos años, tengo un afecto indisoluble por el pueblo judío, un gran amor y respeto que no va a cambiar, por lo menos de mi parte, porque es algo muy de fondo y para toda la vida.
“Con Nisman tenía una buena relación”
Rafecas se explaya sobre el vínculo que sostenía con el fallecido fiscal. Según sostiene, “Tuve una relación correctísima. Me vino a ver al despacho un montón de veces, compartimos cuestiones en común, como la lucha contra el antisemitismo, y ambos participamos en foros del Congreso Judío Latinoamericano o en la DAIA. Los dos escribíamos en temas de interés para la comunidad judía, en la revista de la DAIA o en algunas otras publicaciones de instituciones judías, y él se solidarizó conmigo por alguno de los ataques que sufrí. Incluso la conocí a la Dra. Arroyo Salgado por su relación de pareja, veraneamos juntos en la misma playa. Teníamos contacto telefónico, nos deseábamos Shana Tova para las fiestas”.
Entre De la Rua, Boudou y Cristina
En los últimos años, Rafecas tuvo que definir el destino judicial del ex presidente Fernando de la Rua, del ex vicepresidente Boudou y de la ex presidenta Cristina Kirchner. Consultado por el momento en que mayor presión sintió, Rafecas no duda en afirmar que fue con Boudou. “Se trató de una presión pública, Boudou había asumido hacía solo cuatro meses y yo dispuse el allanamiento, por la causa Ciccone, del ministerio de Economía, las oficinas de Alejandro Vandenbroele, de la planta impresora de Ciccone y varios domicilios más, incluyendo el del ex vicepresidente en Puerto Madero. Entonces, en la famosa Semana Santa de 2012, en un acto público en el Senado, me ataca mi al procurador Esteban Righi y al fiscal Carlos Rívolo.
El uso como argumento los mensajes que intercambiaba con un abogado vinculado a Boudou mismo…
Ese abogado tenía una gran relación de más de veinte años con uno de mis hermanos, y como cualquier otra persona intercambiamos algunos mensajes absolutamente intrascendentes, pero cuando me di cuenta que estaba haciendo una función de lobby para Boudou lo corté inmediatamente. Luego, cuando el fiscal Rivolo me presentó pruebas que me parecieron convincentes, dispuse el allanamiento. Así que yo actué de forma irreprochable, tal como lo dijo el propio Rivolo, y parte de las pruebas que se encontraron en mi actuación son hoy en día la base del procesamiento y elevación a juicio del caso Ciccone. Ese fue sin dudas el caso de presión mas fuerte que yo viví, porque la última solicitada no puede ser considerada como una presión hacia mi actuación como juez, ya que yo ya me había pronunciado.
“No tuve ninguna presión del actual gobierno”
Actualmente, Rafecas tiene dos pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistrtura, elevados por dos legisladores de Cambiemos. Wolff, del Pro, lo denunció por la manipulación de los dos documentos contradictorios de Nisman, mientras que la diputada de la UCR, Carla Carrizo lo denunció por demoras en la investigación del caso de José López. Consultado si vive esto como una presión del actual gobierno, Rafecas lo niega terminantemente “se trata de iniciativas individuales de dos legisladores, pero ellos no son parte del Poder Ejecutivo, como era el caso de Boudou, donde quien me presentó la denuncia fue Hernán Ordiales, quien era representante Poder Ejecutivo ante el Consejo, lo cual tenía connotaciones muy distintas. Las actuales presentaciones son además muy flojas de papeles, la de Wolff sigue la línea de Elisa Carrió, que me denunció al día siguiente de que yo firmé la desestimación de lo Nisman, sin esperar los fallos de Cámara y Casación, que finalmente ratificaron mi postura, con lo que ella quedo a destiempo. En ambos casos presenté todos los descargos al muy poco tiempo y sin ninguna duda van a terminar igual que las anteriores denuncias, es decir en la desestimación. Pero de ninguna forma lo vivo como una presión del gobierno actual, jamás he tenido ni sentido ningún acto de hostilidad o presión por parte del Poder Ejecutivo. Lo mismo en el anterior gobierno, fuera del caso Boudou, ya que inclusive en la denuncia de Nisman contra Cristina y Timerman trabajé siempre con total tranquilidad, libre de todas las presiones tanto de oficialismo como de la oposición, y siempre siendo muy respetuoso de todas las críticas que se me pudieran formular, incluso las agraviantes. Son las reglas de juego, y por eso en doce años nunca salí a responder los agravios y ataques, por el respeto que tengo por la liberta de expresión y porque creo que la crítica a los funcionarios y jueces a la larga es sana para el correcto desenvolvimiento de la democracia.
Fotos: Leonardo Kremenchuzky