Seis países votaron en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exige a sus Estados miembros el cese de la venta de armas a Israel.
La resolución «condena las acciones israelíes que pudieran ser constitutivas de una depuración étnica» contra la población palestina e insta al Gobierno israelí a que asuma su responsabilidad jurídica para evitar un genocidio en la Franja de Gaza.
La resolución ha sido aprobada por 26 votos a favor, 13 abstenciones y con los seis votos en contra de Argentina, Bulgaria, Alemania, Malaui, Paraguay y los Estados Unidos. Israel agradeció la postura argentina.
Gracias Argentina 🇦🇷 y Paraguay 🇵🇾 por estar del lado correcto de la historia y votar en contra de la escandalosa resolución contra Israel en el Consejo de Derechos Humanos
— Jonathan Peled (@JonathanPeled) April 5, 2024
El Consejo pide a la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino «Ocupado» que informe sobre la transferencia o venta a Israel, tanto directa como indirecta, de armas, municiones, piezas, componentes y artículos de doble uso».
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En particular, pide a la comisión que especifique «esta clase de material que haya sido utilizado desde el 7 de octubre de 2023», el comienzo de la guerra de Gaza, y que «analice las consecuencias jurídicas de esas transferencias, aplicando el derecho internacional humanitario y el derecho internacional consuetudinario relativo a la responsabilidad del Estado y el Tratado sobre el Comercio de Armas, cuando proceda».
La resolución, impulsada por Bolivia, Cuba y Pakistán, también «condena las prácticas», por parte de Israel, «de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en Gaza, la denegación ilícita de acceso humanitario, la obstaculización intencional del suministro de socorro y la privación de bienes indispensables para la supervivencia de la población».
El texto, además, «deplora la persistente falta de cooperación de Israel con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de las Naciones Unidas» para investigar «las presuntas vulneraciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este».
El Consejo, asimismo, expresa «gran preocupación por las informaciones que apuntan a la comisión de importantes violaciones de los Derechos Humanos y graves vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario, que podrían incluir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este». Por la parte que corresponde a las milicias palestinas, el Consejo condena «el lanzamiento de cohetes contra zonas civiles israelíes, que causan pérdidas de vidas y lesiones, y pide que se ponga fin a todas las acciones de militantes y grupos armados que sean contrarias al derecho internacional».
Asimismo, el Consejo condena también los ataques a civiles perpetrados el 7 de octubre contra territorio israelí y «exige la liberación inmediata de todos los rehenes y detenidos restantes, y que se garantice el acceso humanitario inmediato a los rehenes y detenidos, de conformidad con el derecho Internacional».
Para terminar, el Consejo de Derechos Humanos «destaca el imperativo de una rendición de cuentas creíble, oportuna y exhaustiva por todas las vulneraciones del derecho internacional a fin de lograr justicia para las víctimas y establecer una paz justa y sostenible» al conflicto.
Aunque Estados Unidos se había comprometido a votar en contra de la resolución porque no contenía una condena específica a Hamás por los ataques del 7 de octubre, ni «ninguna referencia a la naturaleza terrorista de esas acciones», la representante norteamericana ante el Consejo, Michele Taylor, ha lamentado que, visto lo visto hasta el momento, Israel no ha hecho lo suficiente para proteger a los civiles. «