Diez años después, Nisman tiene razón. Por Héctor Gambini

Cuando halló esto, le pidió a la SIDE que dejara de enviarle los resúmenes de las escuchas y le mandara los CDs completos, con las grabaciones en crudo.

Encriptado en su fiscalía, halló cientos de conversaciones donde se sugería un acuerdo para que Irán obtuviera impunidad para los acusados de planificar el ataque a la AMIA (1994, 85 muertos).

Argentina, a cambio, obtendría energía y petróleo.

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Según Nisman, eso derivó en el Memorando de Entendimiento entre ambos países, firmado en 2013 en Etiopía, donde Irán aceptaba que sus acusados por la AMIA fueran indagados por los funcionarios argentinos pero en Teherán, pudiendo negarse a declarar y sin que Argentina tuviera jurisdicción para una eventual condena.

Para Nisman, el memorando era la prueba de las negociaciones para la impunidad.

El argumento de Cristina y los otros acusados es que el memorando no es un delito sino una decisión política de un gobierno. Y agregan la fórmula “no judiciable”.

Pero Nisman no acusó por el memorando en sí, sino por su objetivo. Según su denuncia, el memorando no era un fin sino el medio para otro propósito: la impunidad de los iraníes.

Esto sí es «judiciable».

La explicación más sencilla sería: no es delito que un ministro de Obras Públicas decida construir un puente. El delito sería que lo construya como una pantalla para lavar dinero del narcotráfico.

No es el instrumento, sino sus fines.

El contexto olvidado es que Nisman no pudo hacer otra cosa que denunciar al gobierno de Cristina. No era algo que pudiera elegir sin cometer él mismo un delito. Era su obligación como funcionario público.

La denuncia de un fiscal abre una investigación que luego determina si hay pruebas o no, para después ir a un juicio donde los acusados pueden ser condenados o no.

Esta es la instancia que Cristina ha tratado de evitar con todas sus fuerzas.

La denuncia de Nisman no transforma a Cristina ni a los otros acusados en culpables. Ninguna denuncia de ningún fiscal tiene ese efecto sobre los denunciados.

Pero, 10 años después, la certeza judicial de que Cristina Kirchner irá a juicio por el Pacto con Irán tiene un efecto restaurador, en varias direcciones.

Primero: era posible y razonable, partiendo de aquellas escuchas -recopiladas en 961 cedés-, considerar que el memorando era un medio para otro fin.

Segundo, la determinación de Nisman al presentar la denuncia toma otra dimensión 10 años después, y desvanece el argumento insólito de sectores del kirchnerismo acerca de que decidió suicidarse porque “no tenía nada”.

Nisman construyó su denuncia durante casi dos años de trabajo y, si algo tenía, era la convicción absoluta de que los hechos descubiertos debían investigarse.

Hizo su denuncia mientras Cristina era la presidenta en ejercicio.

Este fallo de la Corte valida aquellas certezas del fiscal que, cuatro días después de la denuncia, apareció con un tiro en la cabeza.

Además del gobierno de la propia Cristina, la investigación atravesó luego los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, con Cristina operando para cambiar la justicia federal y la Corte.

Por varias razones, pero sobre todo para evitar el juicio que ya no podrá evitar.

Para huir de la sombra de Nisman.

Héctor Gambini

Periodista diario Clarín