Desde el inicio de la pandemia en 2020, Trinidad Ribaya ha sido acusada de realizar decenas de estafas a individuos en distintas provincias de Argentina y en Uruguay, utilizando un esquema similar al de Madoff o Blaksley, según denuncian los afectados. La operación no discriminaba entre inversores y se habría ejecutado sin límites, de acuerdo con declaraciones de uno de los damnificados, el ex director de la Comisión Nacional de Valores Héctor Helman.
La práctica Ribaya no sólo dejó pérdidas económicas, sino que también provocó daños emocionales, estrés psicológico, deterioro familiar, pérdida de oportunidades de negocios y laborales, además de años de angustia para quienes quedaron atrapados en una cadena de promesas incumplidas.
“El caso más patético fue el de familiares de víctimas del atentado a la AMIA”, asegura Helman. Ribaya recibió un considerable monto de dinero originado en fondos públicos otorgados por el Estado nacional a familiares del atentado a la AMIA como compensación.
El Poder Ejecutivo Nacional estableció “por única vez” el pago de “un beneficio extraordinario” a las víctimas y familiares directos de quienes fallecieron en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994.
Hecho histórico: izaron por primera vez la bandera israelí en el Monte Sartaba
«Actuó con el mismo desapego que en cualquier otro de sus ‘negocios’: apropiarse de los ahorros de un jubilado, de un empresario exitoso, de una familia o de cualquier otra víctima», se indigna el doctor en Ciencias Económicas que tiene conocimiento de causa por ser uno de los “damnificados Ribaya”.
“Ribaya comparte factores clave del perfil requerido para apuntar a la inclusión de personas proclives a aceptar la manipulación emocional, la mentira y la creación de una falsa sensación de confianza para obtener beneficios económicos que la ha conducido a realizar casos ominosos», insiste el ex funcionario bursátil.
“Todos y cualquiera constituye en todo momento una fuente para la apropiación ilegal”, lamenta Helman.