La conexión iraní tras la muerte dudosa de un fiscal. Por Alejo Vidal-Quadras

El reciente asesinato de Alberto Nisman, el fiscal argentino a cargo de la investigación sobre el atentado al Centro Comunitario judío AMIA en Buenos Aires en 1994 -uno de los ataques terroristas más terribles en el hemisferio occidental antes del histórico 11 de septiembre- ha suscitado apasionadas reacciones en todo el mundo.

Algunos incluso han calificado este crimen, sucedido el pasado 18 de enero, como más grave que la bomba de la AMIA en sí misma, porque ha segado la vida de una de las más altas autoridades judiciales argentinas, encargada precisamente de la investigación del crimen inicial.

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha asegurado que Nisman fue asesinado como parte de una trama interna contra su gobierno, poniendo de relieve, una vez más, su visión cristino-céntrica del universo.

Resulta llamativo en este turbio caso que los medios hayan prestado en sus análisis relativamente poca atención a la parte más beneficiada por la trágica muerte de Nisman: el Gobierno iraní. Nada menos que ocho altos funcionarios del régimen teocrático de los ayatollá están imputados como sospechosos en relación al atentado contra la AMIA y la Interpol emitió una circular roja contra ellos por este asunto, que ha investigado durante once años.

En una entrevista con la televisión de la oposición iraní (IranNTV) el sábado 25 de enero, Hadi Roshanravani, experto en seguridad de la organización opositora PMOI-MEK, y uno de los testigos claves del tema AMIA, ha revelado escalofriantes detalles sobre las circunstancias del ataque perpetrado hace ahora dos décadas.

La decisión de atentar contra la AMIA, según Roshanravani, se tomó un año antes en el Consejo Nacional de Seguridad de Irán con la participación y aprobación del actual presidente Hassan Rouhani. Una fatwa especial fue emitida por la oficina del Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei.

El ataque fue una respuesta a repetidos golpes que la organización Hezbollah, completamente controlada por Irán, había recibido en aquellos días.

El atentado contra la AMIA fue el segundo punto de la agenda en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Irán celebrada el sábado 14 de agosto de 1993 a las 4:30 de la tarde en Teherán. La reunión fue presidida por el entonces primer mandatario del país Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Una fatwa ordenando el atentado había sido emitida por el Ayatollah Hejazi de la Oficina de Operaciones Especiales del Líder Supremo. En cuanto a Hassan Rouhani, quien en aquel momento era el Representante Especial del Líder Supremo y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, figuraba entre quienes tomaron la decisión en esa reunión. El ministro de Inteligencia, así como los comandantes de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y de las fuerzas terroristas Quds, estuvieron también presentes cuando se decidió la comisión del atentado. La orden del Consejo tenía que ser confirmada y firmada por el Ayatollah Khamenei en persona antes de ser transmitida a las unidades operativas.

Los IRGC y el Ministerio de Inteligencia (VEVAK) fueron conjuntamente encargados de llevar a cabo el plan terrorista. De agosto de 1993 a julio de 1994 los IRGC y miembros de la inteligencia iraní hicieron más de 70 viajes a Argentina para preparar la trama. Su operación fue facilitada por Hezbollah, que tenía contactos con descendientes de libaneses en el cono Sur.

El agregado cultural de la embajada iraní en ese momento, un mollah llamado Abd Khodayi, fue encargado de organizar las unidades locales. Kohdayi montó con este propósito reuniones preparatorias secretas con sus apoyos en Argentina.

Cuando el régimen tuvo indicios de que las actividades de Khodayi habían sido detectadas por los servicios argentinos de inteligencia, decidieron reemplazarle unos meses antes del ataque por Mohsen Rabbani, otro clérigo. Rabbani estuvo personalmente involucrado en la coordinación del ataque final. Otro agente de inteligencia iraní, de nombre Asghari, también colaboró decisivamente en la ejecución de plan.

Por tanto, tal como se supo después, la planificación y la ejecución de este acto de barbarie fueron directamente pilotadas desde Teherán.

Nisman sabía todo esto y mucho más cuando estaba preparando su informe ante el Congreso en el que se disponía a acusar a determinadas autoridades argentinas de intentar blindar a altos funcionarios iraníes frente a las acusaciones de terrorismo a cambio de acuerdos comerciales.

El asesinato de una alta instancia judicial sería un crimen extremadamente grave si fuera cometido o inducido por funcionarios argentinos, pero examinando su naturaleza y sus precedentes, el régimen iraní, con más de 450 asesinatos en su haber fuera de sus fronteras, tendría bastante menos que perder.

La causa de la muerte de Alberto Nisman sólo puede ser esclarecida de manera creíble mediante una investigación internacional independiente. Si la Presidenta Fernández cree ser víctima de una conspiración, debería ser la primera en promover esta iniciativa.

Por Alejo Vidal-Quadras. El autor es un catedrático y político español. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña y Senador (1988-1999) y vicepresidente del Parlamento Europeo (1999-2014). Actualmente es Presidente de la Asociación In Search of Justice con sede en Bruselas, que promueve el cambio democrático y las libertades civiles en Oriente Medio.

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