AMIA: una vez más, la justicia teme investigar

La Justicia perdió ayer una valiosa oportunidad para mostrar su independencia del poder político, al
desestimar la Sala I de la Cámara Federal la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller y otras figuras del kirchnerismo por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Afortunadamente, aún resta la instancia de la Cámara de Casación para que se disponga el inicio de una investigación que se ha vuelto indispensable y que necesita tanto la sociedad como el propio Gobierno.

Sólo una investigación profunda e independiente podrá determinar si tienen fundamento, o no, las graves acusaciones del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA. La sociedad requiere conocer la verdad. Y el Gobierno precisa que sea la Justicia la que determine su inocencia, si es el caso, para poner fin a todas las dudas y sospechas.

Votaron por rechazar la investigación los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, mientras que Eduardo Farah se pronunció por investigar a quienes Nisman había acusado. Para los dos primeros, la sanción del Memorándum entre la República Argentina e Irán no constituyó ningún delito tendiente a encubrir a los acusados del atentado porque, entre otras razones, nunca se puso en práctica, pues fue declarado inconstitucional por la misma Sala I de la Cámara Federal.

Freiler sostuvo que la presentación de Nisman «evidencia una antojadiza concatenación de diversos elementos de juicio que no revisten, en sí mismos, relevancia alguna, pero que son encadenados de forma tal que simulen demostrar la hipótesis delictiva sostenida». Y se preguntó: «¿Cuál es el motivo que llevó al fiscal Nisman a formular su denuncia en este momento? Ninguno de los elementos de juicio a los que hace referencia en su presentación resulta novedoso».

Desde que se conoció el texto de la denuncia del fiscal, muerto en circunstancias aún no esclarecidas pocos días después de presentar su escrito, hubo opiniones encontradas acerca de la solidez de las pruebas que presentaba.

Pero luego llamó la atención la velocidad con que el juez federal Daniel Rafecas desestimó la acusación que el fiscal Gerardo Pollicita basó en su totalidad en el escrito de Nisman. Pollicita apeló y el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, coincidió con él.

Ayer, en su voto en disidencia, el camarista Farah interpretó que Rafecas «efectuó un análisis de fondo sobre los hechos que, además de extemporáneo, carecía de los elementos mínimos de respaldo para ser realizado fundadamente», ya que no concretó las medidas de prueba que le solicitó el fiscal Pollicita. «Al haberse desestimado la posibilidad de abrir la investigación sin dar curso a las pruebas requeridas por el fiscal, no es posible esclarecer si existió una intención -por razones de alineamiento político o ideológico o por razones de conveniencia comercial, o por otros intereses no conocidos aún, pero que la investigación podrá develar- de encubrir a los presuntos autores del atentado a la AMIA», entendió el camarista.

Sugestivamente, Farah recordó: «Es constante la tendencia jurisprudencial de esta Cámara Federal a revocar desestimaciones de denuncias dispuestas por los jueces de primera instancia cuando existe en la causa una hipótesis plausible de ser investigada y medidas pendientes para corroborarla o descartarla».

Luego del dictamen de Moldes, la revista brasileña Veja aportó nuevos elementos que podrían incorporarse a la eventual investigación judicial. Se trata de las declaraciones de ex funcionarios chavistas de Venezuela, no identificados, quienes refrendaron la línea de investigación que señalaba Nisman. Para este fiscal, las escuchas telefónicas de conversaciones entre Jorge «Yussuf» Khalil, representante de la comunidad iraní en Buenos Aires, y dirigentes afines al kirchnerismo indicaría que el acuerdo que el gobierno argentino firmó con su par iraní procuró otorgarles impunidad a los acusados del atentado y, al mismo tiempo, obtener beneficios económicos.

Las fuentes de Veja agregaron que Irán habría enviado dinero para la campaña de la Presidenta en 2007 a cambio de impunidad para los acusados en el atentado y la provisión, por parte de la Argentina, de tecnología nuclear para el régimen de Teherán.

La política ha enturbiado y a veces obstaculizado la genuina investigación judicial que requería y aún requiere el atentado a la AMIA desde 1994, año en que ocurrió el salvaje hecho. Por desgracia, lo mismo parece estar ocurriendo con la denuncia de Nisman.

De persistirse en la tesitura de no darle curso, las sospechas aumentarán. Se equivoca el Gobierno si considera que lo resuelto por Rafecas, primero, y por los camaristas, después, equivale a un esclarecimiento. De ninguna manera. A estas alturas, el único esclarecimiento válido es el que debe proveer una investigación judicial seria.

El fiscal de la Cámara, Moldes, tiene ahora diez días hábiles para apelar el fallo y pedir que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal.

Lamentablemente, este nuevo rechazo a la labor de Nisman tiene lugar en momentos en que sectores interesados han procedido a una suerte de demonización del fiscal, empapelando las paredes porteñas con fotos íntimas del funcionario fallecido.

En efecto, Nisman ha sido demonizado por un Gobierno que, en lugar de rebatir los argumentos que él enarboló, ha decidido insultarlo y ha sacado a relucir como si fuesen pecado aspectos de su vida privada. Es una clara señal de cobardía frente a alguien que ni siquiera puede defenderse.

Fuente: Editorial I publicada en el diario Lanación en su edición impresa e online.

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