Juntos por AMIA: «Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no haya una intervención en AMIA»

En una conferencia de prensa que realizó la agrupación Juntos Por AMIA en el Estudio de Abogados CEK junto al Dr. Alberto Rubio, quien es el letrado que representa al grupo opositor ante la denuncia en el INAES de «padrón clientelista» y las dos suspensiones de las elecciones ante la justicia. Además en el encuentro estuvieron Pedro Buki, , Sergio Brukman, Ariel Grun, Jorge Szczapeowy y José Scaliter.

En primer lugar, Ariel Grun, uno de los voceros ante los medios de comunicación de la agrupación, comentó a los periodistas presentes cuál fue la situación que detonó en esta batalla judicial, que aún hoy no tiene un horizonte claro, y que todavía no se sabe en qué puede terminar. El letrado Rubio detalló algunas irregularidades a nivel contable con respecto a la moratoria que fue hecha para «algunos socios que integran el Bloque Unido Religioso», según anunció en su momento Juntos por AMIA, y además del mal manejo contable con la deuda que tenían estos 8.127 socios.

En primer lugar el abogado se refirió a la extensión de la moratoria: «La extensión de la moratoria surge de una acta de comisión directiva la cual el socio, que es un invitado permanente, Manuel Junowicz explica que hay gente que se beneficio con este plan de pago. En esa reunión de comisión directiva aparecen dos cosas; la primera es que hablan de un memo-reenganche de socios 2016, nadie lo conoce ni lo vio. En el acta que se labró con el Oficial de Justicia en la que se le solicita que lo exhiban y ellos alegan que el Departamento de Socios no existe, pero confirman que en ese departamento se labró el memo. Cuando se lo pedimos a auditoría interna no lo tenían tampoco. La cuestión que ese memo no existe, que le permitía a los socios pagar en 12 cuotas para ponerse al día. Pero algo existe por qué cuando este invitado permanente expresa en esa reunión de comisión que se hizo una moratoria para los 8.127 socios. La CD en vez de negar la existencia de la moratoria afirma que va a extender esa moratoria para todos los socios. La consecuencia lógica es que si vos extendes algo es que en algún momento empezó; en ese caso mostrame cuándo lo decidiste y qué publicidad le diste. Si vos tomas las actas de comisión directiva de los últimos 10 años no hay moratorias. Ellos alegan que siempre uno año antes de las elecciones se decide hacer una moratoria. No hay que ni preguntarlo, es una costumbre en AMIA».

También se refirió a una cuestión «grave» según la calificó el Dr. Rubio con respecto a la forma que ponían en AMIA la deuda de socios del Bloque Unidos Religioso: «Si vos tomas la cuentas corrientes de los socios hasta abril de 2013 está pago, después desaparece cualquier movimiento en la cuenta corriente, y aparece algún mes que otro del 2014, y luego aparece todos los pagos juntos en febrero del 2016, ¿cuál es el sentido?. Teóricamente vos deberías ir devengado la cuenta de cada socio en cada mes. Pero vos tenes un artículo del Estatuto de AMIA, que se elaboró en 1956, que cuando alguien debe tres cuotas lo tenes que intimar a pagar y sino no paga queda automáticamente suspendido hasta que vuelva a pagar todo. De esta manera, la CD se aseguraba que no suspendieran a nadie y no tenían que volcar en balance la deuda. En el balance no se ven deudores por socios que si vos tomas 8.127 de socios que deben 8 meses del 2013 más gran parte del 2014 y 2015, que hasta febrero lo debían, tendrían que haberlo puesto en el balance; cómo es la previsión por intereses y por incobrabilidad, y además se lo tenes que decir al auditor. Eso también es una de las cosas que encontramos secuestrando la documentación de las cuentas corrientes. Eso quiere decir el monto total de esta irregularidad es de 30 millones de pesos en los últimos tres años».

Hasta el momento hubo tres acciones judiciales por parte de Juntos por AMIA, según detalló el abogado: «La primera presentación fue el pedido de exhibición de documentación en marzo. La segunda  fue una medida cautelar de frenar las elecciones en abril, que la suspendieron. Y la tercera es el pedido de extensión de la primer medida cautelar a cualquier otro llamado a elecciones que quisieran hacer. Eso serían las medidas urgentes, pero los temas de fondo; el juicio de nulidad del llamado a elecciones, juicio madre, y el pedido de declaración de ineficacia admisnistrativa qué se tramita ante el INAES».

Ante a consulta de la CADENA JUDÍA DE INFORMACIÓN VIS A VIS acerca de en qué estado se encuentra la causa en el INAES y si esta investigación puede derivar en una intervención estatal en la AMIA, el letrado Rubio expresó: «Si el ente considerá que las irregularidades son groseras puede declarar la intervención, aunque será la Justicia la que decidirá si corresponde o no la intervención. Hoy lo que tienen son veedores».

Con respecto a una posible intervención, Jorge Szczapeowy afirmó: «Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que no exista una intervención. Lo que sucede es que las respuestas que venimos teniendo, por lo menos hasta ahora, están llevando a que automáticamente empiecen a haber presiones extrañas, que no tenemos nada que ver, pero de la forma que están planteando lo que pretenden es que quedemos mal parados nosotros. Ante la opinión lo que queda es que el grupo que presentó la intervención ante la justicia llevó a que se intervenga la AMIA. Pero hay una mirada, que no es tan así, y es parte de esto que venimos hablando».

Por su parte el representante legal comentó una situación anómala que se está viviendo en el expediente judicial en la Cámara Nacional de Apelaciones, que se encuentra en una mediación previa al juicio por la causa madre: «Hace pocos días tuvimos acceso al expediente y nos enteramos que AMIA tiene dos apoderados que no están conectados entre sí, y entonces el juzgado le solicita que aclaren cuál de los dos es el apoderado. Tienen a Alberto Tujman y Ezequiel Cura. Lo que quiero señalar es que cuando vos sos abogado interno alguien te dijo anda para adelante y te firmo el poder. Primero hicieron el acta de directorio entregándole al escribano el poder».

El Dr. Rubio aseguró que ellos pidieron un funcionario normalizador, que eso le aseguraron que lo van a evaluar en la sentencia definitiva, y la función de esta persona es sentarse con los padrones a evaluar caso por caso. Ante la pregunta de este medio acerca de qué se sabe de la veeduría hasta el momento el letrado enfatizó: «Está trabajando y nosotros solicitamos un pedido de audiencia con los veedores. Lo que yo pregunté en el INAES cuándo va a haber informe de gestión, y me dijeron que no hay un manual que van evaluando caso por caso, sí presentan un informe en el expediente o un informe final. Sí hubo pedidos de documentación a AMIA y están investigando las denuncias».

 

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