La ex presidenta y el acuerdo con Iran

La Justicia debe investigar si uno de los móviles del convenio fue violar el embargo a Teherán, con la complicidad del régimen de Hugo Chávez

El peor atentado terrorista que registra la historia argentina, el de la AMIA, no sólo permanece impune, sino que su accidentada investigación ha generado expedientes paralelos por presunto encubrimiento, en los que se encuentran imputados dos ex presidentes: Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de dos causas diferentes. La que reviste mayor gravedad, si llegaran a confirmarse las imputaciones, es la que involucra a la ex presidenta y a varios de sus funcionarios y allegados, a quienes se acusa de encubrir a los iraníes sindicados como los responsables del cobarde atentado ocurrido en 1994, que costó la vida a 85 personas e hirió a otras 300.

Ese expediente se basa en la denuncia del ejecutado fiscal Alberto Nisman y está a cargo del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Eduardo Taiano. En él se investiga si la firma de un bochornoso memorándum con Irán, que impulsó Cristina Kirchner y que contemplaba la revisión de las pruebas que complican a los iraníes, tenía la intención de beneficiarlos.

A partir de la reciente declaración de uno de los imputados, en el expediente también deberá investigarse si aquellas negociaciones con Irán, que en un principio fueron negadas por el anterior gobierno, tuvieron un correlato comercial que podría haber incluido asistencia nuclear del gobierno argentino al régimen de Teherán.

Así lo afirmó en su indagatoria el ex agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) Ramón Allan Bogado, quien mencionó una presunta triangulación entre nuestro país, Venezuela y el régimen de los ayatolás dirigida a entregarle a Irán tecnología para enriquecer uranio.

Bogado agregó que, para cubrir la real naturaleza de ese intercambio, se habrían empleado convenios agrícolas con Venezuela por abultadas cifras. El ex espía aportó varias carpetas que se incorporaron como anexos a su declaración y sostuvo que otro de los imputados, el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, recibió dinero de Irán destinado al financiamiento de la campaña de la ex presidenta, en 2011. Recordemos que el avión de Pdvsa procedente de Caracas en el cual se incautaron en el Aeroparque cientos de miles de dólares que enviaba el presidente venezolano Hugo Chávez también iban destinados a la campaña de la ex presidenta.

No es la primera vez que se mencionan negocios con el gobierno iraní, un régimen que ha mostrado una voluntad contraria a colaborar ante los reiterados requerimientos de la justicia argentina en la causa del atentado.

En sus indagatorias, la ex presidenta y su entonces canciller Héctor Timerman han negado que el objetivo del memorándum de entendimiento fuera beneficiar a los imputados por el atentado. Ese instrumento, que entre otras medidas contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad que iba a estar integrada por juristas extranjeros elegidos por ambos países para revisar las pruebas de la causa de la AMIA, fue aprobado por el Congreso, pero como Irán no lo refrendó, nunca llegó a entrar en vigor. Esta es una de las chicanas de la defensa que han llevado a cabo Kirchner y Timerman.

Dada la gravedad de las acusaciones y los altos cargos desempeñados por muchos de los imputados, se requiere una profunda, independiente y objetiva actuación judicial que se centre en la valoración de las pruebas dejando a un lado cualquier componente ideológico o político.

En función de las indagatorias, en los últimos días se llegó al absurdo de que no se encuentra un solo testimonio de algún funcionario técnico argentino que haya participado de la redacción del memorándum.

Sólo el ex canciller se ha adjudicado dicha redacción, cuando es archiconocido que el ex secretario general de la Presidencia Carlos Zannini revisaba y daba forma a todos los movimientos de Cristina Kirchner.

Por otro lado, se puede inferir que Timerman no dice la verdad. De no identificar a quien lo haya escrito por nuestro país, podría confirmarse que sólo lo escribió Irán y que fue aceptado integralmente por el Poder Ejecutivo que encabezaba la ex presidenta, constituyendo esto una cesión de soberanía sin precedente sobre un hecho de índole tan grave como es la investigación de un atentado. Una traición tan manifiesta como imperdonable.

La actuación judicial no debe perder de vista en ningún momento lo que ya hemos expresado en estas columnas al condenar la firma del acuerdo celebrado con Irán: que ni la política nacional ni la internacional deberían entrometerse cuando la memoria de los 85 argentinos fallecidos, sumados los heridos, los familiares y toda la sociedad, reclaman y merecen verdad y justicia; la verdad y la justicia que se les viene negando desde hace ya más de 23 años.

Fuente: Diario La Nación

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