El presidente de B’nai B’rith, Seth J. Riklin, y el director ejecutivo, Daniel S. Mariaschin, emitieron la siguiente declaración:
B’nai B’rith International condena en los términos más enérgicos posibles la solicitud del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de que la sala de cuestiones preliminares de la CPI apruebe órdenes de arresto para el primer ministro y el ministro de defensa de Israel. La medida sería una grave injusticia para la única democracia de Oriente Medio, un grave impedimento para el contraterrorismo que salva vidas en cualquier lugar y una profunda degradación de la posición de la propia corte.
La CPI no tiene jurisdicción sobre Israel, que, al igual que Estados Unidos, no es parte en ella. Israel, obligado durante décadas a luchar por su existencia y la supervivencia de sus ciudadanos contra enemigos que abiertamente han jurado destruir completamente el país, ha puesto más cuidado en combatir a esos enemigos que cualquier otra parte en un conflicto comparable.
Intentar procesar legalmente a los funcionarios electos de una democracia sería una recompensa y un incentivo para los terroristas que utilizan a sus propias poblaciones como escudos humanos para maximizar la matanza, y obstaculizaría la capacidad de los países para cumplir prácticamente con su principal deber de proteger a sus propios ciudadanos contra las atrocidades. En este caso, también alimentaría aún más el virulento sentimiento antiisraelí y antijudío en todo el mundo y haría que la resolución del conflicto palestino-israelí fuera mucho más difícil de lo que ya es.
Si bien el fiscal de la CPI también tiene la intención de ejecutar con justicia órdenes de arresto contra líderes de la organización terrorista palestina Hamás, la implicación de equivalencia entre líderes del gobierno israelí y yihadistas genocidas cuyos agentes han participado en incendios masivos, decapitaciones, violaciones, torturas y tomas de rehenes de civiles diversos es impensable.
La sala de cuestiones preliminares debe rechazar la solicitud del fiscal y todos los líderes mundiales responsables deben denunciar el devastador uso indebido del tribunal internacional.
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