Un joven de 22 años que se identifica como nazi fue acusado formalmente por llamar a “apuñalar judíos” y “quemar sinagogas”.
Humberty Jesús Carrillo-García, oriundo de Gurabo, Puerto Rico, fue arrestado y permanece detenido en espera de juicio luego de que un gran jurado presentara una acusación formal por realizar comunicaciones interestatales amenazantes entre marzo y junio de 2026, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 875(c), según anunció Héctor Ramírez-Carbó, Fiscal Federal Interino del Distrito de Puerto Rico.
“Este individuo manifestó su deseo de causar daño a diversos grupos de personas, incluyendo agentes del orden federales y estatales, e incitó a otros a cometer actos de violencia contra múltiples grupos. La Fiscalía de los Estados Unidos no tolera las amenazas ilegales, especialmente aquellas dirigidas contra personas inocentes”, declaró Ramírez-Carbó.
“Continuaremos colaborando con nuestros socios de las fuerzas del orden para proteger a nuestra comunidad de aquellos individuos que ponen peligran nuestra seguridad pública”, añadió.
Carrillo-García publicó en redes sociales amenazas y mensajes violentos contra agentes del orden público, militares y comunidades religiosas.
El pliego acusatorio incluye cinco cargos contra el puertorriqueño, que se identificaba como nazi y manifestaba su deseo de matar judías, soldados estadounidenses y otros grupos específicos, además de expresar su intención de cometer ataques terroristas contra sinagogas.
La Fiscalía federal también sostiene que el acusado publicó fotografías en las que aparecía sosteniendo un cuchillo y un machete, así como videos en los que presuntamente exhortaba a cometer actos violentos contra policías, agentes federales, militares estadounidenses y personas judías.
En esos videos también instó a incendiar negocios de “gringos” y templos de los Testigos de Jehová así como iglesias pentecostales.
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Presuntamente, también amenazó con atacar diversas instalaciones, entre ellas la Casa Blanca, Fort Buchanan, Camp Santiago, oficinas de correo y varias instituciones bancarias.
En caso de que lo encuentren culpable, cada uno de los cinco cargos en su contra conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Vía El Nuevo Día