Los diputados nacionales Gustavo Ferrari y Patricia Bullrich se manifestaron a través de las redes sociales tras conocerse el pedido del fiscal general de la Causa AMIA, Alberto Nisman, de inconstitucionalidad del «memorándum de entendimiento» con Irán.

El legislador del Peronismo Federal, Gustavo Ferrari, dijo: «Adhiero al dictamen presentado por el fiscal de la causa AMIA, a través del cual pidió la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Nisman consideró que el memorándum de entendimiento constituye una ‘indebida intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en una esfera exclusiva de la función judicial'».

Ferrari explicó que «esto mismo manifesté en febrero de este año cuando el Congreso aprobó este memorándum y yo voté en contra». A su vez, criticó al Ejecutivo ya que dijo que «es una vergüenza y afecta nuestra soberanía nacional al desacreditar nuestra Justicia». «El gobierno debe escuchar las advertencias de que el acuerdo contribuye a la impunidad, lo que resulta una gran ofensa a las víctimas», resaltó.

«Definitivamente NO se puede avanzar en el Acuerdo con Irán cuando el propio Fiscal lo considera inconveniente para la investigación», finalizó.

Por su parte, Patricia Bullrich, Diputada Nacional y Presidente del Bloque Parlamentario Union por Todos, fue contundente: «BIEN Nisman! consideró que acuerdo con Irán es «una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia, pidió su inconstitucional».

El fiscal de la causa AMIA realizó una presentación ante el juez Rodolfo Canicoba Corral pidiendo la inconstitucionalidad del acuerdo firmado con la República Islámica de Irán, por entender que constituye «una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia».

Para Nisman el acuerdo «viola de manera manifiesta el artículo 109 de la Constitución Nacional», por lo que impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, y el artículo 27 del mismo cuerpo legal, que establece que «los tratados que se firmen con potencias extranjeras deben estar de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución Nacional, principios que son reiteradamente pisoteados».

Además, especifica: «La vulneración del sistema republicano de gobierno; la división de poderes; la independencia judicial; la garantía del debido proceso; el principio del juez natural; el derecho de defensa en juicio; el principio de igualdad ante la ley; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia».

El Fiscal General de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó hoy la declaración de inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento firmado con la República Islámica de Irán, por entender que constituye una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial, por constituir una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia y por resultar un avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Ello acarrea responsabilidad internacional del Estado Argentino, que corre un serio riesgo de ser sancionado por organismos internacionales de Derechos Humanos, sostuvo el Fiscal.

En una presentación realizada en el día de la fecha ante el Juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, Nisman analizó en forma pormenorizada la cuestión y sostuvo que el memorándum constituye una reiteración interminable de violaciones de garantías constitucionales, entre las que incluye la vulneración del sistema republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial, la garantía del debido proceso, el principio del juez natural, el derecho de defensa en juicio, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia.

Además, el Dr. Nisman sostuvo que, con este acuerdo, se viola de manera manifiesta el artículo 109 de la Constitución Nacional, que impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales y el artículo 27 del mismo cuerpo legal, que establece que los tratados que se firmen con potencias extranjeras deben estar de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución Nacional, principios que son reiteradamente pisoteados por el memorando.

En otro apartado, el Fiscal examinó la naturaleza y orígenes de las “Comisiones de la Verdad” y los casos en que los Estados se valen de ellas, concluyendo que el expediente AMIA se encuentra en las antípodas de los supuestos que habilitan recurrir a este tipo de comisiones. Según el Fiscal, en el contexto del caso AMIA, esta comisión es flagrantemente inconstitucional, por tratarse de un órgano político que arrebata temporariamente la causa a su juez natural, para ejercer funciones netamente jurisdiccionales, al punto que insólitamente se encuentra facultada para recibir la evidencia, revisarla, efectuar un análisis detallado de la prueba de cada uno de los acusados, recolectar material probatorio, requerir información adicional, interrogar a los acusados, interrogar al juez de la causa y emitir un informe. Nótese que dicho informe que, sin ningún tipo de control ni facultades de revisión elaborará la Comisión, sea cual fuere su contenido; esto es, diga lo que diga, será considerado como “la verdad”, ambos Estados se verán obligados a tenerlo en cuenta y ajustar su accionar futuro a dicho reporte, el cual deberá atender a la legislación del país que ha venido protegiendo a los acusados de un acto de terrorismo internacional. Todo esto contraviene de manera manifiesta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, todos ellos tratados internacionales con la misma jerarquía que la Constitución Nacional, por imperio de su artículo 75, inc. 22.

Estos instrumentos consagran la independencia e imparcialidad de la justicia como un derecho humano fundamental, lo que pone en jaque al Estado Argentino por posibles sanciones tanto ante el sistema interamericano de Derechos Humanos como ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A juicio del Fiscal, este órgano político parajudicial invade al Poder Judicial y se convierte en juez de los jueces naturales, ofendiendo la división de poderes y la independencia judicial y, aun en el caso de convalidar lo actuado por el Juez de la causa, abre la puerta a un sinnúmero de nulidades que terminarán condenando la causa a su archivo, evitando la posibilidad de realizar justicia para los 85 muertos.

En su dictamen, el Fiscal dejó bien en claro su reconocimiento a las amplias atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional para celebrar tratados con quien le plazca, e incluso de poner en marcha un proceso de negociación con la República Islámica de Irán, por resultar la concreción de decisiones políticas de carácter discrecional, exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo, extremo que no resulta judiciable. Lo conflictivo aparece cuando, como en el caso, lo acordado con otro estado contraviene –cualquiera fuera el ángulo desde el que se lo analice– la Constitución Nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía, máxime cuando ello ocurre de una manera tan manifiesta y grosera como la que se verifica en este caso.

Luego de exponer las restantes garantías constitucionales violadas, el Fiscal culminó su dedicada presentación sosteniendo que no existe vulneración más flagrante al debido proceso legal que extraer al Poder Judicial de la Nación el conocimiento de una causa en trámite para entregárselo, aunque sea temporariamente, a un órgano político, lo que constituye una grave afrenta a los principios y derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El secretario  de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, recibió, hoy hace pocos minutos, al presidente de la DAIA, Julio Schlosser, a quien le expresó su “más enérgico repudio contra el intento de interrupción del acto Interreligioso celebrado en conmemoración del 75º Aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, que se celebró ayer, en la Catedral metropolitana”.

Oliveri agregó, en una misiva dirigida al titular de la entidad, que “a través de la presente manifiesto mi rechazo absoluto ante esta muestra de intolerancia que agravia a toda la comunidad argentina, que históricamente se sustenta en valores de respeto y de convivencia pacifica entre sus habitantes”.

Schlosser, acompañado por el director ejecutivo de la entidad, Victor Garelik, agradeció la invitación formulada por el secretario de Culto y expresó que, “la rápida respuesta de Oliveri refleja el espíritu inclusivo y democrático que impera en nuestra sociedad”.

A su vez, las autoridades de la DAIA estuvieron más temprano reunidas con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para hablar sobre algunas inquietudes de la entidad y organizar una agenda de trabajo conjunta.

Los principales temas de la reunión fueron el trabajo conjunto en contra de la discriminación y a favor de la inclusión.

Tras la reunión, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, reconoció que «vinimos a conversar sobre las cuestiones que le preocupan a la DAIA y la necesidad de actuar conjuntamente en todo lo que son temas de discriminación e inclusión».

Mientras que el ministro Rossi dijo: «Es muy importante haber recibido a la DAIA y haber construido una agenda de trabajo conjunta».

Un joven rabino de Connecticut (EE.UU.) devolvió a su legítima propietaria los 98 mil dólares que encontró embutidos en el interior de un escritorio de segunda mano, al considerar que era su deber y lo que determina la ley judía.

El rabino Noah Muroff, que es maestro en una escuela judía de New Haven (Connecticut), explicó que encontró el dinero en efectivo dentro de una bolsa de plástico cuando desmontó el mueble para hacerlo entrar en el estudio de su hogar.

«El escritorio no pasaba por la puerta por apenas un centímetro», indicó Muroff, quien, al retirar los cajones junto a su esposa, encontró una bolsa de plástico detrás de estos en la que había 98 mil dólares en efectivo.

La pareja, que había adquirido el mueble de segunda mano en septiembre en el popular portal de compra-venta y alquileres Craiglist por 150 dólares, no dudó un instante en decidir cuál era el proceder correcto.

«Mi mujer y yo nos miramos el uno al otro y dijimos: ‘No podemos quedarnos este dinero'», explicó el rabino, por lo que llamó a la señora a quien había comprado el mueble,
que en el momento de la transacción le explicó que ella misma lo había montado tras comprarlo en unos grandes almacenes.

Según la anterior propietaria del mueble, el dinero procedía de una herencia y lo había estado buscando «por toda la casa» sin recordar que estaba en el escritorio.

Al día siguiente, el rabino, junto a su esposa y sus cuatro hijos, se encontró con la señora y le devolvió el dinero.

«Deberían aprender de esto», indicó el rabino en referencia a sus hijos, para añadir que «la ley judía requiere, por lo general, devolver los objetos encontrados a su legítimo propietario».

La anterior dueña del escritorio escribió en agradecimiento una carta en el blog de noticias judío «Vos Iz Neias», en la que aseguró que no tenía suficientes palabras para agradecer la honestidad e integridad de Muroff.

«No creo que mucha gente en este mundo hubiese obrado como lo hizo usted. Me gusta creer que aún hay buenas personas en este mundo loco en el que vivimos y usted es, a ciencia cierta, una de ellas», escribió la mujer, que pidió que su identidad no fuese revelada. EFE