Una interna entre jueces de Casación dilata la definición sobre el memorándum con Irán

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El máximo tribunal penal del país protagoniza una sorda disputa interna desde hace semanas para definir si es constitucional o no el acuerdo que el Gobierno firmó con Irán. Deben definirlo tres jueces enfrentados entre sí por las repercusiones que ese fallo podrían tener sobre la causa AMIA y la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Los protagonistas son tres camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal: Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y el subrogante Luis María Cabral. Juntos deben resolver si confirman el fallo de la Cámara Federal porteña, que en mayo del año pasado determinó que ese acuerdo violaba la Constitución.
Las diferencias de criterio entre los tres son conocidas entre sus pares, según fuentes judiciales. Por un lado, Gemignani se muestra proclive a ratificar que el pacto con Irán es inconstitucional, mientras que Cabral -de buen diálogo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti- se ubica en una posición más ambigua.
El tercer y decisivo voto es, por ahora, el de Ledesma, quien también considera endeble la posición de la Casa Rosada, pero con la que mantiene una buena sintonía. Y por ese motivo busca postergar la decisión o apartarse del expediente que se encuentra desde noviembre pasado a la espera de que la propia Ledesma -como presidenta de la sala- convoque a la audiencia prevista en el Código Procesal Penal para ese recurso.
La tensión entre los camaristas llegó a tal punto que Ledesma solicitó una licencia por «estudios» por cuatro meses que Lorenzetti le concedió el 23 del mes pasado -con una velocidad inusual-, pero efectiva recién desde el próximo martes, por lo que Ledesma decidió también enviar una consulta a las Naciones Unidas (ONU) que podría postergar el fallo durante meses o, incluso, años.
Con el apoyo de Cabral, Ledesma dispuso el viernes pasado como «medida de mejor proveer» que la Cancillería consulte a las autoridades en Nueva York de las Naciones Unidas si el memorándum de entendimiento que el Gobierno firmó con Irán se registró en las oficinas de la propia ONU, una medida que los funcionarios que firmaron ese acuerdo ni siquiera previeron ni dispusieron.
Con esa medida, sin embargo, Ledesma podría llegar sin sobresaltos a su licencia, cuando dadas las excusaciones de varios colegas, sólo podría reemplazarla Ana María Figueroa, a la que le atribuyen buena sintonía con el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
La licencia de Ledesma resulta singular. Será por cuatro meses y «sin goce de haberes», según indicó Lorenzetti al firmar la resolución 165/15, «a fin de concluir un trabajo de investigación estrictamente ligado al fuero en el que se desempeña». LA NACION intentó consultar a Ledesma, pero a través de una colaboradora explicó que «no recibe a periodistas». El expediente en el que Ledesma prefiere no participar es acaso el más relevante que ha pasado por la Casación durante la última década. Y divide las aguas en Tribunales desde que se inició, en marzo de 2013.
En primera instancia, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral consideró que el pacto entre la Casa Rosada y Teherán es constitucional. Pero en mayo del año pasado, la Cámara Federal revocó su decisión a pedido de las organizaciones AMIA y DAIA, que se opusieron al acuerdo.
Con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, la Cámara consideró que el memorando es inconstitucional porque ignora la competencia de la justicia argentina, avanza sobre la división de poderes, condiciona las decisiones del Poder Judicial y no tiene en cuenta a las víctimas, que serían consideradas «convidadas de piedra».
Con esos y otros argumentos, la Cámara Federal también suspendió los efectos del acuerdo, por lo que el Ministerio de Justicia llevó el expediente -que tramita con los plazos en teoría más perentorios del amparo- hasta la Casación. Ya se encontraba allí cuando Nisman radicó su denuncia contra la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, entre otros, como también cuando el fiscal apareció muerto.
En ese nuevo contexto, la decisión que pueda adoptar la Casación cobra otra relevancia institucional. Resultará decisiva tanto para el futuro de la causa AMIA como para la denuncia por presunto encubrimiento que presentó Nisman. Si el máximo tribunal penal concluyera que el acuerdo con Irán es constitucional, resultaría aún más difícil sostener y probar el supuesto dolo.

Fuente: La Nación

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