La renuncia del juez federal Alfredo López no puede ser analizada como un acto administrativo más. Llega en un contexto específico: cuestionamientos vinculados a la difusión de expresiones de contenido antisemita que, por su naturaleza, resultan incompatibles —al menos en términos potenciales— con la función judicial.
No se trata de una discusión abstracta ni de una diferencia de opiniones.
Se trata de determinar si un juez de la Nación incurrió en conductas que podrían comprometer su imparcialidad, su idoneidad y, en definitiva, la legitimidad del sistema de justicia.
En ese marco, aceptar la renuncia sin más implicaría interrumpir el proceso institucional destinado precisamente a esclarecer esos hechos.
No es un caso aislado: es un test sobre cómo responde el sistema cuando uno de sus propios integrantes es cuestionado.
El punto central: el jury no es optativo
El Consejo de la Magistratura avanzó en un sentido claro al impulsar mecanismos de evaluación sobre la conducta del magistrado. En ese contexto, la renuncia aparece como una decisión que no puede ser analizada de manera aislada.
La pregunta, entonces, no es si corresponde aceptarla.
La pregunta es otra:
¿puede el sistema permitir que un juez evite el jury renunciando antes de ser evaluado?
El jury de enjuiciamiento no es una sanción anticipada. Es el mecanismo constitucional previsto para determinar responsabilidades frente a posibles supuestos de mal desempeño.
Evitarlo implica privar a la sociedad de una instancia institucional clave: la de reconstruir la verdad de lo ocurrido.
El rol del Poder Ejecutivo: una decisión que define el estándar institucional
La aceptación de la renuncia de un juez federal no es un acto automático. Requiere la intervención del Poder Ejecutivo.
En este caso, el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Javier Milei, tiene la posibilidad de adoptar una decisión que excede lo meramente formal.
Aceptar la renuncia en este contexto podría implicar, en los hechos, impedir que se active plenamente el mecanismo constitucional de control.
No aceptarla, en cambio, permitiría que el jury de enjuiciamiento cumpla su función.
No se trata de interferir en otro poder.
Se trata de no bloquear el funcionamiento de los mecanismos institucionales previstos para evaluar la conducta de un magistrado.
Antisemitismo y función judicial: un límite que el sistema no puede relativizar
No estamos ante cualquier tipo de manifestación.
Las expresiones que se le atribuyen al magistrado —en la medida en que puedan ser verificadas y analizadas en su contexto— requieren un estándar especialmente riguroso de evaluación.
El antisemitismo no es una opinión más.
Es una forma histórica de discriminación que impacta directamente en principios estructurales del sistema democrático.Por eso, cuando esas manifestaciones provienen —o podrían provenir— de un juez, la cuestión deja de ser individual y pasa a ser institucional.
Lo que está en juego no es solo la conducta de una persona, sino la confianza en la imparcialidad del sistema de justicia.
No aceptar la renuncia: condición para que el sistema funcione
Aceptar la renuncia en este contexto no es una decisión neutra.
Es, en los hechos, una definición sobre si el sistema está dispuesto a investigarse a sí mismo o a permitir que ciertos hechos queden sin el debido análisis institucional.
El orden lógico debería ser claro:
primero, el jury;
luego, la definición sobre la situación funcional.
Solo así puede determinarse si existió o no un apartamiento de los deberes propios del cargo.
De lo contrario, se corre el riesgo de consolidar un mecanismo de salida que, en los hechos, evita el control.
En este punto, no puede dejar de señalarse que una renuncia en estas condiciones puede operar, en los hechos, como un intento de sustraerse al proceso institucional, consagrando una forma de impunidad y preservando beneficios asociados al cargo, como el régimen jubilatorio especial.
La dimensión penal: un análisis que no puede quedar desplazado
Más allá del plano disciplinario, existe una dimensión adicional que no puede ser omitida.
Las conductas atribuidas —en caso de verificarse— deben ser analizadas también a la luz de la Ley 23.592, que sanciona la promoción o incitación a la discriminación por motivos religiosos, entre otros.
El jury y la eventual responsabilidad penal no son excluyentes.
Son planos distintos.
Y ambos deben ser considerados.
La renuncia no extingue esa posibilidad.
No impide el análisis.
No limita la eventual investigación.
Un contexto que agrava la exigencia institucional
Este caso no ocurre en el vacío.
El 18 de marzo de 2026, Argentina asumió la presidencia de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), el principal organismo internacional dedicado a la memoria del Holocausto y a la lucha contra el antisemitismo.
Ese dato no es menor.
Implica un compromiso internacional activo en la prevención, identificación y sanción de conductas antisemitas.
En ese marco, aceptar la renuncia de un juez frente a cuestionamientos de esta naturaleza, sin que medie un proceso institucional de análisis, resultaría contradictorio con ese compromiso.
Jorge Monastersky
Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Posgrado en Derecho Procesal Penal Profundizado.
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Instagram: @JorgeMonastersky
