Seis residentes de Pittsburgh enfrentan 15 años de prisión tras atacar a un estudiante judío en 2024 por llevar un Maguén David.
Un gran jurado federal en Pittsburgh los acusó de violar la Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr., obstruir la justicia y conspirar para obstruir la justicia en relación con un ataque ocurrido en septiembre de 2024 contra un hombre judío en el barrio de Oakland, según anunció hoy el fiscal federal Troy Rivetti.
La acusación formal de siete cargos nombra como implicados a Muhammed Koc, de 27 años, de Pittsburgh; Omar Alshmari, de 28 años, de Monroeville; Abraham Choudhry, de 22 años, de Monroeville; Emirhan Arslan, de 24 años, de McKees Rocks; Ali Alkhaleel, de 19 años, de Pittsburgh; y Adeel Piracha, de 22 años, de Murrysville.
“Procesaremos este presunto acto de antisemitismo violento con todo el peso de la ley”, declaró la fiscal general Pamela Bondi.
Además, dijo: “Este Departamento de Justicia siempre protegerá el derecho a la libertad de culto, amparado por la Primera Enmienda, para los judíos estadounidenses y todos los estadounidenses de fe”.
“Según consta en la acusación formal, este incidente comenzó cuando dos acusados agredieron físicamente a una persona debido a su identidad judía”, declaró el fiscal federal Rivetti.
“Posteriormente, estos acusados conspiraron de forma corrupta para proporcionar testimonios falsos y engañosos ante un gran jurado federal encargado de investigar la agresión. La obstrucción es ilegal y socava la búsqueda de justicia; no será tolerada en nuestro sistema legal, especialmente cuando los acusados testifican falsamente en un intento por proteger a quienes cometen delitos de odio y actos de violencia”, manifestó.
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Según la acusación formal, el 27 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 2:01 AM, los acusados, con excepción de Piracha, formaban parte de un grupo que profirió insultos antisemitas contra un estudiante judío en Oakland al ver su collar con un colgante del Maguén David.
Tras una confrontación verbal, durante la cual se hicieron más comentarios antisemitas, Koc y Alshmari agredieron físicamente a la víctima, causándole lesiones corporales que incluyeron dolor físico, un labio partido y dolores de cabeza.
La acusación formal imputa a Koc y Alshmari, en complicidad, el delito de causar lesiones corporales a la víctima de forma deliberada debido a su raza y religión, tanto reales como percibidas.
Más tarde ese mismo día, y durante los meses siguientes, Piracha y los demás acusados comentaron el incidente a través de mensajes en redes sociales y chats grupales. En estas conversaciones, Alshmari se identificó a sí mismo y a Koc como dos de las personas mencionadas en una alerta de la Universidad de Pittsburgh sobre el ataque. En conversaciones posteriores por mensaje de texto, tanto Alshmari como Koc admitieron haber participado en el ataque a la víctima.
La acusación formal alega además que los implicados conspiraron entre sí para obstruir, y de hecho obstruyeron, la debida administración de justicia en relación con este delito. Por ejemplo, al acordar falsear sus testimonios sobre el ataque y proporcionar información falsa y engañosa ante el gran jurado federal. Varios acusados testificaron falsamente sobre si ellos u otros golpearon a la víctima, si el ataque estaba relacionado con la identidad judía de la víctima y su collar con la Estrella de David, y si habían discutido con otros qué decir ante el gran jurado, entre otras declaraciones falsas.
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“El antisemitismo no tiene cabida en nuestro país”, indicó la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
A su vez, aseveró: “El Departamento de Justicia seguirá investigando las denuncias de violencia contra personas de fe y trabajará para garantizar el ejercicio seguro de las prácticas religiosas, ya sea mediante el uso de símbolos religiosos o la visita a lugares de culto”.
“La violencia dirigida contra alguien por sus creencias religiosas es inaceptable en la sociedad estadounidense”, afirmó Richard Evanchec, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Pittsburgh.
Y dijo que “la libertad religiosa es un principio fundamental para muchas comunidades en todo el país. La oficina del FBI en Pittsburgh y nuestros socios locales, estatales y federales están comprometidos a proteger a todas las comunidades religiosas de actos de odio e intimidación. Ante incidentes como este, las fuerzas del orden responderán con rapidez y contundencia, y perseguiremos a los responsables con todo el peso de la ley”.
Para los cargos de delito de odio y obstrucción de la justicia, la ley prevé una pena máxima total de hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 250 000 dólares, o ambas. Para el cargo de conspiración para obstruir la justicia, la ley prevé una pena máxima total de hasta cinco años de prisión, una multa de hasta 250 000 dólares, o ambas. Según las Directrices Federales de Sentencia, la pena impuesta se basará en la gravedad de los delitos y los antecedentes penales del acusado, si los hubiere.