Desde hace muchos años, cada 18 de julio acompaño a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes, a la comunidad judía argentina y a quienes continúan reclamando verdad y justicia frente a la sede de la AMIA, en la calle Pasteur.
A las 9:53 en punto, la hora exacta en que explotó la bomba, suena una sirena. Luego se pronuncian, uno por uno, los nombres de las 85 personas asesinadas. Después de cada nombre, quienes estamos allí respondemos:
Presente.
No es una fórmula ceremonial. Es la expresión de una responsabilidad que Argentina y toda América Latina todavía tienen pendiente.
Este 18 de julio se cumplen 32 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, el ataque terrorista más sangriento de la historia argentina y uno de los atentados antisemitas más mortíferos cometidos fuera de Israel desde el Holocausto. Ochenta y cinco personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas.
Entre quienes murieron había empleados de la institución, vecinos, trabajadores de los comercios cercanos, personas que transitaban por la calle Pasteur y hombres y mujeres no judíos que habían acudido a la bolsa de trabajo de la AMIA en busca de una oportunidad laboral.
No eran números. Tenían nombres, familias, proyectos y sueños.
El atentado contra la AMIA no fue solamente un ataque contra la comunidad judía. Fue un ataque contra Argentina, contra su soberanía y contra sus instituciones democráticas.
También fue una advertencia para América Latina. Demostró que el terrorismo internacional y los regímenes que lo planifican, financian y ejecutan directamente no constituyen una amenaza lejana. Pueden operar en nuestras ciudades, estudiar nuestras rutinas y asesinar a nuestros ciudadanos.
Dos años antes, Buenos Aires ya había sufrido el atentado contra la Embajada de Israel. Sin embargo, Argentina volvió a ser atacada y, durante más de tres décadas, no logró llevar a los responsables ante la Justicia.
La investigación argentina concluyó que altos funcionarios del régimen iraní participaron en la decisión y planificación del atentado, y que Hezbollah fue responsable de su ejecución. Uno de los principales acusados es Ahmad Vahidi, quien en aquel momento comandaba la Fuerza Quds, la unidad de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní.
Los investigadores sostienen que Vahidi tuvo responsabilidad operativa en la preparación del ataque junto con Hezbollah. Desde entonces, no solo logró eludir a la Justicia argentina: continuó ascendiendo dentro del régimen iraní.
Fue ministro de Defensa, ministro del Interior y ocupó cargos centrales en sus estructuras militares y estratégicas. Hoy encabeza la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Seguridad, justicia y memoria, ejes del acto por los 32 años del atentado a la AMIA
Su designación no puede considerarse un simple asunto interno iraní. Que un hombre buscado internacionalmente por su presunta responsabilidad en el asesinato de 85 personas haya sido recompensado con mayor poder constituye una afrenta a las víctimas, una provocación contra Argentina y un mensaje perturbador para toda nuestra región.
Pero la impunidad del caso AMIA no puede atribuirse únicamente a la negativa de Irán a entregar a los acusados. Argentina también debe afrontar su propia responsabilidad.
La investigación estuvo atravesada por corrupción, manipulación de pruebas, interferencias políticas, operaciones de inteligencia y graves irregularidades judiciales. En lugar de conducir a la condena de los responsables, terminó revelando una trama de encubrimiento que profundizó el dolor de las familias y debilitó durante años las posibilidades de alcanzar la verdad.
En 2004, el fiscal Alberto Nisman asumió la investigación y reconstruyó la conexión internacional. Concluyó que las máximas autoridades iraníes habían ordenado el ataque y que Hezbollah lo había ejecutado. En 2006, la Justicia argentina obtuvo órdenes de captura internacional contra varios de los acusados.
En enero de 2015, Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios funcionarios por una presunta maniobra destinada a favorecer a los sospechosos iraníes mediante el Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán.
Fuerte discurso de Osvaldo Armoza, presidente de AMIA: «Es una injusticia que nos quema por dentro»
Cuatro días después, fue encontrado muerto en su departamento, horas antes de comparecer ante el Congreso. La Justicia argentina determinó posteriormente que fue asesinado. Tampoco en ese caso se ha logrado condenar a quienes ordenaron y ejecutaron su muerte.
En los últimos tres años, el gobierno del presidente Javier Milei ha impulsado el esfuerzo más serio en décadas para romper este círculo de impunidad.
Su administración respaldó las conclusiones centrales de la investigación de Nisman, apoyó la legislación que permite realizar juicios en ausencia y obtuvo la aprobación judicial para avanzar contra siete acusados iraníes y tres libaneses, pese a que continúan prófugos.
El gobierno argentino renovó además el pedido de detención de Vahidi, designó a la Fuerza Quds y posteriormente a toda la Guardia Revolucionaria iraní como organizaciones terroristas, y vinculó expresamente a sus dirigentes con los atentados cometidos en Buenos Aires.
Desde el Combat Antisemitism Movement (CAM) reconocemos y agradecemos al presidente Milei y a su gobierno por haber asumido con firmeza una causa que durante demasiado tiempo quedó atrapada entre la parálisis judicial y las conveniencias políticas.
La AMIA, institución socia de CAM, ha sostenido durante más de tres décadas una tarea indispensable de memoria, educación y reclamo de justicia. Acompañarla significa defender el derecho de toda una sociedad a conocer la verdad y exigir que el terrorismo de Estado no sea recompensado con impunidad.
Sin embargo, ninguna declaración política, reforma legal o designación como organización terrorista será suficiente mientras los responsables continúen en libertad.
Las familias siguen esperando. Los sobrevivientes continúan viviendo con las consecuencias físicas y emocionales de aquella mañana. Y la sociedad argentina carga todavía con la certeza insoportable de que nadie ha sido condenado por el mayor atentado terrorista de su historia.
La causa AMIA no pertenece exclusivamente a Argentina ni a la comunidad judía. Es una causa latinoamericana.
Cuando un régimen utiliza el terrorismo como instrumento de su política exterior y logra actuar sin consecuencias durante décadas, la amenaza no desaparece con el paso del tiempo. Se fortalece.
No podemos permitir que los años transformen la impunidad en costumbre ni que la memoria se convierta en un sustituto de la justicia. Recordar es una obligación moral, pero no alcanza. Las víctimas necesitan algo más que homenajes: necesitan que los responsables respondan por sus actos.
Mientras continúen libres, la sirena de la calle Pasteur no será solamente un homenaje. Será también una acusación.
Hasta que llegue la justicia, seguiremos allí, de pie, pronunciando cada nombre y respondiendo:
Presente- Presente- Presente.
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Shay Salamon es Director Ejecutivo para Latinoamérica del Combat Antisemitism Movement (CAM).