El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, dictó este viernes la falta de mérito de los tres ciudadanos iraníes tripulantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur que llegó a la Argentina el 6 de junio pasado y ya podrán volver a su país. En cambio, el Boeing 747 quedará embargado en Argentina por pedido de Estados Unidos.

Los beneficiados son los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi y Saeid Valizadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez y Mario Arraga Urdaneta quienes presentaron descargos escritos con los que respondieron a las acusaciones vertidas por la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

La falta de mérito es una medida intermedia entre el sobresemiento (declaración de inocencia) y el procesamiento (sospechoso sometido a proceso) e implica que el juez los seguirán investigando aunque, por ahora, no tiene pruebas como para tomar esa segunda medida.

La retención de las tripulaciones y el embargo del avión de carga había provocado protestas diplomáticas de parte del régimen chavista e Irán y un debate interno entre el Gobierno y la oposición.

En una resolución de 162 páginas a la que accedió Clarín, el juez describió todas las medidas de prueba que tomó desde unos días después del 6 de junio cuando el Boeing 747 de Emtrasur llegó a la Argentina en un vuelo sospechoso. Villena resolvió ahora porque la Cámara Federal de La Plata le había puesto el martes próximo como plazo máximo para retener a estos tripulantes.

El juez probó en la causa que el avión embargado, antes de llegar a la Argentina, viajó a Siria durante la guerra civil, pero no pudo probar que hubiera transportado armas o soldados del Hezbollah.

Sin embargo, acreditó que Gashemi fue miembro de la Guardia Revolucionaria Iraní y que mantuvo un sospechoso diálogo a través de su celular del día 12/06/2022 que dice textualmente:

Un contacto llamado Dansh le dice: “Querido Capitán, hola la está pasando bien”.

– Ghasemi: “No”.

– Danshpor: “ la noticia dice es cierto” “no lo molestaron no?” porque sino “voy y los aplasto” “traigo a Naghi y hacemos un genocidio”.

– Ghasemi: “No, no, con mucho respeto” Danshpor: “Bueno, gracias a Dios” “Si molestan avisa y traemos a Naghi y los matamos a todos”.

En cuanto a Ghasemi el juez reiteró sus sospechas. Dijo que en primer lugar «existen indicios acerca de su vínculo con la aerolínea Qeshm Fars Air, ello de acuerdo al informe de la empresa Refinitiv de fecha 7 de julio del año en curso y a lo expuesto por el Buró Federal de Investigaciones que se encuentra incorporado en el legajo de prueba».

En esa dirección, el FBI expuso «más allá de ser piloto, resultaría ser CEO y miembro del Consejo de Administración de la citada compañía aérea y que, a su vez, estaría asociado a la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGCQF) y Hezbollah«.

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Además, Qeshm Fars Air «fue identificada por el Tesoro de los EE.UU. en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa proporciona asistencia a Quds Force y a la Aerolínea Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT)». El informe del FBI agrega que «la empresa de aviación Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.o.13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC­QF y por transportar armas y personal para Hezbollah».

Por otro lado, esa agencia de EE.UU. «informó que “La Fuerza Qods ha tenido una larga historia de apoyo a las actividades militares, paramilitares y terroristas de Hezbollah, proporcionándole orientación, financiación, armas, inteligencia y apoyo logístico».

«La Fuerza Qods opera campos de entrenamiento para Hezbollah en el valle de Bekaa, en el Líbano, y al parecer ha entrenado a mas de 3.000 combatientes de Hezbollah en las instalaciones de entrenamiento del IRGC en Irán. La Fuerza Qods proporciona aproximadamente entre 100 y 200 millones de dólares en fondos al año a Hezbollah y ha ayudado a Hezbollah a rearmarse”, agregó.

El Hezbollah está acusado por la Justicia argentina de haber sido el autor material de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

En fuentes judiciales, se afirmó que la causa abierta por una denuncia de la DAIA «abortó una operación de inteligencia» pero no hay pruebas jurídicas como para procesar a los iraníes.

Entre las medidas de prueba disputas, Villena pidió al FBI «se sirva informar todo antecedente que posea en su registro sobre las personas humanas/jurídicas mencionadas» en el fallo.

También libro exhorto internacional a las autoridades de la República de Singapur con el objeto de solicitar toda información sobre «la cuenta 601433642201 (USD) del Banco Oversea Chinese Bankimg Corporation Limited y cuyo titular sería PERMIT 2 FLY PTE. LTD, Código Swift/BIC Code: OCBCSGSGXXX».

Y a Panamá le solicitó todo «dato sobre a la operación bancaria de fecha 02/06/2022 por medio de la cual se procedió al retiro de la suma de 600.000U$S cuyo nombre de comerciante fue identificado como: IPM Project Management. ID:0113788567 con intervención del Banco Banitsmo».

A esos fines se hará saber el hecho que se investiga y el delito en el cual “prima facie” encuadraría el que, a su vez, será transcripto en la rogatoria, así como si existen empresas formados por los investigados.

También, Villena libró exhorto a la República Bolivariana de Venezuela para que solicite «a la empresa Conviasa que remita copia certificada de: 1) las constancias que acredite la cancelación del pago de la aeronave, 2) de toda documentación que posea sobre el asesoramiento de los tripulantes iraníes, en especial de la garantía y su vencimiento, 3) toda documentación referida al traspaso de la aeronave a la empresa Emtrasur».

El juez solicitó a la Unidad de Información Financiera que «se sirva informar todo antecedente que posea respecto de la empresa GRUPO PELOTA CARIBE COMPAÑÍA ANÓNIMA».

Y mandó un exhorto a la República Islámica de Irán «a los efectos de solicitar se sirva aportar toda la información que posea sobre los vuelos que realizó la empresa aérea Qeshm Fars Air hacia Damasco» en los últimos dos años.

Para la querella de la DAIA, los acusados habrían participado de una operación comercial lícita con el fin de obtener dinero y/o bienes con la intención de ser utilizados o a sabiendas de que serán usados en todo o en parte para financiar a organizaciones consideradas terroristas.

Durante la indagatoria estuvieron presentes el juez, la fiscal Cecilia Incardona y un traductor oficial de farsí para que pudiera facilitar el diálogo entre los magistrados y los acusados.

Para el juez Villena uno de los elementos más importantes con los que cuenta la investigación es el documento remitido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos «respecto de la asociación del ciudadano iraní Gholamreza Ghasemi (piloto del avión) a los grupos terroristas designados, las Fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC¬QF) y Hezbollah».

Es justamente el piloto Ghasemi uno de los tripulantes del avión a los cuales el juez le mantuvo la prohibición del país porque entiende que hay situaciones aún no esclarecidas como sus vuelos civiles a Damasco (Siria) y la presencia en su celular de fotos de armas militares y personas vinculadas a la guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah.

Hace dos semanas ya habían declarado los otros dos tripulantes que aún no pudieron salir del país: se trata de los ciudadanos venezolanos Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta, quienes respondieron todas las preguntas que se les formularon desde el juzgado y la fiscalía, según indicaron a Télam fuentes judiciales.

Hace dos semanas el, juez federal Federico Villena sobreseyó a los restantes a 14 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a la Argentina el 6 de junio pasado. En esa oportunidad, además, dispuso el levantamiento de la prohibición de salida del país sobre dos tripulante que aún no habían podido salir de Buenos Aires y la devolución de sus documentos de viaje, según se conoció a través de la resolución a la cual tuvo acceso Télam.

Villena consideró que no hay «mérito suficiente» para convocar a Mahdi Mouseli; Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramirez Martinez; Zeus Rojas Velasquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Perez; Ángel Marin Ovalles; Nelson Coello y José García Contreras a prestar declaración indagatoria.

Y resaltó que «ni la Fiscalía Federal interviniente ni la Querella han solicitado las indagatorias» de los 14 mencionados, y «es por eso que no cabe otra solución que la de dictar su sobreseimiento».

Fuente: Clarín.

El Estado argentino reconoció hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del atentado a la AMIA, la violación de su derecho a la justicia y el encubrimiento, no por negligencia, sino porque los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y las autoridades del Poder Ejecutivo decidieron acusar a inocentes y proteger a sospechosos cercanos al poder.

“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, dijo ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Fue en el final de la audiencia ante la Corte Interamericana, adonde Memoria Activa llevó su reclamo contra la Argentina, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Con esta confesión, la Corte dictará una condena contra la Argentina en los próximos meses que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA; al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica, que incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados, que solicitó Memoria Activa y el CELS y que suman unos 700.000 dólares. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.

Tan fuerte fue el reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino que sorprendió a los propios jueces de la Corte. El colombiano Humberto Sierra Porto, vicepresidente de la Corte, dijo tener “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.

El juez dijo que no basta el reconocimiento del Estado o que espere que la Corte le diga qué hacer, sino que es el propio Estado el que debe actuar. “Solo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”, les dijo.

Y a su turno el presidente de la Corte Interamericana, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, dijo que la Argentina no debe esperar a la sentencia para cambiar lo que reclama y puso como ejemplo el hecho de que pude dictar medidas administrativas para tratar la documentación del caso y la desclasificación.

Ante los jueces de la Corte, reunidos en Montevideo y los familiares de Memoria Activa, los cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia pidieron perdón y admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuada contra la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían y que la SIDE no hizo nada respecto a la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA. También reconocieron que el patrullero que vigilaba la AMIA no funcionaba y tampoco la radio.

Dijo D’Alesandro que el Estado es responsable por la violación de los derechos de protección judicial, por violar las garantías de acceso a la verdad y a la justicia, que la Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces, en 1994.

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Protección y “falsos culpables”

Entendió que Carlos Telleldín cobró 400.000 dólares del Estado para acusar a falsos culpables y que se protegió a Kanore Edul, cercano al expresidente Carlos Menem. Kanore Edul tene un pedido de sobreseimiento de la fiscalía al entender que no está vinculado con el caso. Y se quejó de que desde 2019 la Cámara de Casación no revisa la condena contra el ex juez Juan Galeano y otros acusados condenados en un juicio por irregularidades durante la investigación.

El Estado argentino es responsable por los desvíos institucionales, la actuación de la SIDE, los fondos reservados, la aplicación del secreto de actividades de inteligencia, dijo la funcionaria del Ministerio de Justicia.

Se responsabilizó por todo lo que se hizo hasta 2005, cuando la Argentina reconoció su responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana y luego de esa fecha y hasta la actualidad, cuando no se cumplieron los compromisos que asumió el país en ese momento. Es un período que abarca a gobiernos del kirchnerismo, de Cambiemos y la actual gestión de Alberto Fernández, a la que pertenecen los funcionarios que hablaron ante la Corte Internacional.

“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por la ocupación de la Justicia por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables de estas actuaciones, por el secreto, el encubrimiento de la verdad, por la utilización política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros”, dijo la funcionaria del organismo que encabeza Martín Soria.

Dijo que las obligaciones del Estado fueron “deliberadamente incumplidas” a pesar de los avances legislativos de 2015 y 2020.

Tras lamentar los hechos, elogiar la coherencia ética de Memoria Activa, recordaron que el atentado es un crimen contra la humanidad y por lo tanto los responsables del ataque y sus encubridores “no pueden escudarse en la prescripción”.

La funcionaria reclamó a la Corte que dicte una “sentencia transformadora” que apunte a la “reparación integral de los derechos vulnerados que debe incluir la corrección de las cosas a nivel institucional” para impedir la “manipulación política y la intromisión de los servicios de inteligencia en la causa”. Y reclamó una sentencia en la que determine los hechos y fije las reparaciones.

La integrante de Memoria Activa Diana Wassner, quien el jueves declaró como testigo de los demandantes, dijo tras el allanamiento del Estado argentino: “Realmente, es para nosotros alentador este reconocimiento, pero nos parecerá bien en el momento que se traduzca en acciones concretas”.