En noviembre, el primer piso del edificio de Comodoro Py 2002 se convertirá en el escenario de la revisión -en todos sus capítulos- de una de las causas más sensibles para la Justicia argentina: el atentado contra la AMIA. La Cámara Federal de Casación Penal no solo se analizará el pedido de reapertura de la investigación por el Memorándum con Irán, el caso que impulsó antes de su muerte el fiscal Alberto Nisman contra la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner y en donde se dictó el sobreseimiento de todos los implicados cuando el caso ya marchaba a juicio oral.
Además, según revelaron a Infobae fuentes judiciales, en una misma jugada, Casación puso fecha para analizar la segunda absolución de Carlos Telleldín, el ex reducidor de autos acusado por la voladura de la mutual judía que provocó 85 muertos en la explosión del 18 de julio de 1994; y las condenas y absoluciones por la llamada causa del encubrimiento, en donde fueron sentenciados el ex juez de la causa Juan José Galeano y los fiscales, el ex titular de la central de inteligencia Hugo Anzorreguy o el propio Telleldín, que a dos años del atentado recibió 400 mil dólares para acusar a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. Las audiencias serán el 15 y el 17 de noviembre próximo, precisaron las fuentes.
La decisión de Casación de activar una definición sobre las decisiones de tribunales orales tomadas en estos casos se da en un momento clave: el próximo jueves y viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia pública sobre el caso AMIA por la responsabilidad internacional del Estado argentino en el atentado y la falta de esclarecimiento, de verdad y de justicia. Se trata de la demanda elevada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que impulsaron Memoria Activa y el CELS contra el Estado argentino por considerarlo responsable del atentado y su encubrimiento. “Seguramente el Estado será condenado”, dijo a Infobae el abogado de Memoria Activa Rodrigo Borda.
Aquí un repaso de las decisiones que deberá analizar la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal previo a la Corte Suprema, sobre las tres causas que involucran el atentado contra la mutual judía.
*Memorandum con Irán
Las audiencias tendrán lugar el 8 y 24 de noviembre y estarán a cargo de los jueces de la Sala I de la Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que escucharán los argumentos de defensas y acusadores. Lo que se discutirá allí es la decisión tomada el 7 de octubre del 2021 por el Tribunal Oral Federal 8 que resolvió sobreseer a todos los acusados de la denuncia que había radicado en enero de 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. La decisión se tomó cuando ya se avanzaba hacia la fijación de una fecha de juicio. Las visitas al ex presidente Mauricio Macri de dos jueces de Casación que ordenaron reabrir la causa fue el ancla de las defensas para solicitar al tribunal oral la nulidad del debate.
En ese contexto, los jueces del TOF 8 resolvieron que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013. “El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, dijeron. Es lo mismo que había dicho el juez Daniel Rafecas cuando cayó en sus manos la denuncia de Nisman, radicada en enero de 2015, apenas cuatro días antes de su muerte. Para Nisman, el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía –que mató 85 personas– quedaran impunes, con la caída de las alertas rojas de Interpol.
Pero la DAIA y familiares de las víctimas apelaron el cierre de la causa: quieren que el Memorádum se debata en juicio oral. Es por eso que en la audiencia prevista para el 8 de noviembre hablarán los querellantes de la DAIA y el abogado Juan José Ávila, junto a Mario Averbuch, padre de Yamila, una joven de 20 años que murió en el atentado. El fiscal ante Casación Javier De Luca desistió de sostener el planteo del Ministerio Público para apelar la decisión.
Los acusados también reclamarán que se respete el criterio del cierre del caso. La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, informó que presentará un escrito sin exposición oral. Pero habrá otras defensas que sí hablarán. Allí estarán el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.
*La causa por la voladura
Telleldín fue juzgado dos veces por su conexión con el atentado. Se lo acusó de haber manipulado la Trafic que vendió ocho días antes del atentado y que más tarde se usaría como coche bomba. En el primer juicio fue absuelto junto a un grupo de policías a los que él había acusado luego de un pago de 400 mil dólares que negoció con el entonces juez Galeano en 1996. Apelaciones mediante de las querellas, la Corte Suprema dejó en pie los dos primeros años de investigación antes de aquel pago.
Fue llevado a un nuevo juicio en donde tanto fiscalía como querellas -de pidieron que fuera condenado. El Ministerio Público, en manos de Roberto Salum, Santiago Roldán y Santiago Eyherabide, pidió perpetua. Lo mismo reclamaron los abogados Horacio Etcheverry y Analía Fangano, en nombre de los familiares de las víctimas. El representante de la querella de la AMIA-DAIA Miguel Bronfman reclamó 20 años de cárcel. Sin embargo, a 26 años y medio del ataque, el Tribunal Oral Federal 3 concluyó que Telleldín no podía saber que la camioneta iba a ser utilizada para un ataque terrorista.
La fiscalía apeló esta decisión. “Consideramos sobradamente probado –por medio de evidencias- que el acusado se representó el resultado como probable y que siguió adelante, favoreciendo el hecho típico de los autores e incluso su impunidad”, se sostuvo. Para el Ministerio Público, la venta de la Trafic no fue una “operación más” para Telleldin. El fiscal Raul Plee sostuvo en su recurso de apelación: “el tribunal oral incurrió en una valoración parcializada, sesgada y fragmentada de la prueba, en tanto en su esfuerzo por responder a las tesis planteadas por los acusadores, ha omitido realizar un análisis conjunto de las circunstancias fácticas comprobadas en forma previa, simultánea y concatenada al atentado por parte del imputado, y que dan cuenta de su pleno conocimiento del aporte realizado al mismo”.
La Sala II es la que deberá revisar el caso. En su composición original está integrada por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos “Coco” Mahiques. Slokar y Yacobucci están excusados de intervenir. Slokar fue subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia en tiempos del Gobierno de Néstor Kirchner y titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA. Desde ese rol fue el que pidió, en nombre del Ejecutivo, que Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy o el ex jefe de la DAIA Rubén Beraja, entre otros, enfrentaran juicio oral. Yacobucci, en tanto, se apartó por una amistad con uno de los fiscales investigados en la causa. Es que así que Mahiques encabeza el tribunal que integran la jueza Ana María Figueroa y su colega Diego Barroetaveña.
Mahiques fue quien convocó hace unas semanas a una audiencia fijada para el próximo 15 de noviembre, a las 10 de la mañanas, de cara a escuchar los argumentos de las partes y resolver la revisión de la decisión de absolver a Telleldín, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
El encubrimiento
Pero el mismo día en que resolvió la audiencia por el caso de la voladura, Mahiques también fijó audiencia para la revisión del fallo por el encubrimiento. Mientras que el caso de Telledín será analizado el 15 de noviembre, apenas dos dias después, el 17 de noviembre, tendrá lugar la reunión para analizar las responsabilidades en la causa por el llamado encubrimiento del atentado a la AMIA.
El veredicto por esa causa se dictó el 28 de febrero de 2019. Fue después de casi cuatro años de debate oral y público que disparó, incluso, internas y denuncias en el entonces oficialismo, expuestas por la entonces diputada Elisa Carrió y el ex jefe de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla. La queja era porque el Ejecutivo no había pedido la condena de los ex fiscales de la causa Eamon Mullen y José Barbaccia. De los 13 acusados sentados en el banquillo, cinco fueron absueltos. Allí encabezó la lista el ex presidente Carlos Menem, fallecido el 14 de febrero del 2020. La fiscalía pretendía su condena, pero con su muerte se cayeron todas sus causas judiciales. A Menem se lo acusaba por desviar la llamada “pista siria”, una hipótesis que, para el Tribunal, no se acreditó. Lo mismo sucedió con el también fallecido ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios.
En cambio, el ex juez Galeano fue condenado a seis años de prisión y el ex jefe de los espías a cuatro años y seis meses. También fueron condenados a cuatro años y medio de prisión Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE y a tres años Juan Carlos Anchezar, otro de los ex espías. La condena incluyó a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -ambos a dos años de prisión-; junto al reducidor de autos Carlos Telleldín a tres años y seis meses y su entonces pareja, Ana María Boragni, dos años. El último de los sentenciados fue el ex jefe policial Carlos Castañeda, condenado a tres años de prisión. Casteñada ya había enfrentado otro juicio también por la destrucción y el robo de pruebas al inicio de la investigación.
Tanto la fiscalía y las querellas como las defensas buscan que esa sentencia se revocada. Reclamando la condena de los absueltos o la inocencia de los condenados, según a quién se le pregunte. Lo que se analizó allí fueron una serie de sucesos que ocurrieron en el marco de la tramitación de la causa.
Allí estaba, en primer plano, el pago de 400 mil dólares que recibió Telleldín, cuando estaba a punto de cumplirse dos años del atentado. Durante años la versión oficial fue que el reducidor de autos pedía ese dinero para escribir un libro, que nunca escribió. Lo cierto es que, en aquel momento, Telleldín decía en los medios lo que no decía en la causa: que policías bonaerenses se habían llevado la camioneta bomba de su casa, una semana antes del ataque. Cuando sus abogados y familiares consiguieron que la SIDE pagara ese dinero, Telleldín dio los nombres de esos policías, encabezados por Juan José Ribelli, uno de los hombres más prometedores de la entonces policía bonaerense, conocida por esos años como “maldita policía”.
Todo esto quedó al descubierto cuando la llamada conexión local llegó a un juicio oral que tuvo lugar entre el 2001 y el 2004. Allí agentes de la SIDE -relevados del secreto por el entonces presidente Néstor Kirchner– contaron cómo se había hecho la entrega del dinero, selló la suerte del debate oral. En setiembre de 2004, los jueces del TOF 3 absolvieron a todos los acusados y ordenaron investigar a los responsables de todas las irregularidades oídas en el debate. Eso fue lo que derivó en un juicio oral que comenzó en 2015 y terminó cuatro años después. Y ahora, cuatro años después, Casación fija audiencia para su revisión.
El pasado 18 de julio se cumplieron 28 años del atentado terrorista contra la AMIA.
Fuente: Infobae.
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