La frontera entre la ciudad brasileña de Chuí, en el estado de Río Grande do Sul, y Chuy, del lado uruguayo, es el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero que también se utiliza para financiar a la organización terrorista Hamas.

Esta frontera seca entre los dos países latinoamericanos, como se denomina por estar separada sólo por una ruta, alberga a la mayor y más antigua comunidad palestina de Brasil y ha sido objeto de importantes investigaciones a lo largo de los años, entre ellas la del grupo terrorista Al Qaeda y su brazo armado egipcio Jamaa al Islamiya.

Fuentes de la investigación han revelado de forma exclusiva a Infobae que varios “doleiros” palestinos operan en esta frontera.

Esta operación sirve para financiar a los terroristas de Hamas. Los doleiros son cambistas que trasladan dinero ilegalmente de un país a otro sin ninguna declaración a las autoridades.

El pasado 23 de agosto, la operación Downtown lanzada por la Policía Civil de San Pablo destapó una importante red de blanqueo de dinero del principal grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), que operaba con la ayuda de un empresario palestino originario de Chuí.

Fuentes de la investigación revelaron a Infobae que el hombre, que vive en San Pablo, proviene de una familia palestina dueña de varios negocios en la frontera. Según la policía civil brasileña, el dinero que ganaba el PCC con la venta de drogas en Cracolandia, el barrio del centro de San Pablo donde se vende y consume crack, era lavado a través de un banco, varias casas de cambio y una serie de empresas en Brasil y Uruguay, entre ellas una offshore expuesta por los Panamá Papers: Farlow Development S.A. con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

La red ha sido bautizada como “el sistema bancario PCC” por la policía, que congeló 150 millones de reales (26 millones de dólares).

Entre las personas citadas en la investigación figura Jean Ricardo Galian, también conocido como “Jean Gordo”, acusado en el pasado de participar en el famoso robo de 160 millones de reales del Banco Central de Fortaleza en 2005, a la época equivalentes a unos 46 millones de dólares.

Un total de 13 empresas estarían implicadas en la trama de blanqueo de dinero, entre ellas empresas pantalla propiedad de la familia de origen palestino de Chuí Khaled Mustafa, como la VWM de Aiman Khaled Mustafa, residente en San Pablo.

Para la policía brasileña, VWM se benefició de 32 transacciones realizadas por otras empresas implicadas en el esquema, como Guardiões do Cambio que envió 2,3 millones de reales (410.000 dólares) a VWM y Suprema Gestão que envió 3,2 millones de reales (570.000 dólares). Según el registro mercantil del estado de San Pablo, Aiman Khaled Mustafa es propietario de dos empresas con el nombre VWM. Una VWM Treinamento Empresarial parece fue disuelta, mientras que VWM Soluçoes LTDA constituida en 2016 tiene como objeto social “agencia de viajes” y está radicada en San Pablo.

Muchas agencias de viajes en Brasil ofrecen también servicios de cambio de divisas. Hezbollah las utiliza para blanquear dinero y financiar sus actividades terroristas e históricamente se concentran en la Triple Frontera que incluye Brasil, Argentina y Paraguay.

La frontera entre Chuí y Chuy, en cambio, tiene características muy diferentes a la Triple Frontera. Las casas de cambio sólo se encuentran en el lado uruguayo y se pueden contar con los dedos de una mano. No hay bancos pero esta frontera es un importante caldo de cultivo para las actividades ilícitas y la financiación del terrorismo.

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Fuentes de la investigación revelaron a Infobae que en el pasado varios ciudadanos palestinos de Chuí fueron detenidos en las afueras de la ciudad fronteriza con maletines llenos de dinero en efectivo.

En los años 60 llegaron aquí tantos palestinos que esta pequeña porción de tierra se convirtió en el segundo lugar de Brasil para reclutar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) – cuando todavía era considerada internacionalmente una organización terrorista – a través del club árabe local y gracias a cursos de formación política y viajes para asistir a congresos.

Una estrategia que dio resultado porque muchos se convirtieron en militantes. Hoy viven en total unas 14.000 personas en el lado uruguayo y más de 6.000 en el brasileño. Las principales actividades comerciales son los supermercados y las farmacias, en gran cantidad, así como los free shops que abundan debido a la estratégica situación fronteriza. En cuanto a los controles fiscales, según fuentes de la investigación, son pocos en comparación con las grandes cantidades de dinero que circulan por esta frontera.

Según una información exclusiva de Infobae, la operación policial brasileña denominada Shawarma en 2021 también involucró a un ciudadano brasileño e hijo de palestinos, Hisham Adell Ahmad Hossen Almasri. El joven, cuyos padres habían vuelto a vivir a Palestina, tenía una empresa de venta de ropa y era propietario de un estacionamiento en Chuí, en el lado brasileño. El hombre estaba implicado en una trama de blanqueo de capitales y evasión de divisas en la que también participaba un grupo criminal de Rio de Janeiro. La investigación había comenzado en 2017 por unas operaciones sospechosas, que movieron unos 230 millones de reales (41 millones de dólares) entre 2016 y 2020. En 2008, Hisham Adell Ahmad Hossen Almasri también se había presentado como candidato a concejal municipal por el partido DEM, ahora Demócratas.

La frontera de Chuí y Chuy, tan vulnerable y tan poco vigilada, según fuentes entrevistadas por Infobae, es utilizada por Hamas para financiar sus actividades terroristas, respaldadas también por un historial de operaciones ilícitas realizadas en el pasado por Al Qaeda. Estuvieron en Chuí la esposa y los tres hijos del terrorista egipcio El Said Hassan Mohamed Mukhlis (o Mokhles) durante aproximadamente una semana en enero de 1999. Poco después, justo en la frontera con Chuí, también fueron detenidos Hisham al Tarabili Aka Bilal y su esposa Sahar Muhammad, ambos egipcios. Los pasaportes malayos que presentaron a la policía fueron falsificados en Paraguay. Según la policía, Mokhles también viajaba con el grupo, pero misteriosamente logró escapar y sólo fue detenido más tarde.

Tanto Mokhles como al Tarabili habían sido acusados en Egipto de la masacre de Luxor de 1997, en la que murieron 62 personas, y de ser miembros de al Gamaat al Islamiyya, el brazo armado de Al Qaeda en Egipto. Estados Unidos también se interesó por al Tarabili por el primer atentado contra el World Trade Center y los ataques contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. De no haber sido detenido en la frontera, el plan del grupo era entrar en Brasil y desde allí tomar un avión a Londres para cometer un atentado. Mokhles, que había vivido en Arabia Saudí y estudiado en Afganistán, fue extraditado a Egipto. Las autoridades argentinas sospecharon también que los detonadores utilizados para el atentado de la Amia de 1994 se habían mantenido en secreto en la Triple Frontera y por ello establecieron la conexión con Mokhles, que había creado, a petición del propio Osama bin Laden, una célula terrorista en Foz do Iguaçu que no sólo financiaba a la Yihad Islámica, sino que también mantenía contactos con Hamas y Hezbollah. El único que permaneció en prisión fue al Tarabili; Brasil nunca lo extraditó a Egipto.

Dieciséis años después, en 2015, al Tarabili volvió a aparecer en las portadas de los periódicos brasileños como Hesham Mahmoud Eltrabily. Fue detenido de nuevo, era mayorista de vaqueros, en el marco de la operación Mendaz, en la que la Policía Federal brasileña descubrió una de las primeras células sudamericanas de apoyo al Estado Islámico, especializada en el blanqueo de capitales. Al frente de la organización, capaz de mover 50 millones de reales (8,91 millones de dólares) en cinco años, estaba un comerciante textil libanés, Firass Mohamad Alameddine, residente en San Pablo. Como suele ocurrir en Brasil, los exponentes de los grupos terroristas islámicos, aunque diferentes en sus creencias teológicas, a menudo se solapan en términos de logística, compartiendo el mismo territorio y los mismos facilitadores, incluidos los financieros, con lo que se fortalecen mutuamente.

Después de la OLP y Hamas, y antes de Al Qaeda, los libaneses de Hezbollah también descubrieron esta frontera con Uruguay, que además utilizaron como nueva ruta de tráfico de armas en 1994, año del atentado de la Amia, armas como M-16, granadas y lanzamisiles. Además, a mediados de los 90, encontramos a Mohsen Rabbani, el cerebro del atentado de la Amia, como consejero cultural de la embajada iraní en Montevideo. Según el fiscal argentino Alberto Nisman, parte del atentado se organizó en una casa del barrio Vila Dolores de Montevideo, propiedad de Rabbani.

Volviendo a la peligrosidad de la frontera de Chuí, es importante destacar que es estratégica para el terrorismo porque comunica con otros puntos fronterizos sensibles. Por ejemplo, recientemente se ha denunciado la entrada en Uruguay de imanes sudafricanos y mozambiqueños desde las dos ciudades brasileñas vecinas de Quaraí y Santana do Livramento. Los financia, entre otros, el centro de Johannesburgo Darul Uloom Zakariyya, antes Zakariyya Park Madrassa, acusado de ser un centro de entrenamiento de la Yihad contra Estados Unidos por una filtración de la inteligencia sudafricana publicada por al Jazeera en 2015.

En este escenario de extrema porosidad de la frontera de Chuí y de las sociedades que allí operan, donde Hamas está encontrando terreno fértil y probablemente también nuevas alianzas, persiste el temor a atentados especialmente contra comunidades judías. También porque el antisemitismo en el gigante latinoamericano no parece cesar, como lo demuestran algunos hechos recientes. En las paredes y en los pupitres de la facultad de Derecho más famosa de Brasil, la de la Universidad de San Pablo (USP), aumentan los actos de apología del nazismo, incluso las esvásticas dibujadas en los ascensores, un símbolo que, junto con la cruz de hierro, está penado por la legislación brasileña. La situación ha llegado a ser tan grave que el Instituto Brasil Israel ha acusado a la universidad de ser poco rigurosa en la gestión de estos casos. Tampoco faltan vídeos de estudiantes de la USP alabando la Intifada Global.

Incluso el presidente Lula se hizo una foto en agosto con una kufiya palestina en el que estaba escrito en árabe: “Jerusalén es nuestra. Ya vamos”. Hamas utiliza esta frase para pedir la extinción del Estado israelí.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, pidió este martes una investigación independiente sobre la ejecución de 6 rehenes israelíes por Hamás.

Israel confirmó dijo que los 6 fueron capturados vivos durante el ataque de Hamás del 7 de octubre y asesinados a tiros poco antes de que las tropas los encontraran. El ejército anunció el domingo que había recuperado los cuerpos de un túnel en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que fueron “ejecutados” con una bala “en la cabeza”.

“Estamos horrorizados por los informes de que grupos armados palestinos ejecutaron sumariamente a seis rehenes israelíes, lo que constituiría un crimen de guerra”, dijo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en X.

Enlace Judío reportó qe Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, “pide una investigación independiente, imparcial, transparente y que los perpetradores rindan cuentas”.

Miles de israelíes, abrumados por el dolor y la furia tras la recuperación del cuerpo de los 6 secuestrados, salieron a las calles el domingo y el lunes para aumentar la presión sobre su gobierno y conseguir la liberación de los cautivos restantes.

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De los 251 rehenes capturados por militantes palestinos durante el ataque, 97 permanecen en Gaza, incluidos 33 que, según el ejército israelí, están muertos. Decenas de rehenes fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre, la única hasta el momento.

El brazo armado de Hamás dijo el lunes que los rehenes volverían a Israel “dentro de ataúdes” si continúa la presión militar de las FDI.