A comienzos de abril el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (Mosad), la agencia de Inteligencia exterior israelí, notificó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la existencia de dos empresas de aviación de carga, venezolanas-iraníes, que realizarían viajes en la región teniendo como base operativa el aeropuerto de Caracas. Una de ellas es Emtrasur. Con el aterrizaje de su Boeing 747-300 en Ezeiza, acaba de desatar un escándalo que parece desnudar, al mismo tiempo, las insolvencias y oscuridades del poder kirchnerista.
Aquella notificación se produjo cuando Cristina Caamaño era todavía la interventora de la AFI. Fue sustituida este mes por Agustín Rossi. Nadie conoce, fehacientemente, si tal advertencia israelí llegó a oídos de la integrante de Justicia Legítima. Señal intranquilizante, en tal caso, acerca de cómo funciona el organismo obligado a administrar la información de mayor sensibilidad que atañe a la Argentina.
El conflicto posee derivaciones. Una de ellas tiene que ver con la propia Caamaño. Luego que su pliego nunca fue aprobado durante dos años y medio por el Senado, Alberto Fernández le ofreció ocupar la Embajada en Israel. Debió dejarla vacante, tras otro bochorno, Sergio Urribarri. Fue condenado a 8 años de prisión por corrupción debido a sus dos mandatos como gobernador de Entre Ríos. Renunció, pero se mantuvo escondido en la sede y hasta presidió la ceremonia del 25 de Mayo. El acto final.
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Aquel ofrecimiento resultó curioso. Caamaño siempre reivindicó el Estado de Palestina. Incluso la de sus organizaciones armadas, como Hamas y Hezbollah. ¿Es la persona indicada para ocupar la Embajada en Israel? . Quizá la ex funcionaria se haya formulado la misma interpelación. De allí la aceptación condicionada que hizo de la oferta. Debe haber conocido el malestar que provocó en sectores de la comunidad judía y en Tel Aviv la posibilidad de su llegada. ¿Le rechazarían el plácet? Sería un papelón. El tema, como tantos, continúa en tinieblas.
El escándalo del avión de Emtrasur, con una tripulación de 14 venezolanos (varios militares bolivarianos) y cinco iraníes, repone la dimensión de varios problemas. En primer término, la sujeción que la política exterior mantiene respecto de las contradicciones e intereses en el Frente de Todos. En segundo lugar, el inoperante sistema de toma de decisiones que compete al Gobierno. Por último, la calamitosa situación de la estructura del Estado. Columna vertebral del relato kirchnerista. Quizá se comprenda por qué razón le va como le va.
Alberto conserva una natural inclinación por mantener a la Argentina en la esfera de Occidente. Con el faro de Estados Unidos. Vínculo que cultivó en toda su carrera. No de casualidad reservó para Jorge Argüello la Embajada en Washington. Amigo personal y hombre de confianza. De aquel universo surgió además su ministro de Economía, Martín Guzmán. Académico de la Universidad de Columbia. Discípulo del contestatario economista Joseph Stiglitz. Contestatario inmerso en el sistema.
El Presidente posee dos dificultades recurrentes. Sus creencias sucumben con facilidad frente a los postulados de Cristina que, desde los tiempos de Hugo Chávez en Venezuela, imagina un realineamiento regional que saltee Washington y remita con claridad a China y Rusia. Y sus ramificaciones. En este punto la gestión del Presidente y su gobierno se tornan contradictorias y confusas.
La oferta cándida a Vladimir Putin para abrirle las puertas de América Latina a sólo tres semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, se instaló en el podio. No permanece en soledad. En la Cumbre de las Américas en Los Angeles, Alberto defendió a Cuba, Venezuela y Nicaragua, excluidas del encuentro. Nunca imaginó que Nicolás Maduro iba a celebrar tal solidaridad mientras realizaba una larga visita de Estado a Irán, donde firmó acuerdos estratégicos para los próximos 20 años. El Presidente, en cambio, se negó a hablar del régimen de Daniel Ortega cuando fue abordado por el periodismo. En el verano ganó la cuarta reelección después de haber encarcelado a todos los opositores.
Esa renuencia certifica el mal trago que debió atravesar en enero cuando el líder sandinista reasumió. Estuvo ajeno a la presencia en dicha ceremonia del embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich. Nada anormal, salvo haberla compartido con Moshen Rezai, enviado especial de Teherán. Uno de los acusados de haber planeado el atentado contra la AMIA en 1994, con 85 muertos. Sobre quien pesa una circular roja (pedido de detención provisional) de parte de Interpol. El Gobierno optó porque ese episodio se diluyera.
Detrás de tal conducta asoma la dificultad para la adopción de decisiones. Hay un liderazgo que ejerce Cristina. Hay una gestión que lleva adelante el Presidente con el contrapeso que representa la vicepresidenta. Se suma la horizontalidad que posee la administración. Por ese motivo los rumbos son siempre zigzagueantes.
El escándalo del avión venezolano-iraní desnuda la situación. El problema irrumpió. El Gobierno jamás atinó a conducirlo. Los organismos del Estados actuaron parcelados. La Policía Aeroportuaria junto a la Aduana hicieron la tarea de requisa. La Empresa de Navegación Aérea (EANA) mantuvo comunicaciones con la nave y regenteó la hoja de ruta. La Dirección de Migraciones revisó documentación. Extrañamente (el avión aterrizó en Ezeiza) se dio intervención a la Policía Federal a través de la Unidad Antiterrorista. No hubo nadie que trazara una línea para enlazar cada uno de esos pasos, sacar alguna conclusión y actuar.
La desconexión está resumida en un hecho. El Gobierno debatió durante días en torno a las irregularidades del avión de Emtrasur. La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) conocía bien de qué se trataba. Le negó combustible para no vulnerar las sanciones que había impuesto Washington. Por esa razón la máquina acudió a Uruguay, donde también fue rechazada. La maniobra significó una enorme caja de resonancia para el conflicto.
La pasividad oficial generó un limbo de casi cuatro días entre la aparición del misterioso avión hasta que una denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) forzó la intervención de la Justicia. No fue ninguna solicitud del Gobierno la que impulsó las actuaciones del juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona.
El oficialismo optó por ir detrás de los acontecimientos. Se abroqueló únicamente para tener control de daño. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió que uno de los iraníes del avión podía pertenecer a la Fuerza Revolucionaria Quds. Sería Gholamreza Ghasemi. Tal vez un homónimo. Paraguay retrucó: Ghasemi hay uno solo. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, estuvo mudo desde que estalló el pleito. El canciller Santiago Cafiero, también. Rossi arriesgó, como si fuera periodista, que el vuelo podría haber obedecido a un viaje de aprendizaje para los venezolanos. Teherán refutó la tesis. El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, estuvo absorbido por menesteres domésticos. Navegó en un bote mallonero en Corrientes junto al jefe de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois. Se interesó por las carencias de los pescadores artesanales.
El Congreso completó la escena. El oficialismo se abroqueló para neutralizar un pedido de interpelación a aquellos ministros –en especial a Cafiero– por el escándalo del avión venezolano-íraní. El argumento fue el de siempre. La presunta existencia de un montaje mediático.
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El Gobierno también quedó relegado en relación a la escalada diplomática que causó el tema. Teherán habló de una “jugada política” contra los cinco tripulantes iraníes para perjudicar al régimen. Aclaró que la empresa iraní Mahan Air había vendido la nave en enero a Emtrasur. La Embajada de Israel, en línea con aquella alarma de abril que recibió la AFI, reiteró la preocupación por la actividad de compañías aéreas iraníes en América Latina “que se dedican al tráfico de armas y traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Revolucionaria Quds”. En la queja israelí existió, sin embargo, un reconocimiento que compartió Estados Unidos: “El rápido y efectivo accionar” de la PSA, a cargo del artista José Glinski. Funcionario del ex gobernador de Chubut, Martín Buzzi. Cercano además a Marcelo Sain, controvertido ex ministro de Seguridad de Santa Fe y asesor actual de Aníbal.
Sergio Massa pretendió ayudar al Gobierno a salir del lodazal agitando la idea que el avión del escándalo había tenido algún vínculo con Mauricio Macri. En realidad, quien lo contrató una vez para transportar cigarrillos a Aruba fue el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartés. Amigo del ingeniero. Una distracción.
Fuente Clarín
Autor: Eduardo Van der Kooy
