Un nuevo informe argumenta que la violencia sexual ocurrida el 7 de octubre fue sistemática, documentada y punible.
Advertencia de contenido: este artículo contiene descripciones de violencia sexual y de género.
Una investigación independiente de dos años sobre los delitos sexuales y de género cometidos durante la masacre del 7 de octubre y contra los rehenes en cautiverio de Hamás sostiene que la siguiente etapa ya no consiste solo en documentar que los delitos ocurrieron, sino en determinar cómo pueden ser procesados.
La Comisión Civil sobre los Crímenes del 7 de Octubre cometidos por Hamás contra Mujeres y Niños, dirigida por la Dra. Cochav Elkayam-Levy, galardonada con el Premio Israel y experta en derecho internacional, publicó el martes su informe titulado “Terror sexual al descubierto: las atrocidades no contadas del 7 de octubre y contra los rehenes en cautiverio”, que presenta lo que describe como el registro probatorio más extenso recopilado hasta la fecha sobre las atrocidades sexuales del 7 de octubre de 2023 y el cautiverio en Gaza.
La principal contribución del informe no reside únicamente en su conclusión de que la violencia sexual y de género fue sistemática, generalizada e integral al ataque, sino también en su intento de pasar del reconocimiento al enjuiciamiento, una cuestión que ha ensombrecido el asunto desde los primeros días posteriores a la masacre, cuando muchas víctimas fueron asesinadas, las escenas fueron incendiadas o destruidas, la documentación forense fue parcial y los testigos supervivientes a menudo estaban traumatizados, solo vieron fragmentos o no pudieron testificar.
La respuesta que ofrece el informe es un modelo probatorio basado no en un solo testigo, vídeo o hallazgo forense, sino en pruebas acumulativas. Materiales conservados, relatos contrastados, patrones recurrentes y la conexión legal entre delitos específicos probados y el entramado más amplio del 7 de octubre.
Este modelo se basa en lo que la Comisión denomina un archivo especializado en crímenes de guerra, que comprende más de 10 000 fotografías y videos, lo que suma más de 1800 horas de análisis visual, junto con más de 430 testimonios, entrevistas y reuniones con supervivientes, testigos, rehenes liberados, expertos y familiares.
Según el informe, las víctimas representadas en el análisis de datos pertenecen a 52 nacionalidades.
El material se registró, codificó, referenció, mapeó a lo largo del tiempo y el espacio, e integró en una base de datos que se centró específicamente en delitos sexuales y de género.
La investigación también utilizó material de código abierto, conjuntos de datos con geolocalización, visitas a los lugares de los hechos, consultas con expertos y prácticas de documentación que tienen en cuenta el trauma.
Según el informe, debido a que la Comisión comenzó a recopilar pruebas inmediatamente después de los ataques, conservó material inicial y perecedero, incluidas grabaciones originales, comunicaciones y testimonios que posteriormente se eliminaron o perdieron.
Es aquí donde el informe busca dar respuesta al problema de la fiscalía.
En los casos criminales ordinarios, los investigadores suelen partir de una víctima, la escena del crimen, un sospechoso y un conjunto de pruebas forenses. Pero el 7 de octubre no presentó escenas del crimen ordinarias. Muchas víctimas no sobrevivieron, algunos cuerpos los quemaron, los servicios de emergencia trabajaron en condiciones de víctimas masivas, los testigos a menudo solo vieron fragmentos de lo sucedido, y algunas de las pruebas más directas provinieron de las propias grabaciones de los perpetradores, los teléfonos de las víctimas, los testimonios de los familiares, los lugares de identificación de cuerpos y los relatos de los rehenes liberados.
El análisis jurídico argumenta que dicha fragmentación no imposibilita el enjuiciamiento, pero requiere un método diferente. Es decir, preservar las pruebas disponibles, contrastarlas con otras fuentes, identificar conductas repetidas en distintos lugares y fases del ataque. Y determinar si incidentes específicos pueden ubicarse dentro del contexto delictivo más amplio.
Ese contexto más amplio es fundamental porque el informe sostiene que los fiscales no necesariamente tendrían que probar cada delito sexual cometido el 7 de octubre, ni demostrar que la violencia sexual, como categoría, fue generalizada o sistemática de forma independiente.
Según el derecho penal internacional, incluso un número reducido de incidentes probados puede tener peso jurídico si están vinculados al contexto criminal más amplio: la masacre, los secuestros, el cautiverio en Gaza y el ataque generalizado contra la población civil.
Esa distinción es lo que otorga al archivo su relevancia jurídica.
Una sola prueba puede ayudar a esclarecer un delito, pero un archivo con referencias cruzadas muestra cómo ese delito se inserta en un sistema de violencia más amplio.
El informe identifica 13 patrones recurrentes de violencia sexual y de género en los distintos lugares donde se produjeron ataques. Estos incluyen violación y violación en grupo, tortura y mutilación sexual, desnudez forzada, ejecuciones vinculadas a la violencia sexual, abuso sexual post mortem, agresiones sexuales cometidas en presencia de familiares, filmación y difusión digital, amenazas de matrimonio forzado y violencia sexual contra niños y hombres.
Los ejemplos en sí mismos sirven como base fáctica para el argumento del informe de que los delitos no fueron episodios aislados, sino conductas que aparecieron repetidamente y de formas reconocibles en diferentes contextos.
Además, el informe concluye, como posición jurídica de la Comisión, que estos actos constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos genocidas, tortura y violencia sexual y de género vinculada al terrorismo, según el derecho internacional.
Uno de los argumentos más complejos del informe se refiere a la discriminación contra las familias. Señala que algunos actos de violencia sexual no se dirigieron únicamente a la víctima directa, sino también a su entorno familiar.
En casos documentados, las víctimas sufrieron abusos sexuales delante de sus parientes. En al menos un caso, según el informe, se obligó a miembros de la familia a cometer abusos sexuales entre sí.
El informe la denomina “violencia sexual cinocida”, refiriéndose a la violencia sexual que explota los lazos familiares —entre padres e hijos, cónyuges, hermanos y parientes— como parte del daño mismo, de modo que la agresión no solo recae sobre el cuerpo de la víctima, sino también sobre las relaciones familiares convertidas en otro instrumento de terror.
A su vez, el informe también considera la difusión digital como parte del delito. Los perpetradores filmaron, transmitieron en directo, difundieron imágenes y videos, y utilizaron las cuentas digitales de las víctimas para llegar a sus familias y comunidades. La visibilidad no fue una mera documentación incidental, argumenta el informe, sino un método de humillación, intimidación y guerra psicológica que extendió el daño más allá del acto original.
Los hallazgos también señalan el dilema ético que implica documentar este tipo de material. Preservar las pruebas sin difundir grabaciones creadas para humillar a las víctimas y traumatizar a sus familias. Por ello, según el informe, la mayor parte del material archivado se mantiene confidencial para proteger la privacidad de las víctimas.
El informe amplía el alcance de la violencia sexual más allá del día de la masacre. Documenta agresiones sexuales, humillaciones sexuales, torturas con connotaciones sexuales y amenazas durante el secuestro, el traslado y el cautiverio prolongado. La investigación señala que estos abusos afectaron tanto a mujeres como a hombres y, en algunos casos, se prolongaron durante meses.
Esto tiene relevancia legal porque transforma la investigación, pasando de considerar el 7 de octubre como un solo día de atrocidades a una sucesión de crímenes: el ataque, los secuestros, el traslado a Gaza, las condiciones de cautiverio, la filmación de los rehenes y la exhibición pública de su sufrimiento.
Según el informe, el cautiverio no era un capítulo aparte, sino una continuación de la misma violencia coercitiva.
También se sostiene que las pruebas de violencia sexual contra niños y hombres no debilitan el carácter sexista de los delitos. Más bien, reflejan cómo la violencia sexual puede utilizarse para dominar, degradar y humillar a las víctimas, independientemente de su género.
El marco no se centra únicamente en las personas que cometieron físicamente los delitos sexuales. El informe analiza la posible responsabilidad en varios niveles: los autores directos; quienes planificaron, ordenaron, facilitaron o ayudaron en los delitos; Hamás y sus líderes afiliados en Gaza y en el extranjero; los sospechosos que regresaron a Gaza o huyeron a terceros países; y quienes presuntamente participaron mediante incitación, financiación, facilitación, difusión u otras formas de apoyo material.
Además de los juicios, el informe recomienda sanciones selectivas, congelación de activos, prohibiciones de viaje, restricciones financieras, intercambio internacional de pruebas, asistencia jurídica, apoyo psicosocial, programas de recuperación comunitaria y medidas activas contra la negación o la minimización de los delitos.
Vía JPost
